60.000 millones en la factura de prestaciones y ayudas
La pandemia y la crisis económica y laboral desatada durante 2020 ha provocado que la protección pública sobre el tejido empresarial y sobre los trabajadores se haya disparado a niveles nunca vistos con anterioridad, incluso por encima de la terrible crisis financiera de 2008. De esta forma, la factura para cubrir las prestaciones de empleo se ha disparado exponencialmente durante el último año. El gasto total alcanzado desde diciembre de 2019 hasta noviembre de 2020 llegó a los 35.321 millones de euros –solo en materia de empleo–. El número de solicitudes de prestaciones a nivel nacional ascendió a 2.169.246, lo que representa un 217,8% más que el mismo mes del año anterior, y las altas tramitadas totalizaron 1.963.889, un 196,8% más. El importe desembolsado por las arcas publicas para cubrir las nóminas del desempleo se acercaría a 18.000 millones de euros.
Además de estos pagos, habría que sumar los desembolsos por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), subsidios –tanto extraordinarios como fijos–, incapacidades temporales, reposiciones agotadas y las últimas ayudas reconocidas a artistas o el sector taurino –que sumarían todos ellos casi 1.900 millones más–. Se añadirían también los 1,5 millones de autónomos que en algún momento de la pandemia han cobrado prestaciones extraordinarias por cese de actividad –ahora mismo quedan 349.342, frente a las 432.903 solicitudes que fueron registradas, es decir, que cerca de 100.000 fueron denegadas–. El importe total de estas prestaciones para autónomos sería de 5.340 millones.
A todas estas prestaciones se tendrían que sumar las cuantías correspondientes a las exoneraciones de cotizaciones empresariales por ERTE, que serían unos 6.350 millones, y de las cuotas de autónomos, otros 2.700, y 650 más en concepto de moratorias y aplazamientos de cotizaciones sociales. Todo este montante soponen los más de 35.000 millones de euros citados.
Pero la cuenta suma y sigue. Las moratorias legales hipotecarias y de consumo añadirían más de 23.000 millones, que sumados a los derivados de las ayudas del bono social, los arrendamientos y el ingreso mínimo vital elevaría la cifra final de prestaciones y ayudas entorno a los 60.000 millones de euros en 2020.
La evolución del nivel de estas prestaciones ha sido descendente a lo largo del último año, después de alcanzar su pico en primavera, por culpa del confinamiento general de la población y la hibernación de la economía. Así, en el mes de noviembre continuó consolidándose la senda de descenso del gasto en prestaciones de empleo, ya que estas se situaron en 2.430 millones, de los que 781 millones correspondieron a los pagos por ERTE, frente a los 968 millones de euros que se gastaron en octubre y los 944 millones de septiembre. Solo entre abril y noviembre, la prestación vinculada a los ERTE ascendió a un total de 14.173 millones de euros. La cobertura absoluta del sistema de protección por desempleo fue del 66,2%, por encima de la registrada en 2019 (64,8%).
El gasto medio mensual de prestaciones por desempleo por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de noviembre fue de 1.043,7 euros, lo que supone un aumento interanual de 154,6 euros (17,4%). La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario creció hasta los 862,5 euros. Por su parte, el gasto de las prestaciones de los beneficiarios extranjeros ascendió a 257,6 millones de euros (un 51,6% más que en 2019).
