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La segunda ola, las nuevas restricciones y los confinamientos perimetrales están retardando más de lo esperado la recuperación de la actividad empresarial y el empleo. Así se ve reflejado en las cifras de trabajadores que aún siguen bajo el paraguas de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), cuyos niveles se han estancado tras la campaña de verano.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha revelado a través de las redes sociales que en la actualidad se encuentran 707.673 personas acogidas a un ERTE y que solo 21.236 han logrado recuperar su anterior actividad. Según Escrivá, 344.718 trabajadores dejaron de estar amparados por los expedientes que se abrieron ante de la prórroga, pasando 323.482 a acogerse a los nuevos tipos aprobados el mes pasado.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), a finales de septiembre los trabajadores que cobraban prestaciones por desempleo, incluyendo trabajadores de ERTE y autónomos en cese de actividad, habían aumentado en 1,25 millones de personas respecto a febrero, percibiendo muchos de ellos un 30% menos de su salario habitual, y el número de hogares sin ningún tipo de ingresos aumentó en el segundo trimestre en 105.600 respecto al último trimestre de 2019, con un total de 278.000 familias afectadas.

La última prórroga de los ERTE, cuya vigencia termina el 31 de enero, estableció tres posibilidades de solicitarlo: por fuerza mayor, de limitación y de impedimento. Las que se acogieron al primer supuesto tienen exoneraciones de entre el 85% y el 75%, en función de su número de trabajadores -a esta tipología se acogieron fundamentalmente pymes y autónomos del transporte, la hostelería y del turismo-. En el caso de los de limitación, las exoneraciones son temporales, oscilan entre el 100% y el 70%, ya van perdiendo cobertura según avanzan los meses. En cuanto a los de impedimento, las bonificaciones son del 100% al 90%, dependiendo de su volumen de empleados y facturación.

Hoy mismo, la patronal CEOE ha vuelto a defender que las empresas deberían poder despedir si las ayudas que reciben para los ERTE no cubren el 100% de las cotizaciones sociales de los trabajadores en suspenso, dado que la crisis ha situado a muchas de ellas ante la necesidad de ajustar plantilla para poder mantener la actividad. “O el 100% de exoneraciones e hibernamos el empleo o hay que levantar las restricciones de la prohibición del despido y eliminar el compromiso de reserva del empleo mientras uno se esté exonerando”, ha afirmado la responsable de relaciones laborales de CEOE, Rosa Santos.

Recuerdan los empresarios que el Ministerio del Trabajo ha puesto el despido en una línea roja que no se puede traspasar y ha vinculado las ayudas públicas al mantenimiento del empleo. Esta limitación obliga a las empresas –salvo despidos por causas disciplinarias procedentes y otras excepciones– a mantener los puestos de trabajo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla. Por esta razón, muchas empresas se están viendo obligadas a reembolsar a la Administración el coste del ERTE para proceder al despido, al comprobar que la viabilidad de su negocio está en entredicho por el efecto de la segunda ola. En esta tesitura estarían miles del pymes y micropymes del sector turístico y del comercio, aunque afecta en mayor o menor medida a todos los sectores.

Con datos actualizados al mes de octubre, más de 654.000 expedientes temporales siguen vigentes. De ellos -y en cifras redondas- 386.000 son por fuerza mayor, 176.000 por limitación de la actividad y 92.000 por otras causas. El último informe de empleo realizado por la asociación de autónomos ATA determinó que 300.000 trabajadores por cuenta propia echarán el cierre a sus negocios y que uno de cada tres se plantea reducir plantilla. La consecuencia directa sería la pérdida de 500.000 empleos adicionales.