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El Gobierno quiere que todos los ciudadanos tengan, al menos, 500 euros al mes en el bolsillo. Y, por ello, en los próximos días tiene previsto aprobar una ayuda por la cual el Estado complementará los ingresos de las familias que lo necesiten para que alcancen esa cifra. Será una ayuda provisional que, en un plazo de unos tres meses, será sustituida por la ya anunciada renta mínima, que tendrá un funcionamiento similar pero que tiene que ser aún negociada con las comunidades autónomas.

El Ejecutivo se está encontrando con más complicaciones técnicas de las previstas a la hora de diseñar la renta mínima, una prestación que debe servir para garantizar un suelo de ingresos a las familias que no puedan alcanzarlo por sus propios medios. La Vicepresidencia de Derechos Sociales explicó este jueves que la propuesta tardará en torno a tres meses en estar lista. Por eso, antes de ese periodo se aprobará otra ayuda provisional que aún no tiene fecha, pero que fuentes próximas al Ejecutivo aseguran que se pondrá en marcha a corto plazo.

Esta ayuda provisional para garantizar 500 euros a todos los ciudadanos podría, incluso, aprobarse en el próximo Consejo de Ministros, y debe servir como una prestación «puente», en palabras de la Vicepresidencia segunda, hasta que esté vigente la renta mínima. Si la ayuda definitiva está tardando más en negociarse, apuntan las fuentes consultadas, es porque es necesario coordinarla con las comunidades autónomas, algunas de las cuáles, como País Vasco o Cataluña, tienen sus prestaciones similares en vigor.

Para evitar que el colapso burocrático provocado por la crisis del coronavirus impida que el dinero de esta primera ayuda provisional llegue a las familias, fuentes próximas al Ejecutivo sostienen que la idea con la que se trabaja es la de reducir a la mínima expresión los trámites para acceder a la misma.

Sindicatos y ONG aprueban la propuesta. Así lo explicó la Vicepresidencia de Derechos Sociales de Pablo Iglesias después de que el propio vicepresidente, junto con los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz, y Seguridad Social, José Luis Escrivá, mantuviera este jueves dos reuniones: una con los sindicatos CC OO y UGT, y otra con organizaciones sociales y de consumidores.

Además del beneplácito de las centrales, y siempre según el Gobierno, la patronal también vería con buenos ojos la aprobación de una renta mínima. El vicepresidente Pablo Iglesias habría mantenido «conversaciones telefónicas» con «grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes» al respecto, y asimismo también habría intercambiado documentación sobre la medida con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.