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El Gobierno ha aprobado el ingreso mínimo vital para 2,2 millones de ciudadanos de España como un instrumento para aplacar la pobreza extrema y las desigualdades entre los más vulnerables. «Hoy es un día histórico, nace un nuevo derecho social en España», anunciaba el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado el visto bueno de la medida recordando que la urgencia de la crisis sanitaria ha obligado a acelerar la puesta en marcha de la ayuda.

«España tiene un problema de pobreza alta importante. Hay un problema de desigualdad, que emerge por la falta de acción del poder público. Desde el año 2014 el Consejo Europeo se ha estado dirigiendo a España diciendo que tenemos un problema aquí. Es importante diseñar bien las política», explicaba el ministro arquitecto de la estructura del ingreso mínimo vital José Luis Escrivá. «Pensamos que podemos llegar a más de un millón de personas en situación de pobreza extrema lo que significaría reducir en un 80% el número de situaciones de este calibre», aseguraba el ministro Escrivá en una rueda de prensa en la que también participó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El ingreso mínimo vital ya es una realidad en España. Desde este mismo sábado, una vez se publique la norma en el BOE los ciudadanos más vulnerables, en situación de pobreza y exclusión social podrán solicitar la prestación para comenzar a cobrar a finales del mes de junio, tal y como explicó esta semana el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Pero ¿quienes serán los principales beneficiarios de la medida en nuestro país?

Hasta un 30% de las personas sobre las que recaerá el ingreso mínimo serán menores de edad. Y es que la definición de la ayuda que viene avanzando el Ministerio de Seguridad Social trata con especial atención a colectivo de los menores y de los hogares monoparentales. Son los más vulnerables y ya en numerosas ocasiones los organismos internacionales como la Comisión Europea han instado al Gobierno a aplacar los elevados niveles de pobreza infantil que asolan nuestro país, solo superados en la Unión Europea por Rumanía. De ahí que para las familias que ya perciban una asignación económica por hijos o menores acogidos a cargo a cuenta de la Seguridad Social no tengan que cursar la solicitud para tener acceso a la nueva medida de protección social, sino que el reconocimiento se producirá de modo automático.

Además, según los detalles conocidos por este medio, de los 850.000 hogares que percibirán la ayuda, el 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales. Y en ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer. «Existirá una diferenciación extraordinaria en función del tipo de hogar. Va a haber 12 tipos de hogares distintos que van a tener umbrales diferentes de renta que se les va a cubrir, con un foco particular en los hogares monoparentales porque lo hemos estudiado y se ha observado que hay una vulnerabilidad especial. Hay un plus adicional en la renta que se va a garantizar», explicaba el ministro Escrivá. Un plus que tal y como confirmó el ministro se sustanciará en que la persona pueda compatibilizar el cobro de la prestación y de una nómina durante un periodo determinado, a pesar que la suma de ambos ingresos rebase el umbral mínimo vital.

Recomendaciones europeas
Desde el Ejecutivo recuerda sobre el alumbramiento de la medida que estaba en el acuerdo de Gobierno como la política estrella para reducir la tasa de pobreza de España -mayor que la de los países de nuestro entorno- y que «aspira a hacer más redistributiva la acción del Estado, otra de las carencias estructurales de nuestro Estado del bienestar». Recuerdan así fuentes que es una prestación habitual en los países de nuestro entorno y que el fortalecimiento del sistema de rentas mínimas español (débil y fragmentado) es una recomendación recurrente de las instituciones europeas. «Esta semana, en el contexto del Semestre Europeo, la Comisión la volvió a recordar que necesitamos reforzar el sistema de rentas mínimas para reducir la pobreza y la desigualdad», explican.

De este modo, el punto de partida de la prestación es corregir los problemas estructurales de acceso a oportunidades que crea la alta desigualdad ya que la pobreza imposibilita a los hogares más vulnerables acceder a oportunidades de formación y de empleo y les hace imposible invertir en llevar a cabo sus proyectos de vida, lo que les condena a una exclusión social estructural.

¿Cómo funciona el ingreso mínimo?
El ingreso mínimo vital va a fijar un umbral para cada tipo de hogar (dependerá del número de miembros, y se establece un complemento adicional para las situaciones de monoparentalidad), de modo que el mínimo de renta necesario para acceder diferirá en función del tipo de familia. Una vez analizadas las rentas que tenga ese hogar (incluidas las salariales), el ingreso cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado para ese tipo de hogar. Las cuantías van desde el equivalente a una pensión no contributiva para un adulto solo (unos 460 euros al mes en 12 pagas) a algo menos del SMI (1.000 euros al mes en 12 pagas). Recaerá en 2,2 millones de personas pertenecientes a 850.000 hogares con un coste anual de 3.000 millones de euros.

Además de analizar las rentas, también se hará un test de riqueza, de modo que cuando se presente la solicitud se comprobará que el beneficiario no supere un determinado umbral de patrimonio (descontando la vivienda habitual). Con ello, se asegura el acceso a personas realmente vulnerables y no sólo a personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez pero, por ejemplo, con un considerable patrimonio inmobiliario. En este punto, para un solo individuo el valor del patrimonio no podría ser superior a los 16.400 euros, mientras que se eleva el listón en función de los miembros de la unidad familiar hasta los 46.000 euros.

En este punto, se han establecido hasta 12 tipos distintos de unidades familiares con diferentes umbrales de ingresos mínimos para el acceso a la prestación y con umbrales diferentes de patrimonio que configura el marco para poder acceder a esta nueva ayuda. De este modo, la cuantía de las pagas iría desde los 462 euros en caso de que sea un adulto el perceptor del ingreso mínimo vital, hasta los 1.015 euros mensuales en caso de tratarse de dos adultos con más de dos hijos a su cargo los beneficiarios de la ayuda. Se prevén rentas de 700 euros mensuales para un adulto con un hijo a cargo; 838 euros en caso de ser un adulto con dos hijos a cargo; y de 977 euros para un adulto con tres o más hijos a cargo. En el caso de ser dos cabezas de familia, aparte del caso mencionado en el que se concedería la ayuda de 1.015 euros, si los beneficiarios son dos adultos sin hijo a cargo la ayuda ascenderá hasta los 600 euros al mes; hasta los 738 euros en caso de ser dos adultos con un menor a cargo; 877 euros si se trata de dos adultos con dos hijos a cargo; mientras que si se trata de tres adultos sin cargas se prevé una ayuda de 730 euros y de hasta 877 euros para tres adultos con un menor a cargo.

La prestación será compatible con las rentas mínimas de las CCAA, de forma que el ingreso mínimo fijará un suelo común para los hogares que cumplan los requisitos y las CCAA podrán complementar estos ingresos, en la forma en que ellas lo consideren oportuno. Además, estará ligado a la puesta en marcha de estrategias para mejorar la inclusión. Estas medidas, establecidas por las comunidades autónomas y entes locales en el ámbito de sus competencias, estarán vinculados a la participación en el mercado de trabajo y también al acceso a la formación y serán específicos a las características de cada beneficiario. Por ello se incorporarán incentivos al empleo, de tal forma que las personas que se beneficien de la ayuda no se vean penalizados en términos de la prestación al acceder a oportunidades laborales.