«Si la reforma se consuma va a arder la calle»
Más allá del fondo en el que el Gobierno pretende instalar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay un dolor profundo y manifiesto por haber sido excluidas del debate para reformar la normativa. También por la sensación que tienen los agentes de estar obligados a retar a la delincuencia en su propio terreno y con la presión añadida -e inquebrantable- de tener que ganarle.
Antes de abundar en las distintas formas de la pérdida de autoridad que aventuran, policías, guardias civiles y cuerpos autonómicos y locales se quejan amargamente de la incapacidad dialéctica del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El cambio por el que -entre otras cosas- no será necesario avisar de las manifestaciones, por el que se limitarán los materiales de uso de los antidisturbios o por el que se acota el tiempo de las identificaciones, ha despertado una sucesión de calificativos demoledora e implacable. Es una convulsión generalizada y sin grietas por parte de todos los Cuerpos afectados. Sin excepción.
Por primera vez en la historia, tanto sindicatos y agrupaciones de Guardia Civil, Policía Nacional, efectivos autonómicos y locales como agentes que no están adscritos a este movimiento se han dado la mano para protestar y lo harán en la macromanifestación que han organizado el próximo día 27, cuando pretenden sacar a 100.000 agentes a la calle. La reforma de la ley supone un disparo tan ajeno a su manera de trabajar que, resaltan, no les ha quedado otra que tomar Madrid para intentar hacer reflexionar al Gobierno.
«Lo más triste de todo es que ni siquiera nos hayan consultado ni se hayan sentado con nosotros para una reforma tan importante. Nosotros conocemos el terreno y nos han dejado al margen. Es un despropósito y una merma total a nuestras funciones. Podemos perder el carácter de agentes de la autoridad», razona Agustín Leal, secretario de comunicación de Jucil.
Leal se muestra inflexible con los planes para cambiar la normativa. «Esto es una traición. Es como si alguien le hubiera dado una hoja en blanco a un antisistema y le hubiera dicho ‘pon lo que quieras’». Es especialmente crítico con la vía libre a las manifestaciones espontáneas. «Si no sabemos que va a haber una protesta no podemos preparar un dispositivo antidisturbios, y una manifestación sin avisar que se puede volver multitudinaria y violenta, y en la que apenas tenemos dos horas para identificar, puede llegar a ser un caos. Si la reforma se consuma, va a arder la calle», advierte.
Dan carta blanca a la delincuencia y nos atan de pies y manos
Leal también quiere aclarar que la reivindicación de todos los colectivos va más allá de que se retire el uso de las pelotas a los agentes antidisturbios. «La pelota de goma siempre es la última opción de los agentes. Cuando sucede, se hace por la necesidad de mantener alejados a los manifestantes que ejercen algún tipo de violencia. Por lo general, se usan métodos menos lesivos. Esta nueva manera obliga a un cuerpo a cuerpo que no tiene sentido». «El perjudicado total de todo esto, el verdadero rehén, es el ciudadano porque es una reforma que favorece a bárbaros, violentos y antisistemas. No es propia de un país de la Unión Europea».
En la misma línea que Leal se pronuncia el delegado de Jupol y miembro de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía, los mal llamados antidisturbios, quien hace una profunda disección de la problemática que evidencia su profundidad. «Como policías, nos hierve la sangre que la gente no pueda hacer su vida. Esto es algo que afectará a la sociedad y pongo un ejemplo: si una manifestación, por no estar prevista, corta de manera sorpresiva una calle o una carretera puede hacer que no llegues a tiempo a la entrevista de trabajo de tu vida, a un examen, al médico con tu hijo o incluso a un parto. Que las vías de comunicación estén despejadas es esencial por muchas cosas. La reforma de la ley hace que se pierda el respeto a los demás».
El agente enumera las gestiones que se dejarán de hacer en caso de que se consume la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. «Cuando tenemos constancia de una movilización, hay previsión y por tanto establecemos puntos de seguridad o rutas alternativas de metro, pero si de repente aparecen 50.000 personas sin avisar no tenemos capacidad de reacción».
Esta ley nos genera indefensión, ahora los agentes somos un blanco fácil
¿Las consecuencias? «No se podrá circular o se colapsará el transporte público. Un caos. Sin duda es un cambio estructural en la seguridad pública». Además, también se sumerge sin restricciones en el hecho de que les recorten su material de trabajo, concretamente las pelotas de goma. «Dejar de usarlas en manifestaciones violentas con la cantidad de agentes que somos y sin medios de disuasión hará imposible que contengamos a tanta gente. Será el triunfo de la anarquía». «Aquí -argumenta con vehemencia- no hay súper hombres, sino profesionales organizados que hacen su trabajo y a los que se lo van a poner muy difícil». Y lanza una reflexión que refleja el sentir del colectivo: «Esta reforma se ha planteado desde una visión idílica. En realidad, no beneficia a nadie, únicamente supone la pérdida de la paz pública. Es el temor del panadero, del propietario de la tienda de lujo, del ciudadano que tiene su moto aparcada en la calle y al día siguiente la puede encontrar quemada y no puede ir a trabajar…».
El escenario que se prevé preocupa -y afecta- especialmente a Marcos Veiras, secretario regional de Jupol en Cataluña y agente del Cuerpo Nacional de Policía en activo en la Brigada de Extranjería y Fronteras. La reforma, considera, amenaza con acentuar las convulsiones que se viven en el territorio catalán.
Vivía junto a su familia en una céntrica calle de Barcelona y, tras el 1-O, tuvo que mudarse porque varias personas le identificaron en un bar. Quemaron su moto. «A los vecinos no les decimos que somos policías, ni tendemos los uniformes en el exterior. Si quieres llevar una vida más social, tienes que mentir». Veiras conecta su reflexión a que ahora no vaya a ser delito identificar y subir fotografías de agentes a las redes sociales. «Aquí en Cataluña eso hará que no estemos tranquilos», insiste. «Tememos que elementos ligados al radicalismo nos identifiquen. Un compañero tuvo que cambiar a su hija de colegio porque la dejaban sin recreo y otros tres han tenido que dejar el Cuerpo».
Es una reforma que favorece a bárbaros, violentos y antisistemas
No olvida la especial realidad de la autonomía en la que trabaja con, recuerda, una presencia muy activa de los Comités de Defensa de la República (CDR), que han protagonizado la movilización social en la crisis política catalana tras el 1-O. «La reforma permite que haya manifestaciones violentas y que se desarrollen con total impunidad. No vamos a poder anticiparnos y eso es extremadamente peligroso porque los movimientos radicales están cada vez más organizados». El policía también reprende con dureza que no les hayan pedido opinión. «No se entiende. Definitivamente, no se han parado a valorar la situación violenta de la que nosotros somos conscientes».
También en Cataluña trabaja Milagros Cívico, secretaria regional de Jucil, quien alerta de cómo el cambio en la normativa puede contribuir a acentuar un ambiente ya de por sí muy crispado. «Nos dejan totalmente abandonados y más aquí, con la problemática tan grande que tenemos con los CDR. Si antes los actos violentos se sucedían con demasiada frecuencia, ahora lo harán con completa libertad», avisa. En este sentido, dibuja una realidad que, según su percepción, es habitual. «En Barcelona, una reivindicación lícita y aprobada muchas veces acaba en violencia con la quema de contenedores. Esta reforma hará más grande el problema».
La reforma mata la ley de prevención de las distintas policías
«Indiscutiblemente -continúa- se va a dar carta blanca a la delincuencia. Vamos a estar muy atados de pies y manos. Es un abandono a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de la Administración». «Esta ley -enfatiza- son pasos hacia atrás de lo legal y pasos gigantescos hacia lo ilegal». Cívico rescata, asimismo, el «rechazo continuo» que suscitan en Cataluña los agentes del Instituto Armado y de la Policía Nacional, y se muestra muy preocupada por que ahora no sea delito que las imágenes de estos efectivos puedan compartirse en internet. «Que nos graben y pongan esas imágenes nos deja en peligro a nosotros como agentes y a nuestras familias, y más con la tensión que se vive en esta autonomía. Es un retroceso». «Aquí -añade- te pueden señalar por ser guardia civil y eso hace que no te sientas bien». La agente presta servicio en la patrulla fiscal, con lo que el asunto de que únicamente vayan a tener dos horas -en la actualidad son seis- para identificar a una persona y devolverla al mismo punto en el que se la interceptó le afecta de primera mano.
«Esas gestiones en dos horas no son posibles. Si, por ejemplo, entramos en un establecimiento público y la persona a identificar es extranjera, hay que hacer muchas comprobaciones. Si a eso le unimos que hay que devolverla al cabo de las dos horas al mismo sitio y que para realizar las gestiones en la mayoría de los casos hay que desplazarse a una comisaría, todo es misión imposible», precisa. «Sin duda -resalta- la reforma de la ley favorece la delincuencia y, sobre todo en Cataluña, favorece la violencia. Los antisistema camparán a sus anchas».
El más perjudicado, el rehén de todo esto, es el ciudadano
Juan Carlos Sáenz, agente y secretario de Organización del Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SIPE), también es muy crítico con la reforma. «Claramente, deja desprotegidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proteger más al delincuente y pone en entredicho el valor jurídico que nos daba hasta ahora la ley». En su queja, el lugar predominante es el reproche a la Administración por haberles dado la espalda cuando el proceso estaba en las bambalinas. «No pueden modificar una normativa de esta envergadura sin contar con nosotros. No tiene ningún sentido». «Hay un problema básico que no entienden las fuerzas jurídicas: hay que hacer una ley propia del siglo XXI. Tampoco hay que olvidar que somos garantes tanto de los derechos como de las obligaciones de los ciudadanos».
Supone un cambio radical en la estructura de la seguridad pública
Txema Cid, policía nacional y representante de Jupol en el País Vasco, se pronuncia en los mismos términos que su compañero. «La reforma nos genera indefensión porque ahora somos un blanco fácil y vamos a tener que justificar nuestras funciones. Nos convierte en agentes vulnerables». «Sin duda -añade- es un efecto llamada para ciertos colectivos y a que nos planten cara. Trabajar en la calle con esa nueva ley va a ser un auténtico infierno».
Pablo Pérez conoce con precisión los márgenes de la seguridad ciudadana y sus diferentes aristas. Hasta ahora, nunca había tenido que verse cuestionado como agente de la autoridad. Para el portavoz del sindicato Jupol la modificación de la normativa donde, apunta, la palabra de un policía no tiene presunción de veracidad en un atestado, es algo, subraya, «gravísimo». A su juicio, este extremo traspasa muchas fronteras. «Implica que se nos coloca al mismo nivel que a un delincuente». Y pone un ejemplo gráfico: «Es como si la palabra de un conductor valiera lo mismo que la de un policía cuando el conductor se ha saltado un semáforo en rojo y no hay una cámara». «Pone en duda nuestra profesionalidad y eso sienta un precedente muy peligroso».
El tifón policial constante por la reforma de esta ley, calificada peyorativamente Ley Mordaza, tendrá su clímax con la manifestación del sábado con la que los sindicatos quieren hacer historia.
