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Los trabajadores pierden poder adquisitivo cada mes, con una inflación desbocada que no para de crecer y que se aproxima ya al 11%, algo que no se vivía desde hace casi cuatro décadas. En medio de esta crisis de precios, los asalariados están actualizando los convenios colectivos que marcan la evolución de sus salarios y las variaciones en las remuneraciones están siendo muy moderadas.

Alrededor de un millón de personas han firmado un convenio en 2022 con una duración media de tres años y una subida de sueldo (también media) del 2,8%, según los datos que difunde cada mes el Ministerio de Trabajo y actualizados hasta julio. Es decir, que salvo que cuenten con cláusulas de garantía salarial que les permitan revisar sus sueldos conforme a la inflación, sus salarios se revalorizarán por debajo del 3% durante el próximo trienio.

Los convenios que se firmaron antes de 2022 y que continúan o han entrado en vigor este año incluyen subidas salariales aún más moderadas. A cierre de julio había 5,8 millones de trabajadores afectados por un convenio firmado antes de 2022, con una subida salarial media pactada del 2,5%. Si se suman todos, 6,9 millones de trabajadores han cerrado ya su negociación salarial con una subida media del 2,6%.

La estadística del Ministerio de Trabajo también informa de que un 25% de estos trabajadores (1,7 millones) cuenta con una cláusula de garantía salarial, aunque sólo en la mitad de los casos esta cláusula tiene carácter retroactivo para compensar la pérdida de poder adquisitivo. El resto verá cómo su salario se adecúa a la subida de los precios una vez el convenio entra en vigor.

De momento, la estadística también refleja que la mayor parte de los trabajadores (el 75% del total) que tienen activo su convenio este año ha experimentado o experimentará una subida inferior al 3%. Además, aquellos que sí logran subidas superiores empiezan a perder fuelle, pues la subida media de este colectivo ha pasado del 5,75% en marzo y el 5,42% en junio al 5,16% en julio.

Las pensiones subirán un 8%

Esta situación contrasta con la de las pensiones, que aunque se revalorizaron este año un 2,5% conforme al IPC del año pasado, se espera que en 2023 suban cerca de un 8%, en línea con la inflación media sufrida entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. De momento, y a falta de conocer la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC) de los últimos cuatro meses de ese periodo, los precios han subido de media, entre diciembre y julio, un 8,5%.

Esta revalorización está recogida, por ley, en la reforma laboral y el Gobierno se niega a dar marcha atrás, pese a ser una de las exigencias del Banco Central Europeo (BCE) para seguir comprando deuda española. «Es absolutamente irrevocable que las pensiones subirán con el IPC en cualquier escenario», aseguraba recientemente en una entrevista el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

De confirmarse una inflación media del 8%, el sobrecoste que tendrá esta medida para el Estado superará los 14.000 millones, según la estimación del Banco de España. El Banco de España (BdE) estima que cada punto adicional de IPC supone un sobrecoste de 1.800 millones de euros, en línea con Fedea, Funcas y la AIReF, que calculan un gasto adicional de 1.700, 1.600 y 1.500 millones, respectivamente.

Otoño ‘caliente’ por los salarios

En este contexto, los sindicatos exigen subidas salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y amenazan con intensificar las movilizaciones el próximo otoño, para el que las expectativas económicas tampoco son halagüeñas. A principios de julio el Gobierno convocó a los agentes sociales para intentar reavivar la negociación del denominado pacto de rentas, roto hace meses, pero el encuentro que se cerró sin demasiado éxito.

El Gobierno ofreció a los sindicatos una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para que éste alcance al final de la legislatura el 60% del salario medio. Otro incentivo es el anunciado impuesto a las energéticas. Sin embargo, no concretó más medidas en la reunión y los emplazó a una nueva reunión a la vuelta del verano, según transmitieron los agentes sociales.

Más allá de los empleados del sector privado, los funcionarios reclaman un aumento salarial de al menos el 4,5/5% este año con efectos retroactivos a 1 de enero, el doble de lo previsto; y del 3/3,5% en 2023 más una cláusula de revisión conforme al IPC en la modalidad que se pactara con el Ejecutivo. En total, una subida de en torno a un 8,5% en dos años.