Problemas informáticos dejan a más de 50.000 personas en ERTE sin su paga en Navidad
Desastre entre los trabajadores más necesitados y en el peor momento. El SEPE ha dejado sin abonar la prestación correspondiente al mes de diciembre de más de 50.000 trabajadores que se encuentran bajo un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE), con las Navidades por delante. Según fuentes internas del SEPE, el problema se ha producido por culpa de una actualización técnica de los programas que controlan esa prestación. En concreto se ha debido a unas modificaciones realizadas en la aplicación informática que se utiliza para cursar las órdenes de pago.
El fallo ha sido general en toda España para los más de 80.000 personas que hasta noviembre estaban bajo ERTE, aunque los problemas más graves se han producido en Madrid y Barcelona, las dos provincias con un mayor número de trabajadores en esta situación. En el resto del territorio se ha podido dar una solución directa y más analógica y personalizada, al tratarse de un número mucho más reducido de expedientes que cursar. En el caso madrileño y barcelonés, la situación no se ha podido subsanar ya que es donde se concentra el mayor número de prestaciones a pagar. Así, más de 50.000 trabajadores no han recibido el dinero que le correspondía este mes.
Fuentes del SEPE han confirmado que esta situación “ha sido puntual” y que el problema ”ya se ha solucionado”, por lo que en la próxima nómina, la correspondiente a diciembre, se pagará conjuntamente con la que está pendiente. El Servicio de Empleo procede al cierre de la nómina de todas las prestaciones por desempleo el último día hábil del mes anterior -en este caso será el jueves 30 de diciembre-, ya que hasta esa fecha se realizan las incorporaciones o bajas de todos los perceptores de prestaciones, para que las reciban en su entidad bancaria el día 10 de cada mes.
Desde el sindicato CSIF se ha vuelto a denunciar la precariedad que se vive en este organismo, con una plantilla “insuficiente para poder dar un servicio adecuado a las necesidades” y con unos sistemas tecnológicos de gestión “claramente obsoletos y que producen situaciones como la que ha pasado con el retraso del pago de las prestaciones del ERTE”. Aunque se reconoce que se han hecho mejoras en el sistema informático y se ha actualizado el servicio telemático, muchos programas “han superado su vida útil” y sus actualizaciones forzadas “son las que provocan estos problemas y muchos retrasos”.
El sindicato también ha cargado contra el Ministerio de Trabajo por la falta de personal en todas las oficinas y delegaciones del SEPE, que está complicando el “normal funcionamiento del servicio,” y advierten que las nuevas incorporaciones aprobadas en el Consejo de Ministros “solo van a paliar el problema, no ha solucionarlo”. CSIF ha vuelto a cargar contra la “desidia” y la “dejadez” mostrada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ni siquiera va a sumar la cifra de empleos perdidos durante los últimos años, con 5.100 funcionarios menos.
El Consejo de Ministros aprobó ayer por decreto ley convocar 926 plazas de acceso por turno libre, “la primera vez que se hace una convocatoria de empleo pública específica para el SEPE en la última década”, aseguran desde el Ministerio de Trabajo, que asegura que se suman a los 250 efectivos que ya se están incorporando, a otros 100 a cargo del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MMR) y con independencia de la convocatoria de 2022, que “aportará más personal al organismo”.
En total, 1.276 personas se sumarán a la plantilla. El Ministerio asegura en una nota que la convocatoria “nace de la necesidad de dotar al SEPE de una plantilla y una estructura suficiente y adecuada” para prestar el servicio y que cuenta “con el respaldo de las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CIG”. No así de CSIF. El sindicato mayoritario en la administración pública solicitó una oferta extraordinaria para recuperar 3.500 plazas y cubrir “el déficit estructural en el organismo” en un plazo de dos años, por lo que considera que las 926 plazas apenas se destinaría “una persona por cada oficina de atención al público” -711 oficinas de atención al público y 52 de atención telefónica-, por tanto, la medida “no resolverá la grave situación del servicio”.
