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Este jueves pasado, último día de abril, unos 400.000 autónomos vieron cómo el Gobierno cobraba de sus cuentas bancarias la cuota de la Seguridad Social correspondiente del mes. Ello pese a que el confinamiento por coronavirus ha obligado a la gran mayoría a bajar la persiana y en vísperas de que se les permita volver a abrir, pero con severas restricciones.

Ya ocurrió en marzo, cuando tuvieron que abonar la cuota de ese mes con la promesa de que se les restituirá a mediados de mayo. Lo de abril les será devuelto en junio.

En la práctica, es como si los autónomos estuvieran financiando al Gobierno, cuando debería ser al revés, señala en entrevista concedida a 20minutos la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Aragón y vicepresidenta de la organización a nivel nacional, Mayte Mazuelas.

«A lo mejor los autónomos no nos morimos de coronavirus, pero nos vamos a morir de hambre», ejemplifica la presidenta la situación de un colectivo cuya gran mayoría se vio obligado a echar el cierre el 14 de marzo con el estado de alarma y apenas el lunes recibirá autorización a abrir, pero con cita previa y poco margen de aforo.

Agravio comparativo
En algunas comunidades, como Madrid, Extremadura o Andalucía, se les ha eximido de la cuota de Seguridad Social o han recibido ayudas para pagar ese y otros gastos, señala Mazuelas. Pero en otras no, como Aragón, lo cual crea agravios comparativos según el código postal.

Una de las demandas de la ATA durante todo el confinamiento ha sido que se decrete desde el Gobierno central la suspensión de la cuota, que era más «lógico». Sin embargo no se ha hecho, y los autónomos se han visto sometidos a un peregrinaje entre gestorías y dependencias de Tesorería.

El único auxilio a nivel estatal ha sido la ayuda por cese de actividad, unos 671 euros al que se han podido acoger un 30% del colectivo, unos 900.000 autónomos. Pero en muchos casos ese ingreso solo ha servido para paliar un poco el descubierto que deja el cobro de la cuota a la Seguridad Social.

«Ahora los autónomos no podemos trabajar y no tenemos dinero, y prestarle dinero al Estado no nos viene nada bien», señala Mazuelas. «Estamos dolidos e indgnados, parecemos ciudadanos de segunda o tercera, porque aunque sabemos que no van a devolver esa cuota, ahora mismo muchos prestarle dinero al Gobierno no es lo mejor. Debería ser al contrario, el Gobierno debería ayudarnos y no ponernos trabas».

Y encima ahora viene la desescalada. Las medidas del Gobierno para los pequeños negocios señalan cita previa y luego una apertura al 30% de su aforo, lo que genera muchos problemas.

Mazuelas lo ejemplifica con un bar pequeño que solo pueda abrir con tres o cuatro mesas: «¿Para qué van a abrir para tres mesas, si cuesta más encender las luces y echar a andar las cármaras y todo? Quieren llevarnos a la ruina, no lo puedo entender».

«¿Para qué van a abrir para tres mesas, si cuesta más encender las luces?»
Además, no se ha permitido flexibilizar los ERTE, por lo que tendrán que reactivar al 100% de los empleados cuando no habrá el 100% de la actividad. Y los impuestos también deberán pagarse al 100%, destaca.

«Aunque empecemos a trabajar, vamos a hacerlo con el 30% de nuestra actividad, ¿pero pagaremos un 30% de impuestos,? No, nos hacen pagar el 100%. No es justo», indica.