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Fumata blanca para el acuerdo entre el Gobierno y los autónomos para extender más allá del 30 de junio la red de protección para el colectivo aprobada por el Ejecutivo con motivo de la pandemia de coronavirus.

Finalmente, tras duras semanas de negociación el Gabinete del ministro José Luis Escrivá y las asociaciones representativas del trabajo autónomo han acordado la eliminación de la ayuda extraordinaria por cese de actividad que se aprobó en el primer paquete de medidas económicas por la crisis sanitaria de 660 euros a partir del 30 de junio. Como contraparte, se facilita el acceso de los trabajadores por cuenta propia al modelo ordinario de cese de actividad, pero con mejoras, y se aprobará el subsidio extraordinario para aquellos autónomos de temporada que no han podido iniciar su actividad económica en estos meses por causa de las restricciones.

Cabe recordar que este subsidio había sido reclamado por UPTA con insistencia en las últimas semanas, así como por ATA y UATAE, y que finalmente supondrá una protección crucial para este colectivo que aún no ha recibido ningún tipo de ayuda desde el incio de la pandemia. «Viven de lo que producen fundamentalmente en los meses estivales, es importante para las economías familiares», señalaba en la rueda de prensa de presentación del acuerdo el presidente de UPTA, Eduardo Abad, subrayando que con el consenso alcanzado este jueves «se esfuma la incertidumbre para miles de autónomos» gracias a este «balón de oxígeno».

Del mismo modo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, destacó durante la presentación que este acuerdo se sustenta sobre las propuestas y peticiones realizadas por estas asociaciones representantes del trabajo autónomo durante las últimas semanas, en lo que destaca la capacidad de consenso para extender estas ayudas, cuyo coste ha cifrado entre prestaciones y exoneración en 3.500 millones de euros.

Concretamente, según han adelantado a este medio fuentes de la negociación, el acuerdo consta por un lado en la eliminación de esta ayuda extraordinaria y por otro el allanamiento en el acceso al cese ordinario de actividad, mejorado. Una mejora que consiste en que los autónomos podrán cobrar este cese de actividad ordinario sin necesidad de darse de baja en la Seguridad Social y en la Agencia Tributaria, y mientras desarrollan su actividad económica. Los requisitos serán que se justifique una entrada de ingresos que no supere en 1,75 veces el salario mínimo interprofesional, es decir, unos 1.800 euros al mes, y una caída de ingresos del 75% durante el último trimestre en comparación con los percibidos en el mismo periodo de un año atrás. Esta personas que se beneficien de la nueva estructuración de cese de actividad ordinario de los autónomos percibirán el 70% de su base reguladora. Además, como ocurría con la ayuda extraordinaria, la cuota de cotización al RETA estará bonificada al 100%.

Cabe recordar, tal y como apuntó el presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante la presentación del acuerdo que, si bien un 90% de los autónomos ya han retomado su actividad en estas semanas, aún queda ese 10% por relanzar su actividad. «Así ayudamos a los que menos facturación tienen y más caída de ingresos han sufrido» durante la pandemia, explicaba Amor poniendo también en valor el nivel de diálogo y voluntad de acuerdo mostrado por el Gobierno. «Es el primer acuerdo que firmamos con este Gobierno en esta legislatura y esperamos que no sea el último», sentenció.

Además, se ha acordado que todos los trabajadores autónomos que estaban cobrando la ayuda extraordinaria de 660 euros pero que no pasen ahora al cese de actividad ordinario, sino que reanuden enteramente su actividad tendrán una senda de reactivación incentivada con una bonificación de la cuota a la Seguridad Social del 100% en el primer mes, 50% en el segundo y 25% en el tercer mes.

Subisidio para estacionales

Por otro lado, también se ha regulado lo que va ser el subsidio extraordinario para los trabajadores autónomos de temporada, aquellos que se dan de alta en el Sistema durante unos meses para explotar su negocio y causan baja posteriormente -principalmente al ser actividades muy ligadas a la temporada veraniega y turística-. Para estos trabajadores, similares al fijo-discontinuo del régimen general, se aprueba un subsidio de carácter extraordinario por valor del 70% de la base reguladora, siempre que justifiquen que no se perciben 1,75 veces el SMI y que en los dos ejercicios anteriores (2018 y 2019) se ha estado dado de alta en esos meses críticos, entre marzo y octubre. Y que tendrá una duración de cuatro meses.

Más de 70.000 autónomos fijos discontinuos, profesionales con actividades de temporada entre los que se encuentran trabajadores de las atracciones de feria, hostelería o venta ambulante serían los principales beneficiarios de este subsidio, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas. Desde Moncloa reconocen a elEconomista que esta ayuda era necesaria ya que de lo contrario «muchas familias de este colectivo estarían en situación de pedir el ingreso mínimo vital».

Cabe recordar, que el acuerdo llega tras unas arduas negociaciones en las que las asociaciones de autónomos (UPTA, ATA y UATAE) pedían la extensión de la ayuda extraordinaria hasta el 30 de septiembre, al menos, tal y como sucedería de alcanzarse un acuerdo paralelo en materia de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la Mesa de Diálogo Social. Ahora, el Ejecutivo se encuentra en una fase de repliegue de las ayudas extendidas por motivos de la pandemia y afloja la cobertura de cara una normalización también de la relación de la Seguridad Social con los cotizantes.

Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, más de 1,4 millones de autónomos cobran la prestación extraordinaria para autónomos impulsada para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19. El importe de las ayudas suponen alrededor de 3.700 millones de euros en prestaciones.

Esta medida fue aprobada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tras la declaración del estado de alarma. Su cuantía es de, como mínimo, 661 euros mensuales (el equivalente al 70% de la base reguladora) y además conlleva la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de forma temporal. Su objetivo es proteger la falta o merma considerable de ingresos de los autónomos y autónomas en la situación excepcional provocada por la COVID-19 y contribuir a la supervivencia de su negocio.

A fecha 26 de mayo, hay 1.412.605 autónomos con esta prestación concedida, el 94,62% de los 1.492.768 trabajadores por cuenta propia que la han solicitado. Del total, el 2,13% está en trámite y únicamente el 3,24% restante han resultado denegados.

En este sentido, parece que quedan sentadas las bases para la continuidad de la actividad de los trabajadores por cuenta propia en nuestro país, al menos hasta el 30 de septiembre, fecha en la que decaería esta nueva estructura de ayudas para el colectivo. «Hemos solucionado gran parte de los problemas que tenían los autónomos y a partir de septiembre acomenteremos las nuevas medidas» que se deban abordar en función de la evolución de la economía del país, anticipó el presidente de UPTA sobre futuras actuaciones que puedan afectar a los autónomos.

Por último, la secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), María José Landaburu, destacó que de la pandemia se ha aprendido «mucho», como la importancia de los autónomos, y de alcanzar acuerdos como el formalizado para el colectivo, a pesar de que el diálogo es «manifiestamente mejorable». No obstante, se mostró «segura» de que se hará de la mano de los agentes sociales en el futuro, al tiempo que ha pedido «no pararse aquí», ya que hay «mucha gente» vulnerable que necesita que se siga trabajando y tomando medidas para que puedan salir adelante tras la crisis.