Cientos de cuidadoras domésticas protestan contra la precariedad
Al menos medio millar de cuidadoras domésticas procedentes de toda España, convocadas por la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio, han participado este domingo en una manifestación en Madrid para protestar contra la precariedad y la discriminación que padece su sector.
Al grito de «estamos cansadas de ser discriminadas», «Yolanda (Díaz), escucha, el SAD (servicio de ayuda a domicilio) está en lucha», o «la Ley de Dependencia no es un negocio», las cuidadoras y otros manifestantes que se han unido a la marcha han desfilado durante una hora por el centro de Madrid, entre la plaza de la Villa y la puerta del Sol.
Su principal reivindicación es la aplicación en condiciones de igualdad la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de modo que se puedan reconocer como «enfermedades profesionales» las dolencias que padecen a consecuencia de su trabajo, así como la reducción de la edad de jubilación y la recuperación de la gestión pública del servicio que prestan.
«Todas tenemos lesiones de espalda, hernias discales o tendinitis», señaló Teresa Villar, cuidadora jubilada, «queremos unos derechos mínimos como cualquier otro trabajador, el sector sociosanitario a domicilio, a diferencia de las que trabajan en residencias, padecemos una exclusión de hecho y queremos que esa discriminación deje de producirse».
Carmen Diego, procedente de Gijón y con más de 32 años de experiencia en la atención a domicilio, aseguró que el sector se encuentra «en la precariedad absoluta» y que sus enfermedades profesionales están «camufladas», no se les reconocen.
Ambas participan en una acampada desde el pasado 1 de noviembre frente a la sede del ministerio de Trabajo para pedir una reunión con la ministra Yolanda Díaz.
Esa reunión iba a producirse el pasado lunes 15 de noviembre pero las afectadas decidieron cancelarla ante las condiciones que les planteó el jefe de gabinete.
«Era una reunión vacía de contenido, sin hoja de ruta y sin puntos en el calendario y a cambio nos pedían levantar la acampada», señala Villar: «Le dijimos que no estábamos ahí para hacernos una foto».
Las manifestantes consideran que en gran medida la precariedad que padecen se debe a «la privatización» del servicio público que prestan y que contempla la Ley de Dependencia. Entre las asistentes había trabajadoras de grandes grupos como Clece o Sacyr que se resistían a dar sus nombres por miedo a las represalias.
«Es un servicio público pero la gestión es privada y al licitar las empresas se ven obligadas a pujar a la baja para conseguir el contrato, lo que se traduce en una mala calidad del servicio y en malas condiciones de trabajo para nosotras», explica Villar.
Elena, procedente de Valladolid, aseguró que están «muy mal pagadas» y que su trabajo es cada día más duro. «Hemos estado en primera línea en la pandemia y no nos sentimos reconocidas», ha lamentado.
