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El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León advierte de la situación en la que se van a quedar los parados de 55 o más años en esta pandemia que parece no tener fin, y pide al Gobierno autonómico nuevas medidas que ayuden a este colectivo a reinsertarse en el mercado laboral para vitar su exclusión social en no mucho tiempo a tenor de la situación actual, tan complicada por la crisis sanitaria, económica y social al alza. Y especialmente, entre las mujeres, que es donde el CES ha detectado una mayor vulnerabilidad, para quienes reclama políticas de igualdad en el mercado laboral y, especialmente, en el medio rural.

El organismo que preside Enrique Cabero ve necesaria la puesta en marcha de un nuevo Plan de Empleo específico para los desempleados mayores de 55 años, que finaliza este año, y que incluya políticas activas y macroeconómicas que favorezcan su incorporación al mercado laboral. Asimismo, el CES autonómico reivindica que se favorezca un relevo generacional progresivo en la organización del trabajo, reduciendo, por ejemplo, su jornada laboral con la correspondiente disminución del salario. Para el CES solo esta medida permitiría a este colectivo retirarse poco a poco de la población activa y en buenas condiciones.

“Se trata de compatibilizar el mantenimiento del trabajo de estas personas con el rejuvenecimiento de las plantillas de las empresas y administraciones con la incorporación de jóvenes, para aprovechar la experiencia de las personas mayores y la capacidad de adaptación de las personas jóvenes”, asegura el Consejo Económico Social de la Comunidad, al que ha tenido acceso este periódico.

El CES insiste en el documento en que la crisis sanitaria “agudizará” los problemas de empleabilidad ya existentes entre las personas mayores de 55 años y considera que las políticas activas de empleo son el instrumento idóneo para promover la ocupación de calidad en el grupo de personas trabajadoras de mayor edad, a lo que han de unirse políticas macroeconómicas que complementen las políticas de empleo para minimizar los efectos de la crisis provocada por la pandemia.

También defiende el organismo que preside Cabero en la importancia de promover la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales, así como identificar aquellas actividades y ocupaciones del mercado laboral castellanoleonés en las que las personas de entre 55 y 64 años, con menor cualificación, estén presentes”, para asegurar su permanencia en el mercado de trabajo.

Igualmente, ve necesario también el diseño de itinerarios destinados a la población laboral de entre 55 y 64 años en desempleo, además de políticas que fomenten la permanencia en el mercado laboral de los que tienen empleo y la reinserción de los que lo han perdido, como forma además de promover el envejecimiento activo.

Y se muestra partidario de llevar a cabo políticas contrarias al retiro temprano y favorables al retraso de la edad de jubilación, ya que considera este organismo que podrían tener efectos positivos sobre la productividad agregada del factor trabajo.

Aprovechar la fortaleza del Diálogo Social

Para llevar a cabo todas estas medidas y dar respuesta a los problemas laborales de este colectivo de desempleados de 55 o más años, el CES considera “imprescindible» que se acuerden y se consensuen dentro del Diálogo Social tanto autonómico como local, “con políticas públicas que permitan transformar el sistema productivo en generador de más empleo y de mayor calidad, que sea capaz de absorber a todas las personas que en la actualidad están en desempleo», apunta.

Algo que, de producirse, el CES tiene claro que favorecerá la repoblación de Castilla y León. Sin embargo, el CES advierte de que para poder ejecutar todas estas medidas es necesario que haya recursos económicos “suficientes” , y por ello defiende que cualquier cambio que se adopte en el sistema de pensiones se encamine al establecimiento de un marco estable que posibilite el mantenimiento en la vida laboral de las personas de mayor edad laboral, con el máximo consenso posible en el marco del Pacto de Toledo”.