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Uno de cada cuatro asalariados del sector privado modificará sus condiciones por la legislación impulsada por la ministra de Trabajo. La duda es cómo afectará al empleo obligar a las empresas a contratar millones de indefinidos.

Pactar la «contrarreforma laboral» que debía enterrar la reforma de Rajoy de 2012 es sólo el primer paso. Digo debía porque la realidad es que no lo ha hecho, dejando fuera la piedra angular que copó los titulares de todos los medios de comunicación hace ahora casi diez años: «La reforma abarata el despido», decían, y esa pata no se toca.

El segundo paso es aprobarla en el Parlamento, algo que ya ha levantado las primeras ampollas entre el Ministerio de Trabajo, en manos de Podemos con Yolanda Díaz al frente, y los empresarios, muchos ya de por sí muy descontentos con el actual texto. De hecho, se han abierto fisuras entre los de Madrid y Cataluña con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por plegarse a buena parte de las exigencias de Díaz aunque ahora amenace con hacer descarrilar el acuerdo si se modifica a petición de ERC y el PNV. “No se puede tocar ni una coma”, asevera.

La “herencia” de Rajoy

Y el tercer paso, y sin duda el más importante, es que la reforma, la contrarreforma o como se quiera llamar, funcione. Que cree empleo, en román paladino. Un objetivo primordial del que sí puede presumir, con los datos en la mano, la reforma laboral de 2012. Desde su entrada en vigor el número de ocupados ha aumentado en unos 2,5 millones de personas, unos 3 millones si se toma como punto de partida el peor momento de la crisis financiera.

Para comprobar el buen funcionamiento de esta última reforma es necesario, obviamente, cierto margen de tiempo, igual que sucedió con la de 2012. En cualquier caso, en esta ocasión el objetivo, más allá del evidente de seguir creando empleo, pasa por atajar definitivamente la elevada temporalidad característica de nuestro mercado laboral. Una característica inherente al modelo español por su fuerte dependencia del sector turístico, muy estacional.

Con carácter general, todos los contratos serán indefinidos, admitiéndose sólo unos pocos supuestos de contratos temporales. En contraposición, se impulsarán los contratos fijos discontinuos, que ahora mismo son residuales. En la práctica, esta «caza» al contrato temporal pone en la diana a 3,3 millones de asalariados temporales del sector privado, ya que buena parte de sus relaciones laborales deberán cambiar en los próximos meses. Una circunstancia que puede ser difícil de digerir para muchas empresas, muy tocadas además por la crisis económica que ha originado la pandemia, y que podría provocar algo peor que la precariedad de un contrato temporal, como es directamente su extinción. Algo que el país con más paro de Europa no se puede permitir bajo ninguna circunstancia.

Flexibilidad

«Los objetivos de reducción de la contratación temporal se cumplirán sin duda. Es tan estrecho el cauce para contratar temporalmente y tan grave la persecución por fraude y las sanciones, que si con esta norma no se reduce la temporalidad no es que tengamos un problema de cumplimiento, sino un problema social relevante: una negativa taxativa a renunciar a la temporalidad de nuestro mercado de trabajo», afirma Javier Hervás, socio responsable de Laboral de KPMG Abogados.

“Si sigue siendo de interés de todos no quebrar los principios necesarios de flexibilidad laboral que permitan a las empresas ajustar sus condiciones a sus necesidades productivas, y desde aquí, mantener la productividad de las propias compañías, los agentes sociales tienen que buscar y continuar profundizando en la negociación colectiva para hacer real la prevalencia de la negociación colectiva sectorial y no menoscabar la productividad empresarial. Y que las relaciones laborales colectivas no se tornen litigiosas”.