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El Gobierno dará 7.000 millones de euros a compañías viables en problemas por la pandemia para cubrir parte de sus costes fijos, según han confirmado este jueves fuentes gubernamentales tras adelantarlo ‘El País’. Las ayudas directas, así, constituirán la parte más relevante del plan de 11.000 millones en apoyos a empresas que el Consejo de Ministros aprobará este viernes en una reunión extraordinaria, y se distribuirán finalmente a través de las comunidades autónomas, posibilidad que también adelantó este diario la semana pasada.

El Ejecutivo destinará otros 3.000 millones a convertir parte de los créditos bancarios con aval público del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en instrumentos de capital para reforzar la solvencia de las empresas, dentro de un marco para reestructuraciones de los préstamos que se vehiculará a través de un código de buenas prácticas al que se sumarán las entidades financieras y que se aprobará en las próximas semanas. Además, aportará apoyos de capital a empresas medianas no vinculados a los préstamos ICO por 1.000 millones a través de un fondo gestionado por la empresa pública Cofides.

La cantidad de ayudas directas, de esta forma, estará finalmente por encima de los 5.000 millones que el Ejecutivo barajó en algún borrador del plan y más cerca de los 8.000 millones que Podemos propuso al Ministerio de Economía el pasado viernes, si bien fuentes gubernamentales del ala socialista del Ejecutivo sostienen desde hace días que el reparto de las cantidades estaba decidido desde antes que la formación morada trasladase su propuesta al departamento que dirige Nadia Calviño.

Sesgo territorial y sectorial

Los Ministerios de Economía y Hacienda, asimismo, han impuesto su criterio de que ayudas directas se vehiculen a través de las autonomías, uno de los principales escollos que provocó que la aprobación del plan se retrasase frente a la idea original de darle luz verde el pasado martes. Podemos y otros ministerios económicos controlados por el PSOE preferían que el Gobierno las concediese directamente. Finalmente no será así, si bien la Agencia Tributaria estatal podría ejercer algún tipo de control para evitar fraudes.

Las ayudas directas, además, tendrán finalmente un cierto sesgo sectorial y territorial, como habían dejando entrever tanto Pedro Sánchez como Calviño. Fuentes gubernamentales, así, señalan que «no irán destinadas a todos los sectores», sino a aquellos más afectados por las restricciones para contener la pandemia. El presidente del Gobierno señaló en su día el «sector turístico, la hostelería, la restauración y el pequeño comercio, entre otros». Serán estos los beneficiados, pero no solo y entendidos en un sentido amplio (hay otras actividades vinculadas pero que no pertencen estrictamente a estos negocios).

Criterios de reparto

El Gobierno, además, ha decidido dedicar una partida especial de los 7.000 millones a Canarias y Baleares por ser las comunidades económicamente más afectadas por el coronavirus por su dependencia del turismo. Las demás autonomías se repartirán el resto del dinero. Para la distribución de los fondos europeos React EU, el Gobierno tuvo en cuenta el impacto de la pandemia en el PIB de cada comunidad (un criterio que explico 2/3 del reparto), en el desempleo (2/9) y en el paro entre trabajadores de los 15 a los 24 años (1/9), y también dedicó una ayuda especial para las «regiones ultraperiféricas». Con estos criterios, a Catalunya le correspondieron un 17,1% de los 10.000 millones distribuidos. Está por ver que en esta ocasión se vayan a seguir los mismos parámetros.

Por imperativo de la Comisión Europea, la ayuda global que podrá recibir cada empresa no podrá superar los 10 millones de euros, incluyendo la que ya haya podido percibir de su comunidad o ayuntamiento. Las ayudas se podrán conceder hasta el 31 de diciembre y podrán financiar los costes fijos no cubiertos por los resultados de las compañías entre el 1 de marzo del año pasado y el final de 2021. Las podrán recibir las empresas que hayan sufrido una caída de su volumen de negocio de al menos el 30% en 2020 o 2021 en comparación con el mismo periodo de 2019. La ayuda no podrá cubrir más del 70% de los costes fijos de la firma, salvo que sean micro o pequeñas empresas, en cuyo caso el límite será del 90%.

El Gobierno también tiene previsto aprobar este viernes la prorroga de la moratoria de los concursos de acreedores forzosos hasta el 31 de diciembre, y es posible que una nueva ampliación del plazo de vencimiento de los créditos ICO.