Quieren que se pague el salario mínimo a los estudiantes de la FP
La Ley Orgánica de Formación Profesional enfila esta semana su fase final en el Pleno del Congreso, en el que deberá obtener la mayoría absoluta para poder seguir con su tramitación en el Senado. El objetivo final es atajar el desbocado paro juvenil y abordar la falta de cuadros medios y profesionales en el país. Para ello el proyecto pretende convertir los estudios de FP en una puerta directa al empleo, sin que ello suponga merma en los derechos laborales, por lo el Gobierno pretende que sea obligatorio remunerar los contratos de prácticas, al menos con el salario mínimo interprofesional (SMI).
El tema de las prácticas sin remunerar es una cuestión largamente debatida y polémica, y parece que llega el esperado cambio legislativo en este campo. La nueva ley de Formación Profesional (FP) llegará el jueves al Congreso y en ella se plantea –entre otras cuestiones técnicas– que todos los estudiantes realicen prácticas remuneradas desde el segundo trimestre, quedando el primero reservado a recibir información relativa a la prevención de riesgos laborales. Las compañías tendrán que firmar, de manera obligatoria, un contrato de formación, y el objetivo es que el sueldo que tengan que pagar a los estudiantes se corresponda con el salario mínimo.
Esta medida cuenta con el apoyo parcial de la patronal, que sí reconoce que hay que formalizar un tipo de relación laboral, pero no ajustarlo al SMI, sino a «cada puesto, situación y circunstancia laboral».
Esta nueva reforma implicará que toda la formación sea dual, es decir, que una parte de la educación se desarrolle en el centro educativo y otra en la empresa donde se realizan las prácticas, ocupando estas últimas entre el 25% y el 35% en la FP general, un porcentaje que sube al 35% si hablamos de la FP intensiva, donde no habrá límite máximo. A día de hoy, el mínimo de horas lectivas es de 11%, y el máximo de 30%. El objetivo del Gobierno es aumentar el número de jóvenes técnicos y especialistas, que se prevé que es lo que más demandará el mercado español en los próximos años.
La nueva oferta formativa plantea cinco niveles: el primero (A), consistirá en formaciones de muy pocas horas, que dará a los estudiantes una «acreditación profesional de competencia»; el segundo (B), otorgará el «certificado de competencia profesional»; el tercero (C), implicará la aprobación de varios módulos y otorgará a los alumnos un «certificado profesional»; los niveles cuatro (D) y cinco (E) se corresponden con los actuales ciclos de FP básica y media, y FP superior, respectivamente. En estos ciclos medios y superiores se deberá enseñar, por otra parte, una lengua extranjera, se harán formaciones bilingües y se podrán cursar dobles grados, como ocurre en la universidad.
El proyecto de ley contará con 5.500 millones de euros hasta 2025, y pretende crear un mínimo de 200.000 nuevas plazas. Del total del presupuesto, cerca de 1.600 millones pertenecen a las ayudas europeas.
España está a la cabeza en cuanto a paro juvenil y a abandono escolar se refiere, dos lagunas que esta modificación de la FP busca solventar. Presenta una baja proporción de matriculados en FP –el 12% de los jóvenes entre 15 y 19 años, frente al 25 % de media de la OCDE– a pesar de que la demanda es clara: el 40,3% de las ofertas laborales de 2019 estaban dirigidas a perfiles con esta titulación. Una de las cuestiones que la nueva ley quiere solucionar es el preocupante nivel de desempleo juvenil, un 30,6% entre los menores de 25 años, el más elevado de la UE junto a Italia, según la OCDE.
La ley quiere además actualizar hasta el 80% de las cualificaciones profesionales existentes y doblar el número de trabajadores formados en España, donde la mitad de su población activa (11 millones) no puede acreditar sus competencias profesionales, una de las peores tasas de Europa. El 50% de las oportunidades de empleo en la segunda mitad de esta década estarán reservadas para personas con cualificación intermedia (técnicos y técnicos superiores de formación profesional), y solo el 16 % de los empleos requerirán bajo nivel de cualificación.
