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Esta semana han trascendido más de un centenar de fallecimientos en residencias. Las patronales reconocen que necesitan ayuda, equipos de protección. Los sindicatos se quejan de falta de medios de protección, de que el personal se contagia y hay centros en los que escasean las manos.

Ante esta situación, el departamento que dirige Pablo Iglesias, la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha acordado con las comunidades autónomas la flexibilización en las exigencias para contratar trabajadores: podrán hacerlo cuando se acredite que no hay demandantes de empleo con las titulaciones requeridas, tanto para residencias como para ayuda a domicilio o un centro social, y además, podrán realizar estas tareas quienes tengan experiencia en cuidados, aunque no tengan titulación, y se sometan a una formación práctica de las entidades o empresas que suministren el servicio.

Esta medida de carácter excepcional tendrá un plazo de tres meses a partir de este sábado y se puede prorrogar. La iniciativa sigue la senda de la tomada por Sanidad, que ante el colapso del sistema por la epidemia causada por el coronavirus, anunció el jueves que incorporará a 50.000 profesionales, incluyendo a residentes MIR, médicos y enfermeras sin plaza y retirados.

Además, el viernes se acordó que los profesionales sean considerados de servicio esencial, es decir, que se ponen al nivel de los médicos. Y se repartieron los 300 millones de euros anunciados por el Gobierno el martes y que las comunidades podrán utilizar para reforzar los servicios sociales: en residencias y ayuda a domicilio, incluyendo el refuerzo del personal, y las partidas destinadas a las rentas mínimas de inserción, la ayuda que se presta a quienes carecen de otros recursos.

En el reparto se atendió a la población y a criterios como la insularidad. Andalucía es la comunidad que más dinero recibirá, 51 millones de euros, y las que menos, Ceuta y Melilla, con 1,5 millones. También se distribuyeron 25 millones de euros que se utilizarán en comedores escolares, para los niños en situación más vulnerable.

Mientras, la angustia de los familiares crece. También la de los trabajadores, tanto de residencias como de ayuda a domicilio. El viernes, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, reconoció que no saben cuándo podrán repartirse los equipos de protección individual entre los trabajadores: batas desechables, mascarillas y guantes que ayuden a que estos no se contagien. “Estamos preocupados por este tema, al que más atención hemos dedicado [en la reunión con las autonomías]. Se pondrán a disposición de los servicios sociales tan pronto como lleguen a las comunidades”, dijo en la rueda de prensa.

La Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia ha reclamado este sábado en un comunicado más medios. “Una sociedad como la nuestra no puede consentir que los trabajadores no dispongan del material necesario para el desarrollo de su labor, que los guantes utilizados sean los del Mercadona, o que para atender a 70 ancianos solo haya dos auxiliares”, ha afirmado en un comunicado, en el que insta también a reforzar las plantillas, no solo en residencias, también en ayuda a domicilio y en servicios sociales.

“Las residencias son el hogar de población de riesgo. Y entraban tanto familiares como el personal, que lógicamente sigue acudiendo al trabajo. Es un cóctel explosivo, una situación de riesgo tremenda”, explica Gustavo García, coordinador de estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, experta en el sector. “Incluso en centros que aplicaron las medidas a tiempo se están dando casos. Ahora lo fundamental es actuar en donde aún no tienen problemas: hay que habilitar zonas de aislamiento y se necesitan equipos de protección individual. Y también es fundamental que la atención domiciliara por parte de los equipos de salud sea efectiva, que se provea de medios, como respiradores. De lo contrario, se estará abandonando a los mayores, dejándolos a su suerte”.