Las CCAA denuncian la falta de agilidad ante otra ola de la pandemia
En mayo de 2020, en plena primera ola del coronavirus y en pleno estado de alarma, la por entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se comprometió con Ciudadanos a aprobar una ley con herramientas jurídicas para que las comunidades autónomas pudieran actuar con agilidad en la pandemia, sin tener que validar en los tribunales cada restricción y sin necesidad de recurrir al estado de alarma. Un año y medio después, no hay ni rastro de esa normativa, a pesar de que el Gobierno también se la prometió al PP en los Pactos de Reconstrucción que se cerraron en julio de 2020 en el Congreso.
Desde entonces, las cinco autonomías que gobierna el PP (Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y Castilla y León) reclaman ese «paraguas jurídico». Pero no sólo ellas: algunas de las más destacadas comunidades que capitanea el PSOE piden ahora también una ley de pandemias para atajar una posible sexta ola y, sobre todo, para estar preparadas para el futuro.
Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura se abren a esta norma nacional para dotar a las regiones de herramientas. En Cataluña, el pasaporte Covid ya está vigente para el ocio nocturno y podría extenderse a otros sectores económicos si la situación epidemiológica empeora. La norma ya está aprobada para los bares de copas y las discotecas de Baleares. Y Comunidad Valenciana, Canarias y Navarra quieren implantar la medida para conjurar la sexta ola.
La mayoría de los gobiernos regionales reclama un consenso nacional que evite que sigan al albur de los tribunales. Incluso el País Vasco se ha sumado a la petición de que se exija el certificado digital de vacunación para acceder a la hostelería y al ocio nocturno. ¿Por qué?: más del 60% de los ingresados en los hospitales por coronavirus son personas no vacunadas. Y eso que este colectivo representa sólo el 10% de la población diana.
CASTILLA-LA MANCHA. Es muy clara a la hora de pedir una ley de pandemias. «Cuanto más nacional sea la cosa, mejor: necesitamos un paraguas jurídico, pero sin sobreactuar. Y, sobre todo, necesitamos que se haga un análisis conjunto objetivable». «Cada comunidad debe, a través del Consejo Interterritorial, ayudar a tomar una posición conjunta», añaden en el equipo de Emiliano García-Page.
EXTREMADURA. La Junta tiene miedo de que haya una sexta ola: «El temor siempre existe». ¿Y los no vacunados deberían tener restricciones adicionales al resto? «No hay paraguas legal para hacer eso», lamentan fuentes del Gobierno regional. Hay que recordar que Guillermo Fernández Vara ya dijo que «probablemente» haya que «ajustar algunos elementos» referentes a las capacidades legales de las autonomías. Un plan B legal.
ARAGÓN. El equipo de Javier Lambán cree que «habrá pequeñas oleadas, con subidas y bajadas constantes, durante los próximos meses». Por ahora, y aunque «se está vigilante», la comunidad no plantea medidas restrictivas y apuesta por «seguir incrementando la tasa de vacunación entre la población». No obstante, el Gobierno aragonés siempre ha sostenido que si la evolución de la pandemia es mala «plantearían» el marco de nuevas medidas legales supraautonómicas. Lambán ha pedido a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que implante el pasaporte Covid a nivel nacional para evitar el galimatías de otras olas.
ASTURIAS. Aboga por «poner en marcha todas las medidas necesarias». «Esperemos que no haya que tomar medidas que sean dar pasos atrás, esperemos que todo funcione, pero tenemos que estar bien protegidos» para poder «celebrar las Navidades con nuestros familiares y allegados como nos merecemos», asegura el consejero de Salud, Pablo Fernández. «El riesgo existe. Tenemos que estar vigilando un aumento de incidencia», dice.
MADRID. Reclama un plan B jurídico para que las autonomías puedan adaptar sus restricciones. «El Gobierno central ha llegado tarde y mal a todo, y no ha sabido enviar los mensajes adecuados a la población en cada momento. Ha estado pendiente de hacer política en lugar de decidir y comunicar medidas atendiendo a criterios sanitarios», lamentan en el Gobierno regional. En el equipo de Isabel Díaz Ayuso piden que se desarrolle «una ley nacional para este tipo de situaciones».
GALICIA. «La situación es de riesgo medio», apuntan en la Xunta. «Estamos vigilando la evolución de la pandemia, ya que el incremento de contagios no ha parado de crecer en los últimos días. Dada la evolución al alza, los expertos ya nos empiezan advertir de que podemos estar ante una nueva ola», alertan. «El Gobierno debe estar alerta y tomar medidas en consonancia con las comunidades autónomas. En todo caso, echamos de menos una ley de pandemias», critican fuentes del Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo.
CASTILLA Y LEÓN. Alfonso Fernández Mañueco apuesta por «más medidas jurídicas» autonómicas y, por supuesto, una norma de pandemias nacional. Aun así, «no creemos que vaya a ser una ola de las dimensiones de las anteriores, gracias al muy alto índice de vacunación (91% de la población diana en nuestra comunidad)», aseguran fuentes de la Junta. «El Consejo Interterritorial de Salud debería debatir estas cuestiones» de coordinación nacional, reclaman.
MURCIA. Para el Gobierno regional «la sexta ola es inevitable». «Es inevitable el repunte, por el porcentaje de personas sin vacunar», y «habrá que coordinar más medidas», apuntan en el entorno de Fernando López Miras. Murcia ha solicitado que se materialice el fondo Covid, que la oposición ha aprobado en el Congreso, para poder afrontar la sexta ola, después de que la Airef haya afirmado que las comunidades tendrán que mantener el 40% de los gastos de la pandemia este año. Esta petición la secundan todas las CCAA del PP y varias del PSOE, como Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana.
ANDALUCÍA. «Ya está tardando el Gobierno en poner en marcha el fondo Covid si quiere anticiparse a la sexta ola», alertan en la Junta de Andalucía. «El Gobierno lo que tiene que hacer es coordinar, liderar una respuesta global de las comunidades autónomas. Tiene que tener previsto un plan para esta sexta ola, con nuevas medidas, pero coordinadas para que no haya agravios en función de cada territorio», apuntan en el equipo de Juanma Moreno.
