INGRESO MÍNIMO VITAL: ¿Quién podrá cobrarlo y cuándo?
El Gobierno español prevé dar luz verde este mes de mayo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación no contributiva que otorgará la Seguridad Social para cubrir las necesidades básicas de las familias con menor nivel de ingresos y que no estará ligada a una contraprestación ni social ni laboral por parte del perceptor. El objetivo de la medida es combatir la pobreza y la exclusión social en un momento en el que es previsible que la situación se agrave por el impacto que está teniendo la Covid-19 en la economía.
En este sentido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confía en que la prestación eliminará “casi completamente” la pobreza extrema que, según sostiene, sufre un 20% de los hogares españoles.
Por su parte, el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno, Pablo Iglesias, defendía este viernes en un artículo elaborado junto a las ministras de Trabajo de Italia y Portugal la necesidad de crear desde un marco común prestaciones de ingreso mínimo vital para todos los estados miembros de la Unión Europea (UE).
La creación del IMV ha ido acompañada de polémica desde su anuncio por las discusiones que ha generado en el sí del gobierno de coalición y aún existen algunos interrogantes sobre la manera en la que se aplicará y qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios. No obstante, a continuación se detallan las principales cuestiones que han trascendido sobre la futura prestación.
¿Cuándo comenzará a cobrarse el Ingreso Mínimo Vital?
De aprobarse esta mes la nueva prestación y entrar en vigor, el Gobierno espera que se puedan comenzar a realizar los primeros pagos en el mes de junio. De este modo el Ejecutivo español pretende agilizar la implementación de esta medida coincidiendo con el aumento notable del paro y las condiciones económicas de millones de personas en España a consecuencia de la pandemia del coronavirus.
De cumplirse este nuevo plazo, la prestación llegaría un mes más tarde de lo prometido a mediados de abril por Pablo Iglesias, que aseguró que haría todo lo posible para que el Ingreso Mínimo Vital se cobrase a partir de mayo.
¿Quién podrá beneficiarse de la nueva prestación?
El IMV podrán percibirlo las familias que se encuentran en una situación de pobreza extrema –un 20% del total– así como una parte de aquellas que sufren “pobreza mediana”, según adelantó recientemente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. José Luis Escrivá también detalló que se tendrá en cuenta el número de hijos para fijar la cuantía y se contempla un complemento adicional para las familias monoparentales con bajos ingresos.
En total, se calcula que la prestación llegará a más de un millón de hogares, la mitad de ellos con hijos menores y un 10% monoparentales.
El nivel de renta y el patrimonio que posean las familias solicitantes determinarán si se tiene derecho a cobrar la prestación y en qué porcentaje. Además, será compatible con tener ingresos laborales, aunque aún se están acabando de concretar cuáles serán los umbrales máximos que permitan cobrar la ayuda.
¿Qué cantidad de dinero se cobrará?
Según ha trascendido en algunos medios, la propuesta inicial contemplaba que la cuantía mínima de la prestación se situara en torno a unos 500 euros mensuales, pero las fuentes oficiales aseguran que la cifra definitiva todavía se está ultimando.
Asimismo, el IMV será compatible con otras ayudas autonómicas o municipales, por ejemplo, la renta garantizada de ciudadanía de Catalunya. Otro aspecto destacado es el tiempo durante el cual los beneficiarios podrán recibir la prestación. “El ingreso mínimo vital será una medida estructural, indefinida, a diferencia de todas las demás, que son temporales”, precisó el ministro en una entrevista.
¿Cómo se tramitará la prestación?
El Ministerio está diseñando un sistema multicanal para hacer la solicitud con el objetivo de poder llegar a los más vulnerables, según detalló Escrivá recientemente, por lo que prevé que se pongan en funcionamiento canales de tramitación adicionales en otras administraciones, además de los que ya existen en la Seguridad Social.
¿Qué coste tendrá para las arcas públicas?
El Gobierno estima que la implementación total de la medida tendrá un coste anual para las cuentas estatales de 3.000 millones de euros, que deberán incluirse en los Presupuestos Generales del Estado.
