Ayuso apuesta por el ladrillo para afrontar la crisis
Con las heridas abiertas por el estallido de la burbuja inmobiliaria aún sin cicatrizar, la Comunidad está centrando en el sector de la construcción su estrategia para afrontar la crisis económica provocada por el coronavirus. Isabel Diaz Ayuso apuesta por liberar suelo, quiere aprovechar el impulso del proyecto de Madrid Nuevo Norte, y acaba de enviar a la Asamblea una reforma legislativa clave: eliminar la mayoría de las licencias urbanísticas, modificando la ley del suelo para sustituirlas por una declaración responsable. La estrategia cuenta con el rechazo de toda la oposición, salvo Vox.
Madrid, la región que más aporta al PIB de España, afronta un horizonte económico dantesco. En los últimos dos meses, 138.000 personas han perdido su empleo, 450.000 han sido incluidas en un ERTE, y uno de cada tres autónomos ha perdido su negocio, según detalló Díaz Ayuso el pasado jueves en la Asamblea. Cada semana de confinamiento, aseguró la presidenta, cuesta 18.000 puestos de trabajo, porque quiebran 1.000 empresas cada una. Una debacle, añadió, que ha provocado ya la pérdida “de 4.000 millones de riqueza” y que a la larga supondrá, como mínimo, un recorte del 10% el PIB regional y la pérdida de más de 400.000 empleos. Para frenar la crisis, e intentar reactivar la economía, su equipo tiene una primera apuesta: el sector de la construcción.
“El PP encuentra siempre una solución a todos los problemas, la pena es que siempre es la misma y siempre es errónea: el ladrillo”, coincide Jacinto Morano, de Unidas Podemos IU Madrid en Pie, partido que ha pedido a la viceconsejería de Medioambiente que revoque la tramitación del anteproyecto de reforma de la ley del suelo, registrando un recurso de alzada al considerar un “fraude de ley” que se realice durante el estado de alarma. “Lo hicieron construyendo hospitales pero reduciendo camas o haciendo ciudades de la justicia sin juicios”, ironiza. “Lo que necesita Madrid es avanzar a un modelo productivo de alto valor añadido y estabilidad en el empleo, no volver a hinchar la burbuja inmobiliaria para facilitar el negocio de los amiguetes”.
“La presidenta ha manifestado que el modelo productivo debe anclarse nuevamente en el ladrillo, ignorando de lleno el modelo de Desarrollo Urbano Sostenible, que en el conjunto del país se puso en marcha con la Ley de Suelo de 2007 y que todas las Comunidades han reflejado en su legislación urbanística, salvo la de Madrid”, lamenta Rafael Gómez Montoya, del PSOE. “Esta iniciativa tiene también mucho de marketing y búsqueda de repercusión mediática, con un objetivo engañoso que dice contribuir a reactivar la actividad inmobiliaria como motor económico de la región. Paradójicamente, no va acompañado de un informe económico serio”, apunta. “Si de verdad se quiere solucionar el problema del tiempo en la concesión de licencias, deberían regularse con claridad los plazos en la ley autonómica y contratar más trabajadores en la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad”.
El Ejecutivo ha formado un comité de expertos para organizar un plan con el que dinamizar la economía regional, y defiende que sus soluciones no están centradas exclusivamente en la construcción: ayer, por ejemplo, anunció que pretende crear 50.000 puestos de trabajo a través de casi 300 proyectos del Canal de Isabel II que movilizarán 1.700 millones de euros en 2020 y 2021.
Su margen de acción, sin embargo, es limitado, porque gobierna en minoría. Hasta ahora solo ha puesto en juego dos proyectos legislativos a la Asamblea. El primero, una modestísima rebaja fiscal, fue tumbado por el choque entre Cs y Vox. El segundo, que supone reformar la ley del suelo en lectura única, para acelerar los plazos y culminar el cambio este verano, volverá a depender de la decisión de la extrema derecha, en principio proclive a apoyar la reforma.
Así, la aritmética parlamentaria depara toda una paradoja. La eliminación de las licencias que persigue el Gobierno dependerá de Rocío Monasterio, arquitecta antes que política, y rodeada, precisamente, de una polémica por los visados de sus proyectos.
