Las enfermeras huyen de las residencias
Marta, nombre ficticio de una enfermera de la residencia Amavir Torrejón, en Madrid, salió llorando un miércoles por la noche del trabajo y decidió que no aguantaba más. Tras darlo todo durante la pandemia, con los últimos recortes de personal había pasado de tener 90 ancianos a su cargo a quedarse sola en un turno con 147 (la compañía indica que la primera ratio es legal y la segunda ha podido producirse de forma puntual). Al día siguiente puso un anuncio en el portal Infojobs a las once de la mañana y a la una ya la llamaron de un hospital privado. “Me pagan más, tengo una carga de trabajo razonable y estoy contenta”, resume. En un hospital tiene 23 pacientes a su cargo.
Marta solo es una de las profesionales que ha ido dejando esta residencia de Torrejón de Ardoz de 180 plazas, 63 concertadas, que tuvo 47 muertos en la pandemia. El pasado mayo se fueron cuatro enfermeras de golpe, de nueve que según el contrato debe tener ese centro. Las familias de los residentes lo notaron enseguida, el servicio degeneró, denunciaron. Una inspección de la Comunidad de Madrid comprobó que era cierto, faltaba personal, pero aseguró en su respuesta del pasado 16 de junio que la dirección ya buscaba una solución: también había puesto un anuncio en Infojobs, pidiendo enfermeras. Pero el problema es que a ese no respondía nadie. Ni a ese ni a los de los demás centros, porque las enfermeras huyen de las residencias. Se resuelve con parches, a base de médicos y auxiliares que hacen funciones de enfermería que no deberían desempeñar.
Ahora mismo faltan al menos 15.000 enfermeras en los centros de todo el país, según el cálculo de tres de las cuatro grandes patronales del sector. Supone una media de 2,7 enfermeras por residencia, pues en España hay 5.463 residencias, según el recuento de EL PAÍS, ya que oficialmente ni se sabe el número exacto de centros. Pero es una estimación mínima, en realidad la primera patronal, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), sube la demanda a 24.000 profesionales. “Si te faltan todas esas enfermeras, es que el sistema tiene agujeros por todas partes”, resume su secretaria general, Cinta Pascual.
Y esto solo va a empeorar. España necesitará, en total, en los próximos cinco años, 40.000 enfermeras más de las que tiene ahora, según un cálculo de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, la patronal que integra a los grandes grupos. Señala que actualmente hay 30.000 enfermeras. Es decir, el sector va a tener, no solo que duplicar su plantilla, sino mucho más. En resumen, hay que replantearse un modelo que ha estallado en la pandemia.
La denuncia de falta de personal en Amavir Torrejón partió de Miriam Casanova, que tiene allí a su madre, y también es enfermera, trabaja en la UCI de un hospital, así que conoce el tema. “Las ratios no pueden ser, es un centro sociosanitario, los mayores tienen que estar atendidos con dignidad, con suficiente personal y preparado. Hay falta de personal, problemas de nutrición, de higiene, te pierden la ropa en la lavandería… Es un trabajo duro, queman a la gente, la desmotivan, y la pandemia los ha rematado. Los trabajadores no denuncian porque temen represalias, y las familias miran para otro lado, pasan. A duras penas pude formar un grupo de WhatsApp y el año pasado me metí en la plataforma Pladigmare. Yo ya había empezado hace tiempo con quejas y cuando llegó la pandemia sabía lo que iba a pasar. Es un fracaso social. Hay que hacer algo”, asegura.
“No solo es en este centro, pasa en todos. No hay enfermeras, todo el sector está lanzando un S.O.S. de forma angustiosa. Es una situación complicadísima. Rara será la residencia en España que tenga la plantilla completa en este momento, es un problema estructural”, explican fuentes de Amavir, uno de los grandes grupos del sector, que pide no demonizar un centro concreto por un problema que tienen todos. Sobre el caso de Torrejón, sostienen que sus ratios están por encima de lo que marca la ley, aunque admiten sus problemas para sustituir las bajas. Aseguran que ahora mismo, tras contratar una enfermera, ya hay seis, y una más está a la espera de que le den el título. Puntualiza también que están al 77% de capacidad y que por tanto la ratio no sería de nueve enfermeras, sino de “un poco más de siete”. Señalan que el convenio nacional de enfermería en residencias marca un sueldo base bruto de 1.347,42 euros al mes, en 14 pagas, unos 18.800 euros al año. “Y nosotros ofrecemos 30.000 al año, pero a pesar de eso, es difícil”, afirman. “Los grupos más grandes estamos haciendo un esfuerzo, pero esto está ahogando a las residencias pequeñas y familiares”. Cinta Pascual, de CEAPs pone un ejemplo: “En una residencia he tenido en un año nueve contratos, eso no puede ser”. Juan Vela, presidente de otra patronal, la Federación LARES, de entidades sin ánimo de lucro, opina: “No podemos retener a los profesionales si no dignificamos el sector”.
En realidad la falta de enfermeras es un viejo problema, no solo de las residencias, sino de todo el sistema de salud. Se requieren unas 120.000, según el Consejo General de Enfermería. España es el segundo país de la UE donde más emigran. La investigación de EL PAÍS sobre residencias publicada este domingo, que por primera vez ha sacado a la luz las sanciones impuestas en España, ha revelado que el segundo tipo de infracción más frecuente, un cuarto del total, es la falta de personal. Pero la pandemia ha agudizado el problema y estos meses se ha llegado a una situación límite, nunca vista. “Sí, totalmente, en Cataluña nos estamos moviendo para traer de Colombia 1.000 enfermeras con urgencia, aunque la burocracia es tan lenta que será a lo largo del año, no sabemos cuándo”, confirma Pascual.
“No hay enfermeras para residencias, es imposible encontrarlas, se van a la sanidad pública”, confirman en el Consejo General de Enfermería, que agrupa a todos los colegios de España. “El servicio de salud se ha adueñado de todos los que acaban de salir de la facultad, con contratos de tres a seis meses. Nunca antes lo habíamos vivido”, admite Fernando Martínez Cuervo, presidente de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica, que trabaja en una residencia pública en Asturias.
Y aun así, en los hospitales también tienen problemas. Lo confirma en el mismo Torrejón la jefa de la UCI del hospital de esa localidad, Mari Cruz Martín Delgado: “Nos cuesta encontrar enfermeras para UCI y quirófano, e incluso se dejan de hacer operaciones porque no hay profesionales. Se van a otras áreas del hospital, con menos complejidad, y al extranjero. El problema ya no es solo de enfermeras, también de médicos, muy cansados por todo lo que llevamos, mental y físicamente, piden la baja, o cambiar de unidad. Los hospitales con mejores condiciones se los llevan”. Se toca el problema de fondo, que es la necesidad de más inversión pública. En el hospital del Henares, en la misma zona, señalan que se encuentran enfermeras, pero es su primer trabajo. “De la carrera a la UCI”, resume un responsable.
Sueldo y salario
“Que se pregunten por qué nadie quiere ir a una residencia”, razona Marta. Y lo explica: “Nadie quiere ir por el sueldo y la carga de trabajo. Te lees el convenio y es para echarse a llorar. Ganas unos 1.200 netos, en 14 pagas, y en un hospital, unos 2.000. Cuando hacen una oferta pone ‘no es necesaria experiencia’, y ya empiezas mal. Dan a entender que es un trabajo que puede hacer cualquiera. Meten gente sin título homologado”. También pesa la falta de reconocimiento, porque en un hospital, detalla, se puntúa el doble para una oposición: 0,1 puntos al mes en una residencia, y entre 0,5 y 0,8 en un hospital. “La gente prefiere estar en la pública con contratos temporales, por sueldo, puntuación y porque te finiquitan. Conozco enfermeras que están trabajando en Mercadona porque se cobra más que en una residencia”. La pandemia ha acabado de machacar al sector, entre estrés y bajas por depresión.
La falta de personal tiene efectos directos en los mayores. “Todo recae en los abuelos”, lamenta Marta. Pone ejemplos, como que hay más infecciones de orina, porque no se cambian tanto los pañales; más úlceras en la piel al pasar mucho tiempo sin que les cambien de postura ―algo que debería hacerse cada tres horas, pero a menudo es una vez por turno porque no se llega―, más deshidratación; muchas caídas, porque los auxiliares no pueden estar presentes, están haciendo otras cosas. A Miriam Casanova le pasó con su madre: “En enero de 2019 se cayó. Cuando fui la tenían drogada perdida, de baba, para que estuviera tranquila, casi ni me conocía”. ¿Cuál es la solución para Marta? Contratar más y reconocer su trabajo.
“No puedes pagar lo mismo que Sanidad, es imposible. El modelo es Francia donde la parte sanitaria la paga el sistema público”, replica Cinta Pascual. Ignacio Fernández, presidente de otra de las patronales, la Federación de Empresas de la Dependencia (FED), piensa igual: “El sistema público de salud debería asumir la parte sanitaria de las residencias. Si una persona está en su casa, va una enfermera de su centro de salud, pero si está en una residencia parece que está fuera del sistema público, no van, y han cotizado toda su vida como los demás”. De nuevo, se apunta a la necesidad de más gasto público.
Título de FP
El sector privado despliega varias propuestas: que salgan más enfermeras de las universidades; agilizar trámites de homologación de títulos extranjeros, que tardan dos o tres años; y por último, la solución más polémica, crear una nueva titulación para una figura intermedia, que cubra la demanda. Un técnico superior sociosanitario, con estudios de Formación Profesional (FP). Argumentan que podrían realizar tareas menos especializadas y trabajarían bajo la supervisión de una enfermera. “En Alemania los enfermeros no tienen grado universitario, es una FP de 2.400 horas. No es para sustituir enfermeras, sino para complementarlas. No van a hacer sondas gástricas o curas, pero hay mucho trabajo que pueden llevar a cabo, la relación con el centro de atención primaria, la gestión de los fármacos. Adelantaríamos mucho”, dice Fernández.
Los colegios de enfermería y el resto del sector profesional no quieren ni oír hablar de ello, lo ven como una intrusión. “La pandemia ha puesto sobre la mesa que debemos tener profesionales que sepan de cuidados, con una atención integral. Nos ha dicho que es urgente revisar los ratios de enfermera por usuario. El tiempo medio que dedica una enfermera a un mayor en una residencia es de 5 a 22 minutos al día. Es poquísimo, hay que corregirlo”, reflexiona Martínez Cuervo. Sí da la razón a la patronal en que urge resolver el cuello de botella de las homologaciones y aumentar en las universidades el número de plazas para cubrir el mercado. Esto se negocia hace tiempo, pero el problema vuelve a ser la inversión pública. Para que haya más alumnos las comunidades autónomas tienen que contratar más profesores.
“Las residencias requieren una revisión seria y urgente”, advierte Pilar Lekuona, presidenta del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, especialista en enfermería geriátrica, vocal en el Consejo General de Enfermería y representante en la comisión de enfermería geriátrica del Ministerio de Sanidad. Expone un futuro preocupante en el que “casi un 90% de los usuarios tienen un deterioro cognitivo severo, cuando los familiares los traen ya no pueden más. La esperanza de vida es de dos o tres años, con muchos cuidados paliativos. Se les da la misma asistencia que en un hospital, con médico y enfermera y evitas un ingreso hospitalario. Hace falta un nuevo planteamiento”. El perfil de quien llega a una residencia es alguien de 85 años, con cinco diagnosis clínicas y que toma ocho fármacos al día. Para atenderle bien se necesitarán cada vez más enfermeras. “Ahora estás muy sola”, lamenta Lekuona. “La responsabilidad es enorme, en muchas residencias no hay médico y lo gestionas tú. Va una vez a la semana, y si no, por teléfono. Antes de la pandemia podías enganchar a alguien, pero ahora incluso los que tienes se te van. Estamos emocionalmente muy tocados por la pandemia. Solo el que ha vivido el infierno que fue esto sabe lo que ha sido”.
