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El Pacto de Toledo no se plantea endurecer las jubilaciones anticipadas, algo que el Gobierno quiere hacer en el corto plazo, tal y como reconoció recientemente el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Así lo manifestaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación, que descartaron que vayan a tomar alguna medida a este respecto en el texto que ahora mismo está en fase de redacción.

Es más, en este momento en la comisión hay un amplio debate en torno a si se deben eliminar las penalizaciones que hay en la actualidad para los trabajadores que quieran acceder al retiro antes de tiempo y cuentan con amplias carreras de cotización. Esta es una reivindicación que vienen haciendo desde hace años los sindicatos y la asociación Asjubi 40, que exige que se eliminen los recortes a las jubilaciones anticipadas, en muchas ocasiones de manera forzada, cuando se tienen más de 40 años de cotización. Esta petición parece que se ve con buenos ojos tanto desde el Ministerio de Seguridad Social como desde el Pacto de Toledo.

A día de hoy hay cerca de 650.000 pensionistas que se jubilaron anticipadamente, algo que en la mayor parte de los casos conlleva un recorte en su prestación. Así, más del 80% de ellos, un total de 531.472 jubilados, han sufrido una merma de su pensión que en algunos casos llega hasta el 40%, pese a que tienen a sus espaldas más de 40 años cotizados y la mayor parte procede del desempleo. Concretamente, pierden entre un 6,5% y un 8% de sus ingresos por cada año que adelanten su retiro.

Acuerdo inminente

Por ello, lo que piden es que se eliminen esos coeficientes reductores para todos estos pensionistas afectados, así como a futuro, siempre y cuando puedan acreditar más de 40 años de cuotas, algo que Escrivá se ha mostrado dispuesto a estudiar y ahora valora también esta comisión parlamentaria.

Pero lo que el ministro de Seguridad Social ya ha anunciado es que habrá un endurecimiento de la jubilación anticipada con carácter general, algo que no recomendará el Pacto de Toledo en el acuerdo que prevé cerrar en dos o tres semanas. El objetivo de Escrivá es que por cada año que un trabajador adelante su jubilación se le recorte un 8% la pensión, pero en términos reales, algo que afectaría particularmente a las rentas altas.

La propuesta que tiene encima de la mesa el ministro es cambiar el modelo actual de desincentivos a las jubilaciones anticipadas, ya que, a su juicio, «no está bien diseñado», a la vista del «exceso de jubilaciones anticipadas voluntarias» que hay. Más del 40% de las jubilaciones se producen antes de la edad legal, muchas de ellas forzosas pero uno de cada seis jubilados se retira antes de tiempo voluntariamente. En la actualidad existen unos coeficientes reductores que oscilan entre el 6,5% y el 8% de merma de la base reguladora (que es sobre la que se calcula la prestación final) por cada año que un trabajador adelanta su retiro. Sin embargo, como la reducción se aplica sobre la base reguladora y hay multitud de excepciones, en realidad para muchas personas esa reducción se sitúa en el entorno del 2%-3%, lo que es «un desincentivo bajo», según precisó Escrivá recientemente. Se trata mayoritariamente de trabajadores con rentas altas, aunque cabe destacar que muchos de ellos cuentan con largas carreras de cotización en las que han cotizado por la base máxima.

Más incentivos

Lo que en principio tampoco contempla esta comisión parlamentaria encargada de diseñar la reforma de las pensiones es modificar la edad legal de jubilación, aunque sí recomendará «mejorar los incentivos sociales, fiscales y laborales» a quienes se jubilen más tarde, otra de las medidas que el Ejecutivo pretende poner en marcha. A su vez, abogan por fomentar la jubilación activa, para que más trabajadores puedan compatibilizar pensión y empleo.

Por otra parte, el Pacto de Toledo mantendrá el derecho de los funcionarios de las clases pasivas de poder jubilarse a los 60 años, siempre que hayan cotizado 30 años, según confirmó este periódico. Se trata de un régimen extinto pero en el que todavía figuran decenas de miles de profesores, militares, o personal de la Administración General del Estado y del Ministerio de Justicia.