Prorrogar el estado de alarma hará más profunda la crisis económica
CEOE y Cepyme consideran que la decisión del Gobierno de prorrogar dos semanas más, hasta el próximo 26 de abril, el actual estado de alarma, podría hacer más profunda la recesión económica en la que ya están sumidos muchos sectores y empresas, especialmente pymes y autónomos, por causa de la caída «drástica» de la oferta y demanda de bienes y servicios, por imposición legal a causa de motivos sanitarios.
Sin embargo, ambas organizaciones empresariales han confiado en que este nuevo plazo sirva para acelerar la salida de la actual crisis sanitaria y han respaldado las decisiones de las autoridades sanitarias.
Ante esta situación, CEOE y Cepyme han instado al Gobierno a que, de manera «rápida y eficaz», proceda a suspender las obligaciones de pago de impuestos, en línea con las demandas expresadas el pasado 15 de marzo.
En concreto, solicitan que se suspenda el pago de tributos como el IVA, IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social en aquellos sectores y empresas más golpeadas por el descenso de la actividad.
En este sentido, las organizaciones empresariales han ofrecido su esfuerzo para detectar en el marco del diálogo social cuáles son esos sectores y empresas más vulnerables para aplicar con urgencia dicha suspensión fiscal que ya han adoptado, según han señalado, 22 países europeos y hasta 15 comunidades autónomas.
Al menos, apuntan, en España esta demanda se sostiene en dos argumentos, uno técnico y otro puramente económico. Así, según explican, no está siendo posible disponer de la información contable y fiscal del gran espectro empresarial para poder cumplir con los deberes tributarios.
Como ejemplo CEOE y Cepyme señalan que un 80% de las pymes realizan sus declaraciones a través de profesionales externos que están emplazados en locales diferentes a la empresa, y en un 50% el tratamiento de facturas se realiza en papel, sin olvidar que el pago en ventanilla física de entidades financieras es aún muy frecuente.
Por tanto, según las organizaciones empresariales, no cabe ya solicitar aplazamientos, puesto que su tramitación sería en si mismo un nuevo obstáculo para muchas empresas que están ya al borde del cierre.
Por último, para seguir salvaguardando el empleo y lograr, en la medida de lo posible, que la caída de la actividad no se traduzca en mayores niveles de desempleo, han insistido en flexibilizar los procesos de regulación temporal de empleo (ERTEs) y, «teniendo en cuenta que la recuperación no será inmediata», también que estas condiciones que se solicitan se mantengan temporalmente después de finalizar el estado de alarma.
«Una vez más, nos ponemos al servicio del Gobierno para trabajar en la preparación de una salida progresiva de la crisis para todos los sectores económicos, sobre todo en ámbitos tan complejos como el industrial, y reiteramos nuestro convencimiento de que las empresas españolas formamos parte de la solución», han afirmado.
