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El informe del comité de expertos que encargó el Gobierno para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) ya está casi listo. Según fuentes conocedoras de los trabajos, hay un borrador muy avanzado que recomienda que el salario mínimo se eleve hasta una horquilla entre 1.012 euros y 1.047 euros en 14 pagas de aquí a 2023, lo que supone un incremento de entre el 6,5% y el 10,2% sobre los 950 euros que se abonan en la actualidad. Es decir, habría que aumentarlo entre 62 y 97 euros para cerrar la brecha que separa el SMI de alcanzar el 60% del salario medio, según dicho informe.

La subida implicaría que entre 2017 y 2023 el salario mínimo habría mejorado entre un 54,5% y un 59,8%. Ni Economía ni Trabajo dan por definitiva la cifra calculada por los expertos, entre otras cosas porque en una semana saldrá una encuesta de estructura salarial con datos de 2019 que podría retocar muy ligeramente el resultado final. Y este podría ir cambiando más adelante según varíe la meta de alcanzar el 60% de la ganancia media.

El estudio de los expertos subraya la fuerte mejora que ha registrado el salario mínimo en los últimos años. Y recuerda que ahora se encuentra por encima del 50% del sueldo medio en cualquiera de las fuentes que se tomen. El compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez es dejarlo en el 60% de la retribución media durante la legislatura. Como hay diversas estadísticas y formas de medirlo, el grupo de expertos fue seleccionado para hallar una cifra. Y esa banda es la que ha concluido una vez vistos todos los indicadores. La encuesta de estructura salarial se considera la mejor forma de cuantificarlo, si bien sus últimos resultados publicados son todavía de 2018.

Los académicos que han participado destacan que España ha pasado de estar a la cola de Europa en el nivel de salario mínimo a situarse entre los primeros de la clasificación. Y recomiendan que a la hora de fijar la senda se haga una aproximación prudente y se tenga en cuenta la crisis y la incertidumbre que todavía existe sobre la intensidad de la recuperación. Admiten que es difícil en este contexto establecer una cronología de la senda de subidas del SMI. Y defienden que se hagan estudios sobre el impacto que pueda tener sobre el mercado de trabajo, como ha hecho recientemente el Banco de España.

Con todas esas consideraciones, el texto elaborado por el grupo recomienda al Gobierno dos vías posibles para retomar las subidas del salario mínimo, que en 2021 se habían paralizado en medio de la pandemia a la espera de este informe. Una vía consistiría en concentrar las subidas en 2022 y 2023. La otra en hacer este mismo año ya un pequeño incremento, de entre 12 y 18 euros. El Gobierno será el que tome la decisión. Aunque antes lo tendrá que discutir con patronal y sindicatos en el marco del diálogo social. Unos y otros habían sido invitados a participar en la elaboración del documento: los sindicatos UGT y CC OO han estado en el grupo. Sin embargo, las patronales CEOE y Cepyme rechazaron participar. Y ahora el Ejecutivo tendrá que entablar conversaciones con ellos para ver si consigue un pacto social o lo aborda de forma unilateral.

Tras un periodo sin grandes discrepancias en el Gobierno —al menos públicas—, el salario mínimo amenaza con volver a avivar el debate en el seno de la coalición. En diciembre se libró un primer pulso entre la responsable de Economía, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Yolanda Díaz. Y ahora se reproducirá de nuevo la disputa a cuenta de la idoneidad de subirlo ya otra vez o esperar a que la recuperación económica tome más cuerpo.

El ala de Unidas Podemos defiende el incremento, como ya se hizo con los funcionarios y pensionistas —con alzas del 0,9%—. Pese a ello, la vicepresidenta y ministra de Trabajo Díaz insiste desde hace semanas en que se esperaría a conocer el dictamen del comité de expertos para tomar una decisión. En diciembre se acordó que más adelante se revisaría y el plazo, en principio, expira a final de junio. Además, las previsiones económicas más favorables ahora y el empleo en crecimiento ayudan a su postura. Así, la apuesta es por la revalorización, lo que se llegó a apuntar que sería con carácter retroactivo (desde el 1 de enero) aunque esto no está cerrado.

Debate interno

En el lado opuesto está la parte socialista del Ejecutivo, con la vicepresidenta Nadia Calviño a la cabeza, que intenta frenar la subida que planea Trabajo para este año. No le faltan apoyos, en público y en privado, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como figura principal. Este lunes, en Las Palmas de Gran Canaria, Calviño volvió a pedir prudencia, aunque descartó que haya algún tipo de enfrentamiento entre las dos almas del Ejecutivo. Eso sí, remarcó una vez más que el objetivo es recuperar la senda económica y de empleo antes de continuar con la subida del SMI. Es decir, mantiene el compromiso de subirlo a lo largo de la legislatura, pero la prioridad en estos momentos es que antes vuelva a la actividad el millón de personas que se ha quedado fuera del mercado de trabajo tras la pandemia.

Esta discusión vuelve a escena una semana después de la publicación de un estudio del Banco de España en el que cifra que la subida del salario mínimo en 2019 restó al menos 100.000 empleos. Los incrementos del SMI tomaron fuerza a partir de 2017, y desde 2019 el Ejecutivo ha iniciado una senda de avances para dejarlo en el 60% del salario medio en esta legislatura, una cota que ya se podría estar alcanzando según la estadística que se tome, apuntaba el supervisor. Si se utiliza la mediana de los ingresos anuales de 2018, estaría en el 66%. Y en el 57% si se coge el ingreso mediano de los trabajadores con contrato a tiempo completo.

A pesar de las cautelas que mantiene el Ejecutivo, Trabajo aprieta para que se produzca ya la subida. En diciembre se acordó retrasar la decisión hasta mitad de 2021 ante la incertidumbre económica por la emergencia sanitaria, pero ahora entienden que es el momento de negociar un nuevo incremento. El salario mínimo, ha incidido Díaz en varias ocasiones, afecta a casi 1,5 millones de trabajadores, los más vulnerables, que no han visto revalorizado su salario. Así, con todas las cartas sobre la mesa —estudio del Banco de España e informe del comité de expertos de Trabajo incluidos—, es el momento de que el Ejecutivo tome su decisión política. Aunque el camino ya lo han fijado los expertos.