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España se ha visto sorprendida otra vez por una crisis económica con una cifra récord de trabajadores a sueldo de las administraciones públicas. Ocurrió en 2008 y ha vuelto a ocurrir ahora, tras desencadenarse la crisis del coronavirus. Y todo ello tras años en los que se ha disparado la cifra de interinos.

En 2010, cuando la recesión colocó al borde del precipicio las cuentas públicas de España, la Administración se vio forzada a poner a dieta sus gastos. Una de las consecuencias fue el recorte de plantillas: el empleo público empezó a reducirse en 2011, pero apenas tres años después ya estaba remontando. Y no ha dejado de crecer con fuerza desde entonces, de modo que ahora España ya está otra vez en cifras de récord.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), cuando más empleados públicos hubo en nuestro país fue a finales de 2011, cuando se llegó a los 3,3 millones de asalariados; ahora, el sector público tiene 3,25 millones de trabajadores, pero con una sustancial diferencia respecto a 2011: ahora hay muchos más interinos y menos funcionarios de carrera.

La Administración española ha batido todos sus récords de interinos: alrededor de 900.000, según las tres últimas EPA. La del primer trimestre del año situaba la cifra de interinos en 892.800, tras una escalada que se viene produciendo desde hace años, de forma sostenida. En el primer trimestre de 2013 había 559.700 interinos en el sector público español, dos años después ya eran 622.500, en el primer trimestre de 2017 se había subido hasta los 686.100, a principios de 2019 la cifra alcanzó los 862.800, y en este último año las administraciones españolas han engordado con otros 30.000 interinos. En total, en siete años, 333.000 más.

Se trata de plazas que la Administración ocupa con contratados temporales, en vez de cubrirlas empleados públicos de carrera que han obtenido un puesto en propiedad tras el correspondiente proceso selectivo. La normativa establece que los puestos cubiertos por interinos deben ser una circunstancia excepcional y pasajera. Entre otras cosas, para asegurar que el empleo público se dota con personal de carrera, por oposición, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Administración.

Sin embargo, el sector público español transita ahora también en tasas récord de temporalidad. No solo es ahora cuando más interinos hay en número absoluto, sino que la proporción que representan sobre la plantilla total de la Administración anda disparada en tasas de récord: hace siete años, tras ponerse «a dieta» el sector público, los interinos suponían el 19% de todos sus asalariados; ahora son el 27,5%.

Datos por comunidades

Los gobiernos autonómicos son líderes en la materia. Entre otras cosas, porque las administraciones regionales son, con mucha diferencia, las que concentran la mayor parte del empleo público en España. Y también de los interinos.

Contando los asalariados al servicio de todas las administraciones (la periférica del estado, las locales y la autonómica correspondiente), prácticamente todas las regiones tienen una tasa de interinidad del empleo público superior al 25%. Cinco superan el 30% y una, el País Vasco, roza el 40%. En ránking lo lideran Navarra, con una tasa de temporalidad del empleo público del 33,3%; Canarias, con el 34%; Extremadura, 35,1%; Cantabria, 36,3% y el País Vasco, con un 38,7%.

Frente a las voces de economistas que alertan del elevado déficit público en el que está instalada España, y del riesgo que supone el aumento constante de los costes estructurales de la Administración, desde los sindicatos defienden el aumento del empleo público que se ha producido, para recuperar las plantillas tras los recortes aplicados en la anterior crisis.

El 57%, a sueldo de las autonomías

La mayor parte del empleo público español depende de los gobiernos regionales. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), las administraciones autonómicas concentran el 56,8% de todos los trabajadores públicos que hay en nuestro país, mientras que el 20% dependen de las administraciones locales (ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares), apenas un 18% son empleados de la Administración central y de la Seguridad, y en torno al 5% son asalariados de entes vinculados a las distintas administraciones.

La abultada plantilla de las autonomías está directamente relacionada con la sanidad y la enseñanza públicas, dos grandes servicios muy intensivos en personal y que son competencia de las administraciones regionales.

Desde el primer trimestre de 2014, las autonomías han ampliado sus plantillas un 15,5% -han sumado otros 247.400 asalariados, según la EPA-. Las entidades locales han engordado un 7,7%, y un 5% la Administración central y de la Seguridad Social.