Iceta penalizará a las administraciones que tiren de interinos perpetuos
El Gobierno quiere impulsar una batería de reformas para modernizar las administraciones públicas, presentes en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas, con asuntos pendientes como la reducción de la temporalidad y otros más espinosos como el acceso al empleo público. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, aseguró ayer en una rueda de prensa para explicar estas medidas que «antes de acabar el mes de mayo» se contará con un borrador con propuestas para cambiar los procesos selectivos, dando menos peso al contenido memorístico y más a las actitudes y aptitudes de los candidatos. Este documento, en palabras de Iceta, se someterá a consulta.
«La administración que saldrá de estos procesos de reforma será mejor que la actual», se comprometió, ante las suspicacias que este proceso ha levantado en colectivos como la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado. La propia vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, presente en la rueda de prensa y funcionaria, apoyó estas medidas. Iceta nombró a un grupo de expertos hace unas semanas para recabar reformas destinadas a modernizar la administración.
Al ser preguntado sobre si la Comisión Europea le ha transmitido alguna objeción a que el Programa de Estabilidad garantice que se subirán los sueldos públicos con el IPC en los próximos años, Iceta replicó que, en sus palabras, no le consta. «Lo que a mí me ha llegado es inquietud por la elevada tasa de temporalidad y reformas sobre el rendimiento de las administraciones», añadió.
300.000 plazas estabilizadas antes de 2025
Junto a ello, el ministro de Política Territorial y Función Pública anunció que quiere penalizar a las administraciones que tiren perpetuamente de interinos para cubrir plazas fijas, una práctica que se extendió en la anterior crisis financiera cuando se congeló la reposición de empleados públicos. «Si en tres años una administración no estabiliza una plaza estructural, la perdería», anunció. Esta reforma es un compromiso con Bruselas, que ha tirado de las orejas a España en repetidas ocasiones por la elevada temporalidad de su sector público, ya superior que en el privado, con tasas de más del 30% de eventuales, sobre todo en Sanidad y Educación. El objetivo es bajarla al 8% –una meta que se debía haber cumplido para 2020, según el acuerdo que firmó el anterior Ejecutivo con los sindicatos en 2018–.
En todo caso, Iceta señaló que su intención no es tanto elevar el número de empleados públicos como «rejuvenecer, recualificar y captar talento». El ministro recordó que la mitad de los empleados de la Administración General del Estado (AGE) se jubilarán en los próximos diez años, por lo que la hoja de ruta se centrará en cubrir los retiros y estabilizar para el 31 de diciembre de 2024 los 300.000 empleos temporales que llevan años de eventuales cubriendo puestos que realmente son indefinidos en origen.
