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El Gobierno aprobará la prórroga del paro de autónomos

El Ministerio de Seguridad Social y las principales organizaciones de autónomos -ATA, UPTA y Uatae- tienen claro que la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 31 de mayo debe aprobarse, pero estas asociaciones también mostraron a los representantes ministeriales la necesidad de aprobar otra serie de medidas adicionales de apoyo por la situación límite de este colectivo. Además de esta ampliación, deben abordarse otras cuestiones “tan importantes como esa prórroga”, como las exoneraciones del 100% de las contribuciones sociales, la reducción de los rendimientos netos para pedir la prestación extraordinaria al 50% o que se solucione la desprotección de los autónomos que tienen deudas con la Seguridad Social.

Fuentes ministeriales han confirmado que la sintonía con las asociaciones es total sobre la aprobación de la prórroga y que “lo lógico” es que ésta “se apruebe a la vez que la de los ERTE”, en el Consejo de Ministros de la próxima semana. La intención del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es presentarlo al resto del Gabinete el 26 de enero y hacerlo aunque no cuente con el acuerdo total de las asociaciones, cuyas líneas rojas para dar su visto bueno al nuevo decreto pasan por la aprobación de las citadas medidas extraordinarias que sostengan a los autónomos con sus negocios en peligro al menos cuatro meses más. “Las estamos valorando”, reconocen el el Ministerio.

ATA y UPTA han pedido al Gobierno que la exoneración de la cotización de los trabajadores que vean limitada su actividad como consecuencia de medidas aprobadas para frenar el Covid se sitúe en el 50%. Tienen la palabra del Ministerio de que con el nuevo decreto no será necesario haber sido beneficiario de la prestación entre marzo y junio de 2020 para solicitarla, así como que se facilite el acceso de los autónomos de temporada a estas ayudas, pero quedan pendientes dos asuntos sobre los representantes de los autónomos no están dispuestos a ceder.

La primera de sus líneas rojas tiene que ver con el peliagudo asunto de las exoneraciones de las cotizaciones a la Seguridad Social, un nudo gordiano que hasta ahora el Ministerio se ha empeñado en no desatar. Estas asociaciones reclaman que se exonere del pago de cuotas a los negocios -sobre todo hostelería y comercios- con un 50% de reducción de aforo u horario y que la reducción de rendimientos netos de la actividad por cuenta propia para acceder a esta ayuda pase del 75% actual al 50% con respecto al último semestre de 2019.

La segunda propuesta ineludible pasa porque se suspenda hasta el 1 de enero de 2022 la aplicación de la disposición transitoria segunda del Real Decreto Ley que establecía el aumento progresivo de los tipos de cotización aplicables por contingencias profesionales y por cese de actividad de los autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia (RETA) y el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. Para Lorenzo Amor, “en las actuales circunstancias no toca. El Gobierno sigue tratando a los autónomos como ciudadanos de segunda, porque está primando a los trabajadores del Régimen General y a las empresas empleadoras, que sí se les permite tener exoneraciones por limitaciones de actividad, que van desde el 80% al 100%, mientras los autónomos pagamos el 100%”, ha denunciado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien ha advertido al Gobierno de que “o se nos conceden las mismas exoneraciones o con nosotros que no cuenten para cerrar un acuerdo pactado”. La patronal CEOE, en la que está integrada ATA, ha dado su apoyo oficial a través de un comunicado a la petición de esta asociación de dar “protección y ayuda a los autónomos que se están viendo afectados por las limitaciones de aforo y actividad por orden administrativa”.

Por su parte, Eduardo Abad, presidente de UPTA, recuerda que “sigue siendo costosísimo para los autónomos poder demostrar una pérdida del 75% de sus ingresos para poder acceder a la prestación extraordinaria por el 70% de la base de cotización. Como mucho, la exigencia debe ser del 50% y que no se haga sobre la base mínima, sino la que cada uno tenga”. Asimismo, han pedido que las restricciones y el cese de actividad que aprueben cualquiera de las administraciones no se limiten temporalmente al 1 de febrero, “sino que en el impás de tiempo que va del anterior decreto al nuevo los autónomos puedan acreditar el cierre y pedir la prestación desde la fecha de la limitación”.

Por su parte, Uatae ha presentado al Ministerio un documento con ocho puntos “fundamentales”, en los que no sólo plantea la prórroga durante los próximos meses, sino introducir criterios más accesibles, como la rebaja a un 40% de pérdida de rendimientos netos en la actividad el requisito de acceso frente al umbral actual del 75% y que el importe de la prestación sea el 70% de la base cotizada y no el 50% actual. También que se solucione la desprotección de los autónomos que tienen deudas con la Seguridad Social o eliminar la actual exclusión de quienes estuvieran de baja médica a fecha 30 de junio.


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