Trabajo aumentará las sanciones por fraude en ERTE un 20%
Seguir con el negocio abierto –aunque sea a medias– pero con la plantilla en ERTE ha sido el fraude más común que la Inspección de Trabajo ha encontrado y sancionado durante la pandemia. Los inspectores han descubierto hasta el momento cerca de 5.500 infracciones en empresas y autónomos societarios, a los que ha impuesto multas que totalizan un valor de 26 millones de euros. Hasta el mes de junio, última contabilización oficial, la autoridad laboral había abierto 33.553 expedientes, de los que los mencionados 5.500 acabaron en sanción, es decir, que el fraude en los expedientes temporales se ha detectado en una de cada seis empresas investigadas, el 16%.
Según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, hasta el 31 de julio se mantenían abiertos todavía alrededor de 97.000 ERTE, los que correspondían a 331.500 trabajadores afectados, aunque el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, rebajaba esta semana la cifra a 300.000 tras volver a la actividad 32.000 trabajadores durante la primera semana de agosto, la mitad de ellos en el sector turístico y la hostelería.
Además de mantener la actividad al margen de la legalidad, la segunda sanción más común se refiere al exceso horario de los trabajadores, cuando éstos tuvieron que trabajar más horas de las reconocidas en los expedientes parciales de reducción de jornada. Según fuentes internas de la Inspección, muchas de las pymes sancionadas por este concepto ofrecían a sus empleados que mantuvieran el cobro de la prestación por desempleo –marcada por el 70% de su base reguladora– y se les ofrecía complementar el total de su sueldo con una cantidad aparte.
Estas irregularidades están consideradas como «infracciones muy graves», con multas que van desde los 6.251 euros hasta los 187.515 euros, en tres niveles, hasta 25.000, hasta 100.005 y desde 100.006 euros. El Ministerio de Trabajo advierte que el último real decreto aprobado en este sentido ha endurecido aún más las sanciones, un 20%, y habilitado a la Inspección a que lleve a cabo un control más exhaustivo de estos expedientes. Para ello, pese a la época estival, ha redoblado el número de inspecciones y recuerda a los empresarios que decidan saltarse la ley que, además de las sanciones, estarán obligados a devolver las prestaciones, deducciones y exoneraciones concedidas durante el estado de alarma. Por este concepto, la autoridad laboral ha reclamado a las empresas casi un millón de euros.
Pero los empresarios no son los únicos que pueden ser sancionados por cometer irregularidades con los ERTE. También los trabajadores pueden sufrir las consecuencias. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social advierte que trabajar durante un periodo de ERTE de suspensión es una infracción muy grave que puede llegar a ser sancionada con la pérdida de prestaciones durante seis meses, así como con la exclusión de ayudas durante un año.
En los casos en los que las empresas falseen datos o sean inexactos y que faciliten indebidamente prestaciones públicas, “la empresa responderá directamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por la persona trabajadora, siempre que no concurra dolo o culpa de esta”, advierten desde Inspección amparándose en el real decreto.
