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Vivienda gratis y mejoras retributivas y laborales son algunos de los incentivos que gobiernos regionales y municipales han puesto en marcha en más de la mitad de las autonomías para atraer a los funcionarios y empleados públicos que precisan para poder prestar servicios públicos como la sanidad, la educación o la seguridad en todo el territorio y durante todo el año.

Hace unos días, el alcalde de Sanxenxo (Pontevedra), Telmo Martín, explicaba que son “conscientes de los problemas que existen por la falta de médicos de familia” en la temporada estival y confiaba en que un proyecto piloto impulsado por el Servicio Gallego de Salud (Sergas) en colaboración con el Ayuntamiento para ofrecerles vivienda permitiera fomentar su contratación durante este periodo de “sobreesfuerzo asistencial”. Eran solo cuatro viviendas y un coste total para su alquiler de unos 32.000 euros, pero a Sansenxo le serviría para atraer a médicos en una época en que la población del municipio se multiplica hasta por cinco. Si el sistema funciona podría ser extendido a otros lugares con idéntica necesidad coyuntural a lo largo de la geografía gallega, según el gerente del Sergas, José Flores.

La decisión de poner vivienda gratuita para incentivar la contratación de médicos no le pareció, sin embargo, buena idea a la Asociación Gallega para la Defensa de la Salud Pública (AGDSP), que la tildó de “mezquina maniobra de marketing” que “atenta contra la dignidad profesional del personal sanitario”.

En otras zonas de España, el problema no son las épocas de gran afluencia de población foránea sino la falta de población en general, la existencia de áreas que, por distintas circunstancias, resultan poco atractivas para los profesionales o la carestía de la vida, que hace más interesante dirigirse a otras regiones.

Andalucía aprobó en esta legislatura un decreto ley para incentivar la contratación de profesionales sanitarios en los puestos de difícil cobertura, ya que casi un centenar de sus comarcas tienen problemas para cubrirlos por procedimientos ordinarios, especialmente en centros de salud y consultorios de zonas rurales alejadas. En el caso andaluz, los incentivos incluyen mejoras retributivas asociadas al complemento de carrera profesional, así como una baremación con mayor puntuación por el tiempo trabajado en zonas de difícil cobertura con efectos en las bolsas y en las ofertas de empleo público.

Las Cortes de Aragón están tramitando el proyecto de ley de dinamización del medio rural, que establece que en materia de empleo público se podrán adoptar medidas específicas para propiciar en las zonas rurales la estabilidad del empleo público, preferentemente en los ámbitos agroambiental, educativo, sanitario y de servicios sociales. En general, el proyecto habla de medidas de discriminación positiva o incentivos administrativos -sin especificar- para el personal público que resida en zonas rurales o puesto de difícil cobertura. Por ejemplo, en el ámbito educativo los interinos que están en puestos de difícil cobertura o en localidades muy alejadas pueden mantener el puesto hasta tres años sin someterse cada año al proceso de adjudicación.

En Baleares, los elevados precios de la vivienda y la carestía de la gran mayoría de productos y servicios por la insularidad son un hándicap para la cobertura de los puestos que ofrecen las administraciones, en particular la estatal, lo que genera un elevado número de vacantes en ámbitos como las fuerzas de seguridad del Estado. También hay deficiencias en servicios públicos esenciales, como las prestaciones sanitarias, con plazas relevantes sin cubrir en Ibiza y Menorca que obligan al desplazamiento regular de especialistas desde Mallorca.

Por ello, el Govern y los principales sindicatos se han unido para reclamar al Gobierno central un mayor complemento salarial de insularidad con el fin de atraer a empleados públicos y tratar de fidelizar a los que llegan desde otras regiones. En Ibiza, con alojamiento escaso y caro, el Ayuntamiento destina 12 viviendas rehabilitadas en el centro para agentes de Policía Nacional que se desplazan en verano a la isla y el Servicio de Salud autonómico pone a disposición de trabajadores sanitarios de refuerzo una residencia temporal con 26 habitaciones en el antiguo hospital de Can Misses.

Cantabria aprobó en diciembre de 2020 una orden de clasificación de puestos de “especial dificultad” con el objetivo de fijar al profesorado de los centros educativos en zonas rurales con riesgo de despoblación, dándoles más puntos por el tiempo de permanencia en esos destinos de cara a los concursos de traslado, la carrera profesional, créditos de formación…

En Castilla y León, con varios puntos en el epicentro de la llamada ‘España vaciada’, existen incentivos salariales para puestos considerados de “difícil cobertura” en Sanidad, especialmente plazas de atención primaria rural y en hospitales de menor tamaño, que son los menos demandados por los profesionales y donde los ciudadanos más sufren los problemas de atención sanitaria.

La Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana está tramitando, como complemento al nuevo marco estratégico de atención primaria, un decreto para ocupar plazas de difícil cobertura, tanto de facultativos como de otros profesionales, por ejemplo en centros de salud de zonas de interior, a través de una serie de beneficios. Así, quienes acepten esos puestos tendrán incentivos como la reducción del tiempo de permanencia en cada grado para la progresión en la carrera profesional; más puntuación en los procesos de selección y para alcanzar objetivos en la productividad variable, y prioridad para participar en actividades formativas y de investigación.

El actual Gobierno de la Comunidad de Madrid ha intentado poner en marcha un plan para dar ventajas a policías nacionales y guardias civiles al acceder a una vivienda y “fidelizar su presencia” en la región para acabar con “el déficit crónico” de fuerzas de seguridad, pero, según ha criticado el Ejecutivo autonómico, el Ministerio de Interior “no encuentra el instrumento jurídico adecuado” para hacerlo oficial.

Castilla-La Mancha aprobó en 2021 una ley contra la despoblación que recoge, entre otras medidas, bonificaciones del 25% en el IRPF a las personas que viven en zonas escasamente pobladas, incluidos los funcionarios; y en Murcia, el Servicio público de Salud ofrece contratos de un año a los médicos residentes que terminan su formación, con lo que todos pueden permanecer contratados en la Región si lo desean.

En el País Vasco, las ayudas van destinadas a atraer personal investigador, tanto de otros puntos de España como del extranjero, y se dedican a formalizar contratos de cinco años o indefinidos para que estos profesionales puedan desarrollar su trabajo en universidades y centros de I+D de Euskadi.