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18.000 empleos perdidos en los últimos dos años

La afiliación está en máximos históricos. Según los datos de la Seguridad Social, 19,82 millones de personas tienen empleo en España, están en ERTE o cobrando la prestación de autónomos por cese de actividad, algo nunca visto antes. El dato ha servido esta semana al Gobierno para sacar pecho de su gestión del mercado laboral durante la pandemia del coronavirus. Pero la realidad es que, de no haber sido por la decidida creación de empleo por parte de las administraciones públicas, no se habría llegado a tales registros. Porque el sector privado ha perdido más de 18.000 empleos en los últimos dos años, según arrojan los datos del ministerio que dirige José Luis Escrivá.

Excluyendo los trabajadores acogidos a ERTE y los autónomos en cese de actividad, el número de afiliados efectivos en la Seguridad Social a finales del pasado ejercicio era de 19.612.932. Esta misma variable ascendía a 19.408.538 en diciembre de 2019, de los que 2.590.218 eran afiliados de administraciones públicas, lo que implica que el empleo en el sector privado ascendía a 16.818.320 de personas. Dos años después, el empleo público se ha situado en 2.812.642 personas. Es decir, que ha crecido en 222.424 personas. El privado, por el contrario, se ha situado en 16.800.290 personas, 18.030 menos de las que había al cierre del año prepandemia.

La situación para el sector privado ha mejorado desde el comienzo en sí de la pandemia en febrero del año pasado. Desde entonces, la creación neta de empleo de las compañías ha ascendido a 117.952 puestos de trabajo. Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo, el sector público generó casi el doble de empleos, 244.751, según los datos de la Seguridad Social.

Déficit

A pesar de este importante empujón que las administraciones han dado al empleo, hay sectores críticos en un momento como el actual, como el sanitario, que siguen necesitando efectivos. El sindicato CSIF asegura que el sector arrastra un déficit de 29.354 profesionales. El sindicato asegura que, durante el pasado mes de diciembre, coincidiendo con la explosión de la incidencia de la variante ómicron del coronavirus, se produjeron un total de 29.182 contratos en la sanidad. Sin embargo, añade que estas contrataciones no compensan las 58.536 bajas registradas en la Seguridad Social desde septiembre. En concreto, los datos de afiliación de la Seguridad Social en el sector de Actividades Sanitarias y Servicios Sociales durante los últimos meses fueron de -13.311 en septiembre, -36.252 en octubre, -8.973 en noviembre y los 29.182 de diciembre.

Si el sector público ha sido el principal impulsor del mercado laboral durante estos dos ejercicios, en lo que respecta al tipo de contratación, las cosas han cambiado poco respecto a la dinámica que lo caracteriza: su elevada dualidad y la preponderancia de la contratación temporal sobre la indefinida. Según los datos del Ministerio de Trabajo, en el año 2021 se firmaron un total de 19.384.359 contratos, un 21,6% más que en 2020. Pero de esa cantidad, apenas un 10,9% -2.113.341- tenían carácter indefinido. No obstante, su avance en términos relativos -36,73%- superó de forma notable al de los contratos temporales, que se incrementaron un 19,96% hasta sumar 17.271.018.

Este avance de la contratación indefinida sobre la temporal en términos relativos sirvió para que el pasado martes, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, asegurase que la transformación de contratos temporales en indefinidos es una tendencia que ya se ha empezado a observar los meses de noviembre y diciembre pasados gracias a “la ingente labor de la Inspección de Trabajo” y a “una campaña muy eficaz y un trabajo muy arduo”. Más allá de la reforma laboral, para actuar sobre la temporalidad, el Gobierno prometió trabajar desde el punto de vista de la inspección para lograr que se reduzca cuanto antes.

En la reforma laboral, con carácter general, todos los contratos serán indefinidos, admitiéndose sólo unos pocos supuestos de contratos temporales. En contraposición, se impulsarán los contratos fijos discontinuos, que ahora mismo son residuales. En la práctica, esta «caza» al contrato temporal pone en la diana a 3,3 millones de asalariados temporales del sector privado, ya que buena parte de sus relaciones laborales deberán cambiar en los próximos meses. Una circunstancia que puede ser difícil de digerir para muchas empresas, muy tocadas además por la crisis económica que ha originado la pandemia, y que podría provocar algo peor que la precariedad de un contrato temporal, como es directamente su extinción. Algo que el país con más paro de Europa no se puede permitir bajo ninguna circunstancia.


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