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Al margen de la invasión de competencias que, a juicio del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, suponen las nuevas restricciones que entraron en vigor en Madrid, el coste económico de estas medidas sobre la capital y otras nueve grandes ciudades de la región son un elemento crucial en este debate y en el choque que se ha producido entre ambas administraciones.

De hecho, en el recurso que los de Ayuso presentaron ante la Audiencia Nacional destacaron estas consecuencias económicas como uno de los argumentos a tener en cuenta para tumbar la orden ministerial.

Necesidad de revisión semanal

No en vano, según un informe elaborado por la Consejería de Hacienda y Función Pública, liderada por el popular Javier Fernández-Lasquetty, el impacto económico y laboral de estos confinamientos –que afectan casi a cinco millones de vecinos– «se da en el conjunto de la economía productiva, no en el sector público, cuyo gasto no ha bajado y el empleo no ha mermado».

Y pone cifras ese informe a la factura que llevarán aparejados los cierres de esta decena de municipios: «El impacto de estas nuevas medidas restrictivas para el 71% de la población de la Comunidad de Madrid, en media, hará que se pierdan 750 millones de euros por cada semana de retraso en la reactivación económica, que conlleva la destrucción media semanal de 18.000 empleos».

A eso se añade, «una merma en la recaudación impositiva ligada a la menor actividad económica», que, en el caso del año 2020, para la Comunidad de Madrid «se espera que sea de 1.777 millones de euros (por todas las figuras tributarias relevantes) sobre el cierre del ejercicio anterior».

De ahí que cada semana sea importante y deban valorarse con cautela y proporcionalidad las limitaciones a aplicar: «Por ello, la pérdida por cada semana de retraso en la reactivación económica puede cuantificarse en proporción a la misma: un 2,48%, equivalente a una pérdida recaudatoria semanal de 44 millones de euros», concluye el informe que la Comunidad de Madrid ha incluido como parte de su recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Y es que aunque en el Gobierno regional reconocen ser «conscientes que este impacto económico debe quedar siempre supeditado a las necesidades de Salud Pública, pues así lo impone, por ejemplo, el principio de precaución», también señalan que «la invasión de las competencias de esta Administración» que supone la orden impulsada por el ministro Illa, debe valorarse también «el daño que de ello se deriva resulta totalmente injustificado en el ámbito económico, que se convierte, en el contexto procesal en que nos encontramos, en una pérdida irreparable».

Coinciden en este análisis los empresarios madrileños. La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) estima que las nuevas restricciones frente a la pandemia aprobadas por el Consejo Interterritorial de Salud supondrán en la región un coste de 600 millones de euros semanales y una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de un 15 por ciento. Los hosteleros, por su parte, alertan de que el sector tiene en juego 15.841 empleos que se perderán en el último trimestre del año con la imposición de estas medidas de reducción de aforo.