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Más de un centenar de delegados sindicales se concentraron a finales de julio ante la Dirección General de la Función Pública, en Madrid, para pedir el «salvamento» de los derechos del personal público de la Administración General del Estado (AGE). Entre sus peticiones y denuncias se encuentra que no se pueden tramitar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV). De hecho, en relación a esto último, los representantes de los trabajadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Ciudad Real advierten de que las oficinas de la provincia se encuentran «al borde del colapso» ante la «avalancha» de solicitudes para tramitar el IMV.

En declaraciones a este digital, el responsable de la gestora temporal del sector de la Administración General del Estado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Ciudad Real, José Canales, señala que estas tareas «se están intentando afrontar, básicamente, con una sobrecarga de trabajo increíble y gracias a la gran profesionalidad de sus funcionarios» y añade que las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Seguridad Social «desde hace 28 años no han recibido personal y se han perdido en los últimos diez años un 20 por ciento de plantilla, y la media de edad actual ronda los 56 años, y casi el 70 por ciento de los empleados tiene más de 55 años, con lo que en una década se jubilaría una gran parte de la plantilla».

El responsable de la gestora temporal del sector de la AGE de la CSIF en Ciudad Real pone de manifiesto que «el Ingreso Mínimo Vital, que es absolutamente necesario para muchas familias, lo ha desbordado todo, al igual que los ERTE» e indica que en esta provincia se jubila cada año en torno al 12 por ciento de la plantilla de la Seguridad Social, «muchos de ellos saliendo con 63 años, perdiendo incluso dinero, debido a la gran carga de trabajo y el estrés que ello conlleva». A pesar de ello, «se está afrontando con una gran respuesta y profesionalidad por los funcionarios del INSS». Asimismo, Canales apunta que inicialmente la tramitación del IMV se afrontó por parte de la Administración con un plan voluntario de horas extra, «que ha ayudado algo», si bien «a pesar de todo, la Seguridad Social está desbordada en todos los sentidos. En esta provincia no colapsada, como sí ocurre en otras, pero está casi al límite».

Por otro lado, el responsable de la gestora temporal del sector de la AGE de la CSIF en la provincia denuncia que ha habido una «presión añadida» a los trabajadores de la Seguridad Social en torno al Ingreso Mínimo Vital «al hablarse tanto» de esta medida, que ha provocado «un aluvión inmenso de solicitudes, tanto con simulaciones por la página web como luego con solicitudes y demás». «Aquí se han empezado a tramitar los expedientes que nos han llegado por otras vías (ayuntamientos, Diputación Provincial de Ciudad Real, etcétera), pero los que llegan directamente por vía telemática van más lento. Hay un auténtico embudo que se está intentando resolver con la mejor voluntad y con una sobrecarga de trabajo tremenda», sostiene Canales y añade que «mucha gente, además, ha presentado solicitud a pesar de que en el simulador salía que no podían ser beneficiarios». Además, destaca que «está sorprendiendo el altísimo grado de denegaciones, tanto por falta de documentos (lo que implica un denegación inicial) como por no poder ser beneficiarios».

Por último, desde la CSIF avisan de que «se avecinan unos meses de verano muy terroríficos, con un alto nivel de desbordamiento y de estrés» debido tanto a las vacaciones de los funcionarios, que están obligados a coger la mitad entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, como por la merma estructural en las plantillas, que hace que muchas oficinas se encuentren con la mitad de sus trabajadores. Y a esto se le añade que el INSS ha modificado, con motivo de la pandemia, que solo se puede solicitar cita previa para cuatro supuestos, uno de ellos el IMV, «pero se dan con una media de tres semanas», según Canales.