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La Seguridad Social ha puesto bajo sospecha las altas y bajas de los contratos de corta duración sin una causa justificada. Para poner coto a “este abuso” se está estudiando la introducción de una tasa penalizadora para aquellas empresas que den de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes con el único objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones, “haciendo un uso inapropiado de los contratos temporales”. Así lo ha anunciado en un encuentro NEF online el ministro José Luis Escrivá, que ha tachado esta práctica como “intolerable, que no debe aceptarse y que claramente se va a penalizar. Estamos ya estudiándolo”, ha reconocido.

El ministro -que ha denunciado que esta situación no es nueva de esta crisis, sino que “se ha convertido en algo cultural en España, pero no podemos aceptarlo”- ha advertido de que esta práctica se utiliza durante todo el año, pero se intensifica especialmente en los meses de verano y se ha normalizado gracias al buen funcionamiento de los servicios de gestión, que permiten “de una forma muy ágil” abrir y cerrar contratos en la Tesorería de la Seguridad Social de forma online. “Esto está posibilitando estos usos inaceptables” que llevan “aparejado un nivel de desprotección de los trabajadores al no pagarse las cotizaciones correspondientes a los fines de semana”, lo que va en detrimento de los derechos futuros de los trabajadores, ya sea por la cuantía de sus prestaciones o por la pensión.

Escrivá pretende activar este nuevo frente de actuación contra estos modos fraudulentos, con lo que pretende conseguir dos objetivos: acabar con “la elevada rotación de contratos en España que se firman de lunes a viernes para no pagar las cotizaciones sociales en sábado y domingo o en periodo de vacaciones” y para aumentar la recaudación de las cuotas. “Vamos a penalizar y a establecer una tasa para las bajas que se den de contratos” que no sean convenientemente justificadas.

La tasa de temporalidad en el sector privado se situó en el tercer trimestre del año en el 23,1%, mientras que en el sector público se situó muy por encima, en el 27,9%. Según datos oficiales de la Seguridad Social, el 90% de los contratos que se firman en España mensualmente son temporales, pero un 25% -uno de cada cuatro- son de corta duración, con un promedio inferior a los siete días. Sería a estos últimos sobre los que habría puesto la lupa la Seguridad Social, entre los que no estarían al margen de este uso indebido las Administraciones Públicas, tanto general, como autonómicas y locales.

En este sentido, Escrivá ha hecho acto de contrición y ha emplazado a todas las Administraciones Públicas a trabajar para reducir la elevada temporalidad, sobre todo en los sectores más afectados por ella, como son la educación o la sanidad. Para alcanzar esta meta ha señalado la normalización de los contratos y el reconocimiento de derechos las mejores vías para atajar la excesiva temporalidad y la dualidad en el mercado laboral español, además de que deben abordarse medidas para acabar con la elevada tasa de paro estructural, como pueden ser mejoras de las políticas activas de empleo, el fomento de la movilidad laboral o la introducción de los ERTE como un elemento estructural con más peso de formación para los afectados.

Precisamente sobre los ERTE, Escrivá ha actualizado algunas cifras, como que la aplicación de los expedientes de temporales tendrán un coste este año de 30.000 millones de euros, pero no se ha atrevido a cifrar el gasto previsto por su departamento de este mecanismo en 2021. “No se pueden hacer estimaciones porque va a depender de muchos factores, entre ellos por cuánto tiempo se prolongan los ERTE una vez finalice su actual vigencia”, que alcanza hasta el próximo 31 de enero. también ha adelantado que ya se está negociando con os agentes sociales una posible extensión hasta la primavera y un nuevo marco legislativo. Los ERTE “durarán lo que tengan que durar. Los extenderemos los meses que hagan falta”, ha subrayado.