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El coronavirus, además de un grave problema sanitario, ha sido un nuevo factor de incertidumbre para la maltrecha economía española y castellanomanchega. Son miles las personas que con la pandemia, e incluso ya antes, han perdido su puesto de trabajo o lo ven peligrar por los vaivenes que ha provocado el Covid-19, entre caídas de negocio, bajada de ingresos y ERTE, cuando no ERE o despidos.

Para intentar paliar esta situación, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una nueva convocatoria del Plan de Empleo, que además tiene como prioridad a las personas que hayan perdido su puesto de trabajo como consecuencia del virus. Una edición que contará con un presupuesto de 102 millones de euros y que abrirá el plazo para la presentación de proyectos el próximo martes, después de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Fue el presidente, Emiliano García-Page, el que presentó este viernes el Plan de Empleo 2021 junto con los agentes sociales —Cecam, CCOO y UGT—, en un acto celebrado en el Palacio de Fuensalida en el que también participó la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. Entre las novedades de este año, está el hecho de que incorpora acciones de orientación y la elaboración de itinerarios de inserción laboral para las personas beneficiarias, que según calculan desde el Gobierno regional pueden llegar a 15.000 contrataciones, especialmente para aquellos que tienen dificultades de inserción por parte de las entidades locales.

El Plan de Empleo 2021 abrirá el periodo para la presentación de proyectos desde el próximo martes hasta el próximo 16 de junio, inclusive, después de que se publique el lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. La convocatoria de este año duplica en cuantía a la anterior, con 102 millones de euros. «Es la más ambiciosa de la historia del plan en la región», tal y como señaló Patricia Franco, que destacó las importantes novedades que incluye en su ejecución este año.

«Por un lado, ampliamos de 12 a 16 meses el periodo de ejecución de los proyectos acogidos a esta convocatoria, por lo que los ayuntamientos tendrán hasta septiembre de 2022 para llevarlos a cabo», anunció la consejera. Pero, según apuntó, también primará aquellos proyectos que estén relacionados de manera directa con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los pilares que establece para la aplicación de fondos europeos: la economía verde, la digitalización, la apuesta por la igualdad y la vertebración territorial a través de la economía inclusiva.

El resto de las novedades, avanzadas en la fase de tramitación y diseño del Plan, son la ampliación de la cobertura hasta el 85 por ciento de los costes laborales por parte de la Junta y las cinco diputaciones que colaboran en la financiación del Plan, la flexibilización en el modelo de contratación para los ayuntamientos de menos de 500 habitantes, también la flexibilización en la modalidad de las contrataciones, de hasta un 40 por ciento de los contratos, y la reserva de un 25 por ciento de plazas para las personas en riesgo de exclusión social, un 7 por ciento de ellas para personas con discapacidad. «Además, nos marcamos como objetivo que el 55 por ciento de las contrataciones sean para mujeres», afirmó la consejera.

Patricia Franco agradeció a los agentes sociales que el compromiso por la mejora de la empleabilidad de 15.000 personas en la región «sea un compromiso compartido para poner en marcha el plan más ambicioso de la historia en el momento más complicado», y valoró «la disposición al diálogo y el esfuerzo por el entendimiento y el consenso a la hora de diseñar el Plan, que va a suponer un escenario de oportunidades».