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El Gobierno de Pedro Sánchez ha asumido la incorporación de personal a las administraciones públicas como un punto clave de la política laboral desplegada desde su aterrizaje en La Moncloa. Tanto es así, que el Instituto de Estudios Económicos (IEE) reveló recientemente que la mastodóntica estructura del Estado, y su ineficiencia a la hora de gastar, le cuesta cada año 60.000 millones a los españoles, que se podrían destinar a otras partidas si se igualaran los estándares de los países vecinos de la Unión Europea.

En los últimos años buena parte de responsabilidad sobre esta circunstancia recae en el fuerte acelerón imprimido por el Gobierno a la contratación de funcionarios. Desde junio de 2018, momento en que Pedro Sánchez tomó las riendas del Ejecutivo, hasta marzo de 2022 el personal de la Administración Central del Estado ha crecido un 18%, tras la incorporación de más de 58.500 personas en un plazo de tres años y medio.

La plantilla contaba a cierre de marzo con 380.765 trabajadores

Si bien la crisis sanitaria ha significado un punto de inflexión, al provocar un fuerte repunte de contrataciones en los diferentes niveles de la administración, el incremento del número de funcionarios del Estado en estos tres años y medio ha duplicado el que se registró durante la ‘era Rajoy’. Entre finales de 2013 –último dato disponible en la estadística oficial de la Seguridad Social–, cuando había un total de 294.167 funcionarios en la estructura del Estado, y junio de 2018, con un total de 322.264 empleados, la plantilla solo aumentó en 28.097 trabajadores (un 9,5% más).

No en vano, si se observa la evolución mensual desde el estallido de la pandemia, de esos 58.500 trabajadores que ha sumado la estructura de la Administración del Estado en los últimos tres años y medio, más de la mitad (53%) se han incorporado desde febrero de 2020, el punto desde el que la afiliación de trabajadores de la administración y empresas públicas ha empezado a adquirir importancia en los niveles de ocupación del mercado laboral. Solo en los últimos dos años, 31.334 trabajadores se han incorporado a la plantilla del Estado.

Sin embargo, si bien la fuerza laboral del Estado se ha visto beneficiada en términos de aumento de personal por la llegada de Sánchez al Gobierno, la creación de empleo público se ha acelerado en todos los niveles de la administración. En este mismo periodo, las comunidades autónomas –que copan el mayor volumen de funcionarios– han sumado a sus plantillas un total de 285.677 trabajadores, casi un 20% más, hasta elevar la plantilla de la administración autonómica el pasado mes de marzo hasta los 1.722.884 empleados públicos. También en el caso de las CC.AA., responsables de la gestión del sistema sanitario, el Covid supuso un acicate para la incorporación de personal: un total de 197.233 funcionarios han sido contratados en los últimos 24 meses: dos de cada tres incorporaciones.

Una factura inasumible

El incremento de tamaño de la estructura central del Estado y de las comunidades autónomas y las corporaciones locales ha tenido un reflejo económico en el gasto presupuestario.

Como apunta Juan Fernando Robles, profesor de Finanzas del Centro de Estudios Financieros de UDIMA, «el número de funcionarios y de empleados públicos en nuestro país quizá sea algo elevado, pues junto con las pensiones, los salarios que paga el Estado suponen más 300.000 millones de euros, lo que implica una gran carga para el contribuyente».

El economista Javier Santacruz advierte de que existe un riesgo enorme de que la mayor parte del empleo público se consolide en el tiempo «porque o bien haces como en 2010 y recortas un 5% el sueldo a todos o esa masa salarial puede crecer de manera continua». Aunque el experto reconoce que «es evidente que una parte sustancial del crecimiento del empleo público se debe a la pandemia».

Robles recalca que un número elevado de funcionarios debería corresponderse con una mejor calidad de los servicios públicos. «Hoy en día muchos ciudadanos tienen que hacer sus trámites por internet, apenas reciben atención presencial y si la reciben es con petición de hora. La realidad es que no sabemos si la calidad de los servicios públicos se ha visto mejorada con el aumento de funcionarios».

En opinión del profesor de Finanzas del Centro de Estudios Financieros «ahora mismo para los ciudadanos es una carga soportar tanto empleado público y, además, supone un importante gasto para el Estado, que compromete una parte importante del Presupuesto». «Se debería mejorar la eficiencia de los servicios públicos y de la administración, y no tanto en cuanto al número de personas sino a los procedimientos empleados», argumenta en relación al fuerte incremento de personal de los últimos años.

Aunque el incremento de funcionarios o empleados públicos en España se debe en parte a las nuevas necesidades generadas por la pandemia, que ha conllevado fuertes crecimientos en sectores como el sanitario, Robles apunta que «también se debe a que se han ido reponiendo puestos que habían quedado vacantes en algunos sectores por las jubilaciones y también porque el Gobierno parece tener predilección por el empleo público». El número total de empleados al servicio de las administraciones públicas ascendió en marzo de 2022 a 2.828.941 trabajadores, un 14,1% más que en junio de 2018, momento de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.