Precariedad de los 223 nuevos médicos de Familia en Madrid
De palabra les prometieron estabilidad, mantenerse en un solo centro de salud, trabajo hasta el 31 de diciembre, como al resto de refuerzos con los que se comprometió la Comunidad por la crisis de la covid-19: 10.167 en total, que aún no se han formalizado. Sin embargo, cuando ha llegado el momento de firmar esos contratos, los 223 exresidentes de Medicina de Familia y Comunitaria desde el pasado 26 de mayo se han encontrado con un futuro diferente: no les aseguran la permanencia hasta final de año ni la asistencia en un solo centro, han anulado la posibilidad de que se produzcan los contratos de sustitución y por vacaciones que ellos ya habían acordado con sus direcciones médicas y, denuncian, les están “presionando” para que acepten lo que les dan.
Estos nuevos especialistas —“que se incorporan a partir del 1 de junio”, dijo la Consejería—, eran un refuerzo esperado por los centros, en los que, en este estadio de la crisis, recae el peso del control de la pandemia, junto a Salud Pública. Pero algunos están rechazando los contratos. “Cuando piensas que no hay margen de empeorar, empeora”, alega una de esas residentes, Cristina Sanz. “Son apagafuegos, es decir, con condiciones que no quiere aceptar nadie, sin estabilidad, para moverte de aquí allí según les venga bien aunque te dicen que no, que es para que te quedes en un solo centro, y además ahora están presionando desde la Gerencia para que se acepten”, explica.
En uno de esos contratos queda por escrito lo que explican estos facultativos. El documento, “Nombramiento de personal estatutario de carácter eventual”, no fija el 31 de diciembre como fecha de vencimiento, sino que dicta que “finalizará con anterioridad a la fecha indicada siempre que desaparezca la necesidad de Recursos Humanos de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria, como consecuencia del incremento de los efectivos existentes a la fecha de la firma del presente nombramiento en la categoría objeto del mismo”.
Además, el contrato no se firma con un único centro de salud, sino con la Dirección Asistencial en cuestión. En este caso, con la del Sureste, con sus 39 localizaciones correspondientes. Borja Apellániz, uno de esos nuevos especialistas, está ahora mismo cubriendo una baja: “Cuando se acabe, todo lo que yo había acordado con mi centro queda anulado. Tenía apalabrado trabajar de julio a septiembre cubriendo a distintos compañeros por sus vacaciones, pero ahora nos informan desde la Dirección Asistencial que se ha prohibido y nos dan la opción de que hagamos lo mismo pero firmando uno de esos contratos de refuerzo de covid-19, para que conste como tal. Pero no nos fiamos, porque las condiciones no son las mismas”.
Tanto Apellániz como Sanz aseguran que estos acuerdos “son indignantes”. Ambos, como el resto de sus compañeros, han trabajado durante lo peor de la pandemia; primero en sus centros de salud, luego en Ifema, donde fueron derivados desde el 21 de marzo, y de nuevo en sus centros de salud. “Y ahora esto, normal que muchos se estén yendo a otras Comunidades, a Urgencias de los hospitales o a la privada”, apostilla la médica. Territorios limítrofes como Castilla y León o Castilla-La Mancha, están ofreciendo contratos por hasta un 30% más de sueldo y con duración de hasta dos años.
