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La Inspección de Trabajo apuró hasta el último día de diciembre del particular e infausto 2020 para intentar cumplir los objetivos marcados por la dirección del organismo autónomo por la propia ministra, Yolanda Díaz –entre investigaciones, inspecciones, resoluciones y sanciones–, pero la limitación de personal, las restricciones y los problemas derivados de la pandemia han complicado ese objetivo.

En un principio, una vez activados los resortes de control del mercado laboral para hacer frente a la pandemia –como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o las medidas de control sanitario– se establecieron en torno a 100.000 las actuaciones inspectoras en torno a los ERTE para 2020, que deberían haberse realizado desde el pasado mes de marzo y hasta el cierre del ejercicio. Pero por culpa de las restricciones de movilidad y a pesar de la implementación del teletrabajo ese objetivo ha quedado lejos.

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, los inspectores detectaron hasta noviembre 2.859 infracciones en negocios con empleados afectados por un expediente temporal, de los 21.642 que fueron investigados entre abril y noviembre. De este modo, la Inspección ha abierto expediente sancionador a un 13% de empresas o autónomos societarios con empleados en ERTE. La mayoría de estas sanciones han ido encaminadas a irregularidades con la reincorporación de los trabajadores a su actividad sin completar la baja del expediente.

Estas cifras seguirán creciendo una vez queden reflejadas las actuaciones de diciembre, ya que inspectores y subinspectores han sido presionados para que multiplicaran sus actuaciones de cara a la campaña navideña, por lo que las cerca de 10.000 investigaciones en curso se sumarán a las más de 21.000 realizadas desde abril por esta causa. De hecho, fuentes de la Inspección creen que estos expedientes elevarán la cifra de ERTE fraudulentos hasta el 20%.

De igual manera, y pese al «sobreesfuerzo por toda la plantilla de inspectores y subinspectores», explican fuentes de la Inspección, tampoco se han podido cumplir al cien por cien el resto de cotas, incluidas las más de 115.000 programadas para el control sanitario y las medidas anticovid en las empresas o en el apartado de investigaciones sobre denuncias de abusos en los derechos laborales, en los que sí se han superado de largo las expectativas en torno a 3.000 actuaciones, como en las que concierne a los falsos autónomos. En total, no se cumplirá el objetivo de más de 250.000 actuaciones marcado en 2020. Por ejemplo, los inspectores han regularizado hasta diciembre 9.277 falsos autónomos, con lo que han liquidado más de 56 millones de euros por cuotas a la Seguridad Social; o las 1.178 infracciones impuestas por irregularidades a empresas agropecuarias.

Con esta perspectiva, el organismo autónomo de la Inspección ha preparado un ambicioso plan destinado a elevar exponencialmente el cumplimiento de las normativas sociosanitarias en el trabajo, la persecución del fraude en los ERTE y el cumplimiento del correcto cobro de las prestaciones, así como preservar los derechos laborales de los trabajadores relacionados directamente con los efectos de la pandemia de coronavirus. En concreto, las actuaciones de cara a 2021 se repartirán en cuatro grandes áreas: prevención de riesgos –la ley ha habilitado a los funcionarios de la Inspección a sancionar las infracciones de salud pública–; control sobre la contratación temporal y del registro horario; comprobación de la compatibilidad de la prestación por ERTE con la continuidad en el trabajo, altas, bajas y control de las bases reguladoras de la prestación por desempleo; y, finalmente, actuaciones dirigidas a combatir el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude en el acceso a las prestaciones de Seguridad Social.