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Más de 100.000 millones de euros. En concreto, 100.132 millones. Eso es lo que el Gobierno prevé que recaudará el año que viene por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que supone el mayor dato de la historia. Porque lejos del artificio del Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos y de sus medidas para que los que más tienen paguen más, la realidad es que la auténtica gallina de los huevos de oro es el IRPF, y esa figura, a su vez, está directa y principalmente sustentada por las clases medias y trabajadoras.

Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, que ayer presentó la ministra Montero como parte de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, los ingresos por IRPF ya registrarán este año un notable incremento del 6,6%, y llegarán hasta los 93.800 millones. Y el próximo ejercicio, el repunte será muy similar, superando así por primera vez esa histórica cifra de 100.000 millones. En términos absolutos, el ritmo de crecimiento anual será de unos 6.000 millones, cifras todas ellas que hacen palidecer, por ejemplo, los apenas 400 millones en los que aumentará la recaudación por el incremento al 15% del tipo de Sociedades y por el que tanto han peleado las dos formaciones que forman parte del Gobierno.

232.352 MILLONES

Ese fuerte crecimiento que el Gobierno espera en el IRPF, que será consecuencia del mejor comportamiento económico y el notable crecimiento esperado, es clave para que la recaudación total marque también un nuevo máximo: 232.352 millones, un 8% más respecto a los casi 215.000 con los que Hacienda espera cerrar este año. El IVA, impuesto en el que las clases medias y trabajadoras también son básicas, aportará algo más de 75.000 millones, mientras que Sociedades se quedará por debajo de los 25.000 millones. En esta figura destaca el fuerte aumento del 38% que el Gobierno prevé para este año después del batacazo del pasado ejercicio, y también el repunte de casi el 12% que estima para el año que viene. La causa no es, desde luego, la mencionada modificación del tipo mínimo sino más bien la marcha de la economía.

Pero, en cualquier caso, Hacienda estima que este impuesto debe aportar mucho más y que la diferencia con respecto al resto de Europa es importante, por lo que se espera que en las recomendaciones del grupo de expertos para la reforma fiscal, que deben llegar en febrero, haya nuevas y relevantes actuaciones.

ATAQUE AL AHORRO PRIVADO

La ministra Montero lo señaló casi de pasada durante la rueda de prensa pero, al ser preguntada al final de la misma y concretar las cifras, reveló la medida más concreta y probablemente inesperada de las ayer presentadas: el límite de aportación a los planes de pensiones se reduce de nuevo, y pasará de los 2.000 euros actuales a sólo 1.500 euros. Un nuevo golpe a estos vehículos y, por lo tanto, al ahorro privado que se encuadra en el deseo de Podemos de acabar con ellos y, también, en la intención del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de restarles atractivo en favor de los planes de empresa. De hecho, los 500 euros que se reducen a los primeros se les sumarán a los segundos, que pasarán a tener una aportación máxima de 8.500 euros.

La decisión, además, se produce cuando en el sector se pedía precisamente lo contrario, esto es, un incremento del tope máximo. A finales del pasado mes de agosto, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) propuso llevar ese límite a los 5.000 euros, y destacó que esa medida no tendría un efecto presupuestario «relevante» al tiempo que «permitiría incorporar en el colectivo amparado por los límites de aportación a casi un 30% de los aportantes de 2020».

IMPUESTOS DE MATRICULACIÓN

La enmienda que se introdujo en los Presupuestos de 2021 para aplazar el incremento del impuesto de matriculación decae el próximo 31 de diciembre y, en consecuencia, esta figura se verá incrementada a partir del 1 de enero. El impuesto de matriculación está ligado a las emisiones de dióxido de carbono que homologa cada automóvil y, ante una legislación más restrictiva, los vehículos arrojan cifras más altas que desembocan en mayores tasas.

BECAS PARA OPOSITORES

«Democratizar el acceso». El Ejecutivo ya aludió a este objetivo cuando presentó la reforma de los exámenes de acceso a la Administración y, ayer, Montero lo volvió a emplear para desarrollar el plan de becas para aspirantes a juez, fiscal o abogado del Estado. Los procesos de oposición para estos puestos son «costosos», dijo, y no todos los ciudadanos tienen la posibilidad de acometerlos con independencia de si tienen o no la capacidad. Esto es, un discurso y una medida directamente ligada e impregnada por la «falta de pluralismo» que, según el PSOE, existe en ámbitos como el Poder Judicial. Una manera de acabar con la «barrera de clase» que presuntamente existe y con las «inercias elitistas».