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El Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los empresarios están ultimando un subsidio extraordinario para los parados que hayan agotado su prestación contributiva o el subsidio entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre, apuntan varias fuentes del diálogo social a EL PAÍS. Esta es la primera pata de un pacto en ciernes que llegaría a unos 550.000 desempleados y consiste en una ayuda de 430 euros mensuales a cobrar durante un trimestre. La segunda parte es una mejora en la forma en que se calcula la prestación de afectados por ERTE que trabajan a tiempo parcial. En este caso, la cifra de beneficiarios llega a 150.000.

El “escudo social” del que hablaba el Gobierno en las primeras semanas de la pandemia adolecía de una carencia: ¿qué pasaba con los parados que estaban cobrando una prestación y, por tanto, consumiéndola sin poder buscar un nuevo trabajo por las restricciones del estado de alarma? Al fin y al cabo, los afectados por ERTE cobran una ayuda extraordinaria que no resta derechos del seguro de desempleo que han ido acumulando. Los sindicatos llevaron este argumento a las mesas de negociación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) pero no tuvo eco hasta que se trató la última prórroga.

En el decreto que los prolongó hasta el 30 de septiembre, se incluyó una disposición adicional que obligaba al Ministerio de Trabajo, “a la mayor brevedad posible”, a reunirse con CC OO, UGT, CEOE y Cepyme para buscar “posibles soluciones al consumo durante el estado de alarma de las prestaciones y subsidios por desempleo de personas no afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo”. El mismo punto habla de “tratar las cuestiones relacionadas con la prestación por desempleo reconocida durante los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de la covid-19 a las personas con varios contratos a tiempo parcial”. Así, en las últimas semanas —en paralelo a las conversaciones suspendidas en agosto para regular el teletrabajo y dos reglamentos sobre igualdad salarial— se han negociado esas “soluciones”.

“Está casi todo. Solo estamos a la espera de recibir la redacción para ver cómo se concreta lo que hemos hablado”, resume un negociador. Hasta que no llegue el texto —algo que se está retrasando sobre los plazos comprometidos inicialmente— nadie dará el acuerdo por cerrado definitivamente.

El pacto que se ha perfilado consta de dos patas, siguiendo la disposición del decreto de junio. La primera consiste en la creación de un subsidio extraordinario de 430 euros durante tres meses para aquellos parados que hayan agotado su prestación contributiva o la ayuda asistencial entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre. A diferencia de lo que sucede con otros subsidios, este no precisará de una prueba que acredite que no se llega a un mínimo de renta, ya que esto no será un requisito.

Fuentes sindicales apuntan que los beneficiarios potenciales serían unos 550.000 trabajadores, según los datos estimados que se han manejado a lo largo de las conversaciones. Es decir, suponiendo que se cumple ese cálculo preliminar y todos cobran la ayuda durante ese trimestre, el coste total sería de unos 710 millones.

Ambas cifras quedan lejos de los volúmenes que se manejaron en otras medidas adoptadas para amortiguar el impacto de la pandemia. Los ERTE han llegado a amparar a 3,4 millones de trabajadores y han supuesto hasta ahora el desembolso de más de 9.000 millones entre abril y julio (3.300 millones solo en mayo). La prestación extraordinaria para autónomos ha protegido a más de 1,4 millones y ha supuesto un gasto mensual de unos 1.200 millones.