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Los ERTE se han convertido en una de las palabras más sonadas durante la crisis del coronavirus. La sigla hace referencia a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que son la herramienta que se está impulsando desde el Gobierno y los agentes sociales para evitar los despidos. Algunos trabajadores han conocido este mecanismo al mismo tiempo que el fraude al que sus jefes les están sometiendo: les incluyen en un ERTE, con la suspensión de su contrato o la reducción temporal de su jornada, pero les están haciendo trabajar con normalidad. «El discurso es el de que ahora son tiempos muy difíciles, que hay que arrimar el hombro, que si no va a tener que hacer algún despido…», explica Yolanda, una de las afectadas por esta práctica.

Yolanda, cuyo nombre real se omite al igual que el del resto de testimonios incluidos en este reportaje, trabaja en una pequeña consultora de comunicación, que ha aplicado un ERTE de reducción de jornada a la plantilla. Sin embargo, ella y sus compañeros tienen que trabajar con su horario habitual, de jornada completa. «Incluso ahora con el teletrabajo estás más tiempo, porque además te da a entender que ahora no tienes mucho más que hacer», denuncia la empleada.

La trabajadora va a ver disminuidos sus ingresos en este tiempo, porque solo va a recibir la prestación por desempleo (más o menos el 70% de su sueldo) por las horas en las que supuestamente está sin trabajar. No denuncia la situación ni se planta ante su jefe por temor a quedarse sin empleo en estos momentos de incertidumbre. «Al final no nos queda otra y vamos a aguantar. Esperemos que pase rápido el expediente», afirma a este medio.

Este es uno de los muchos casos de este tipo que están llegando al consultorio de Comisiones Obreras que ha puesto en marcha debido a la pandemia, explica Carlos Gutiérrez, secretario de juventud y nuevas realidades del trabajo de CCOO, que estos días está «pasando consulta». Gutiérrez explica que esta es una de las temáticas más repetidas en las consultas que reciben, además de los casos en los que los jefes obligan a sus trabajadores a coger vacaciones en estos días y los despidos de trabajadores temporales.

«Son auténticos fraudes que se aprovechan del esfuerzo del país y la sociedad para evitar los despidos. Obligan a estas personas a seguir trabajando y este trabajo que no va a ser retribuido por la empresa sino por la prestación por desempleo. Es un aprovechamiento total para intentar engordar sus cuentas», denuncia Gutiérrez, que recomienda a los afectados que denuncien los casos a través del sindicato, como «espacio de protección colectivo», aunque reconoce que no suele ser muy común que los afectados se animen a demandar.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, informó este jueves en el Congreso de que se habían notificado un total de 450.296 ERTE. Estos expedientes permiten suspender los contratos de los trabajadores o reducir sus jornadas temporalemente y durante los cuales, los empleados cobran la prestación por desempleo. Una de las medidas aprobadas para fomentar su uso durante esta emergencia ha sido eximir a las empresas del pago de las cotizaciones sociales de los trabajadores mientras dure el expediente. Las empresas con menos de 50 trabajadores no tienen que pagar nada y, a partir de esa plantilla, las compañías solo abonan el 25% de las cotizaciones. A cambio, las empresas deban mantener el empleo durante los seis meses posteriores.

Infracción muy grave con multas desde 6.251 euros

Las compañías que cometen esta práctica están incurriendo en una infracción muy grave en materia de Seguridad Social. Esta se produce «por cada uno de los trabajadores, siempre que estos hayan disfrutado fraudulentamente de las prestaciones de Seguridad Social», explica Mercedes Martínez Aso, inspectora de Trabajo y portavoz del sindicato UPIT. Las multas por esta infracción pueden ir desde los 6.251 euros hasta los 187.515 euros.

Además, estos abusos dan lugar a sanciones accesorias, como perder ayudas, bonificaciones y, en general, beneficios derivados de programas de empleo o formación profesional para el empleo, así como ser excluidos del acceso a tales ayudas por un período máximo de dos años. La inspectora Martínez Aso recomienda a los trabajadores denunciar esta situaciones ante las oficinas de empleo, para notificar que se está cobrando de manera ilegítima esta prestación de desempleo mientras sus empleadores les obligan a seguir trabajando.

«En muchos casos, las empresas juegan con una trampa, una zanahoria para los trabajadores, que es complementarles la prestación por desempleo para llegar al 100% de su salario, para que no se quejen, porque ellos no tienen una pérdida retributiva», explica Parra. Así, el empleado recibe la misma retribución que siempre, pero la empresa se ahorra una parte de su salario y las cotizaciones sociales, fruto de las ayudas aprobadas por el Gobierno. Es lo que les ha sucedido a Sofía y Daniel.

Sofía trabaja en una empresa de marketing digital y la estrategia de su jefe fue «muy sutil», explica la trabajadora. Su empleador despidió a la mitad de la plantilla a raíz de la epidemia y notificó el ERTE de suspensión para la mayoría de los trabajadores que quedaban. «Nos dijo que se había reducido la facturación entre un 70 u 80% y que estaba muy mal la cosa, que él iba a intentar mantener el 20 o 30% del negocio que quedaba para evitar que se hundiera la empresa», relata. El jefe les expresó que a lo mejor algún día les pedía ayuda de manera puntual y que les facturaría ese trabajo aparte. «Nos dio pena, se le veía muy hecho polvo, así que le dijimos que si necesitaba alguna ayuda puntual nos lo dijera y le echábamos una mano», añade.

Ese echar una mano se ha convertido en trabajo diario de todos los trabajadores apunta Sofía. «Hay trabajo todo el rato, cosas que no son urgentes. La situación sin quererlo se ha convertido en que se da por sentado que estamos trabajando». A cambio, el jefe les ha prometido que les va a complementar el paro hasta el 100% de su salario. «Y encima es como que le tuviéramos que estar agradecidos. Todo es de palabra, habrá que ver». Sofía afirma que aunque no se vea perjudicada en sus ingresos, vive la situación «con mucha rabia»: «Tengo conciencia, es una cuestión de principios. Estamos pagando todos mi sueldo con nuestros impuestos cuando quien lo tiene que pagar es la empresa privada».

A Daniel, empleado en una empresa de investigación de mercados, ha estado trabajando con normalidad todo el mes de marzo, pero su jefe ha puesto la fecha de inicio del ERTE por fuerza mayor desde el estado de alarma, el pasado 14 de marzo. «Nos paga el salario solo hasta el día 13 y para el resto del mes cobramos el paro. Lo que nos ha dicho es que nos va a meter un complemento hasta llegar al total del salario», explica. El trabajador relata que en estos días la empresa ha visto suspendidos algunos contratos, «pero se ha seguido facturando e incluso han entrado nuevos proyectos en estos días».

Teletrabajadores y de empresas pequeñas

Carlos Gutiérrez y Nacho Parra destacan que la gran mayoría de denuncias corresponden a empleados que están trabajando desde sus hogares. «Esto se produce sobre todo en sectores cualificados, en los que se puede realizar teletrabajo. Yo cierro la empresa, pero tú sigues trabajando desde casa», explica Gutiérrez. Así es en los tres testimonios de trabajadores de este reportaje.

Además, el abuso es más frecuente en pequeñas empresas. «La mayoría de casos son de pequeñas empresas, porque en las grandes suele haber un comité de empresa y los fraudes más burdos como este no se suelen producir», sostiene el laboralista Nacho Parra.

Coincide Carlos Gutiérrez, al que llegan denuncias de trabajadores en empresas «donde generalmente no hay representación legal de los trabajadores». En opinión del sindicalista, «una de las lecturas colectivas de esta crisis es que es útil tener representación legal de los trabajadores. No es lo mismo el impacto de esta crisis donde no hay esa representación que donde un comité negocia el ERTE y las medidas de prevención y seguridad».