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La Comisión Europea aprobará este miércoles su esperado plan de recuperación económica tras la pandemia. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen se juega gran parte de la credibilidad de su mandato con este proyecto, del que depende también la estabilidad e integridad del mercado europeo. El plan llega con tres semanas de retraso sobre el mejor calendario previsto. Y le espera por delante un agrio debate entre los Estados miembros sobre el volumen de su financiación y, sobre todo, sobre su distribución mediante subsidios o préstamos.

Von der Leyen apuesta por una fórmula que combine tanto las ayudas a fondo perdido como los créditos reembolsables, una mezcla con la que pretende satisfacer a los países más golpeados por la crisis, como Italia o España, y a los llamados frugales (Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca).

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, ya han dejado clara su disposición a respaldar un fondo de medio billón de euros financiado con deuda europea que se inyectaría completamente en forma de subsidios. Los frugales aceptan la creación del fondo, pero piden limitarlo a dos años y que se canalice en forma de préstamos.

La presidenta de la Comisión Europea intenta buscar un compromiso entre ambas posiciones que facilite la rápida aprobación tanto del plan de recuperación como del Marco Financiero Plurianual (2021-2027) de la UE al que está vinculado. Pero algunos miembros de la Comisión temen que Von der Leyen extreme la búsqueda del equilibrio y acabe por presentar una tímida propuesta que, durante la negociación entre los Estados, podría quedar aún más reducida.

El grupo “expansivo” de la Comisión, encabezado por el francés Thierry Breton y el italiano Paolo Gentilloni, presiona para que de la reunión de este miércoles salga una propuesta equivalente al 10% del PIB de la UE, es decir, 1,5 billones de euros. Eso permitiría dar a la economía europea el fuelle que Bruselas prevé que pierda a un año vista y lanzar una potente señal a los mercados sobre la defensa de la moneda única. “Por primera vez [norte y sur] tenemos un denominador común sobre los objetivos que compartimos para el futuro”, sostuvo este martes el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en un encuentro organizado por el think tank socialdemócrata FEPS.

A falta de la cifra final, Von der Leyen ya tiene esbozado de manera casi definitiva la estructura del futuro plan. Su intención es proponer la elevación temporal del umbral de recursos propios del presupuesto del club (una especie de techo de gasto), que pasaría del 1,2% al 2% de la Renta Nacional Bruta de la UE. El margen adicional, de más de 100.000 millones de euros, se utilizaría en forma de avales de los Estados para la emisión de deuda conjunta de la UE. La emisión podría oscilar entre 300.000 millones y 500.000 millones y sería amortizada a través de los futuros marcos presupuestarios del club en un periodo de 20 o 30 años.

Los recursos obtenidos por esa vía se canalizarán, prioritariamente, hacia los Estados y los sectores más golpeados por la pandemia. Y buscarán facilitar una recuperación coherente con los objetivos medioambientales y digitales que se ha marcado la Unión para la próxima década. El banco de inversión Goldman Sachs estima que España podría recibir entre 65.000 y 100.000 millones de euros, equivalentes a entre el 5% y el 8% de su PIB. La ministra de Economía, Nadia Calviño, advirtió este martes de que “la solución no puede ser más deuda a nivel nacional” si de lo que se trata es de que todas las economías europeas salgan fortalecidas.

El plan se articulará en tres pilares, con el 80% de las partidas al primero de ellos, dividido a su vez en dos partes, según los borradores: una facilidad (fondo) de resistencia y recuperación (alrededor del 90% de la partida) y un complemento al fondo de cohesión (10%).

Von der Leyen quiere vincular la facilidad de resistencia y recuperación, que es el grueso del plan, al marco de vigilancia macroeconómica denominado Semestre Europeo. Ese proceso incluye la presentación anual de programas nacionales de reforma y la emisión de recomendaciones por parte de la UE. El sistema carece de “dientes”, es decir, que su escasa agresividad hace que la mayoría de recomendaciones sean ignoradas año tras año por los Estados miembros, según fuentes comunitarias. Bruselas espera que la vinculación del sistema a la liberación de fondos de recuperación añada mordiente a las recomendaciones y permita garantizar que el dinero se gasta “de forma coherente, o al menos no contraproducente, con los objetivos marcados a nivel comunitario”.

Fondo para rescates
El segundo pilar del plan, de alrededor del 15%, se destinará “al reinicio de la economía”, según fuentes comunitarias. Se trata de reforzar el plan de inversión conocido como InvestEU. Pero incluye también dos grandes novedades. Una partida para financiar ayudas a las empresas de sectores cuya vulnerabilidad ha quedado de manifiesto durante la pandemia, como el sanitario y el farmacéutico. Y un instrumento para facilitar la recapitalización de empresas en los países que atraviesen dificultades presupuestarias y no puedan permitírselo con cargo a las cuentas públicas.

Este instrumento intentaría compensar el grave desequilibrio generado en el mercado interior con la relajación de las normas sobre las ayudas de Estado, que ha permitido a Alemania proteger de manera descomunal a su industria mientras el resto se ha tenido que conformar con un endeble apuntalamiento de dudosa resistencia. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, explicó el pasado lunes que Alemania concentra el 47% de todas las ayudas de Estado aprobadas por Bruselas. Le siguen, a mucha distancia, Italia (18%), Francia (16%), España (4%) y el Reino Unido (4%).

En el pilar empresarial es donde la Comisión pretende utilizar mayores tasas de apalancamiento, es decir, multiplicar los recursos públicos disponibles sumándole una teórica y potencial aportación del sector privado. El Parlamento Europeo ya ha advertido a Von der Leyen, en una durísima resolución, que no aceptará ingeniería financiera para llegar a una cifra de relumbrón sin contenido verdadero. Fuentes comunitarias creen que el reciente plan de Macron y Merkel, con medio billón de euros contantes y sonantes, permitirá a Von der Leyen rebajar el uso de los multiplicadores y presentar un plan más aceptable para el Parlamento.

El tercer pilar, que absorbería alrededor del 5% del plan, se destinaría a reforzar los mecanismos de protección civil y emergencia de los que ya dispone la UE.

Nuevos impuestos
La Comisión también tiene previsto proponer nuevas fuentes de financiación para el presupuesto de la UE, mediante impuestos vinculados a las dos grandes áreas de su programa de trabajo: medioambiente y digital. Hasta la llegada de la pandemia, la tasa con más posibilidades de ver la luz era la que penalizaba el plástico no reciclado. La industria, sin embargo, reclama a Bruselas una moratoria en ese plan, a la vista del incremento del uso del plástico que ha generado el confinamiento en muchos países.

Bruselas ha buscado alternativas y otras tasas apuntan a las importaciones procedentes de países donde no se respeten los objetivos de reducción de emisiones y a las grandes plataformas del sector digital, cuya facturación y valoración se ha incrementado durante la pandemia como consecuencia de un uso creciente de sus servicios.

La aprobación este martes del plan por parte de la Comisión marca el inicio de un debate previsiblemente tenso en el Consejo de la UE. El presidente del Consejo, Charles Michel, ha señalado este martes su confianza en que las diferencias puedan resolverse lo más rápidamente posible, dada la urgencia de acometer la recuperación. Pero se trata de un proceso minado y que en casi todos sus pasos requiere la unanimidad de los 27.

Además, la ampliación del techo de gasto del presupuesto de la UE requerirá la aprobación de los Parlamentos de todos los socios, lo que puede derivar en un complicado proceso de ratificación a la vista de la fragmentación en muchos de ellos. Eso podría retrasar su puesta en marcha, que los países del sur piden que se produzca el próximo septiembre para empezar a apuntalar la recuperación económica.

La carga legislativa requerida para todo el plan también es considerable. La Comisión aprobará este miércoles todos los proyectos que deben servir de base, que incluye 12 Reglamentos, la enmienda de otros seis Reglamentos, una Decisión del Consejo y del Parlamento, la enmienda del acuerdo institucional presupuestario y, tal vez la más delicada, la enmienda de la Decisión del Consejo que fija el techo de gasto.

Las instituciones ya han mostrado durante la crisis que la tramitación legislativa se puede acelerar hasta extremos inéditos, como se ha visto con la relajación de las normas de ayuda de Estado y la reforma de las normas de los fondos estructurales para acelerar su desembolso. “Si hay un acuerdo político, los plazos y los trámites no serán un obstáculo”, augura un alto cargo comunitario. A Michel y Von der Leyen les toca a partir de ahora buscar ese acuerdo político que permita la llegada de los primeros fondos de recuperación este mismo año.