La nueva subida de carburantes que se plantea
El sector del transporte por carretera teme encontrarse no ha mucho tardar con un incremento del coste de los carburantes que sumar a la retahíla del problemas que arrastra y a los peajes para las vías de gran capacidad que prepara el Gobierno. Según deslizó recientemente en un encuentro con inspectores de Hacienda la subdirectora general de Impuestos Especiales y Tributos sobre el Comercio Exterior y el Medio Ambiente, María Isabel López Rodríguez, el Gobierno está valorando eliminar el gasóleo profesional para el transporte por carretera. Sobre la mesa está también la equiparación que quiere acometer el Gobierno desde hace tiempo de la fiscalidad del diésel y la gasolina. Dos actuaciones que, de materializarse, supondrían un encarecimiento medio de 15 céntimos por litro en el precio del combustible que usa el sector.
El gasóleo profesional es una pequeña bonificación fiscal que se calcula por la diferencia respecto del impuesto de hidrocarburos que se aplica al gasóleo de uso particular, y que actualmente es de 4,9 céntimos por litro. De este gasóleo se benefician los camiones de más de 75 toneladas de carga máxima, autobuses y taxis en los consumos que realicen a través de tarjetas de carburante. A estos casi 5 céntimos que perdería el sector del gasóleo profesional se sumarían los 10 céntimos extra de gasto en carburantes que le supondrían la equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina. No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado por ahora en «stand by» esta medida por la difícil situación económica actual. Aunque, cuando las circunstancias lo permitan, el Gobierno ya ha mostrado su voluntad de acometer la equiparación.
La eliminación del diésel profesional es una amenaza contra la que el sector del transporte lleva tiempo lidiando. Emana, dicen, de la intención de Bruselas de penalizar los combustibles fósiles y están presionando en la capital comunitaria para evitarlo. De hecho, en el Plan de Recuperación y Resilencia que remitió el Gobierno a la Comisión Europea en abril se incluía tal supresión al afirmar que «con el objetivo de moderar las emisiones de gases de efecto invernadero y, por ende, cumplir los compromisos europeos en materia medioambiental, se considera precisa la revisión de las bonificaciones existentes en la actualidad en algunos carburantes empleados en automoción».
El hecho de que el Ministerio de Hacienda haya vuelto a poner sobre la palestra estos cambios fiscales ha enervado de forma importante al sector del transporte por carretera, que ha convocado paros entre los días 20 y 22 de diciembre para denunciar los problemas a que se enfrenta. Entre ellos, el encarecimiento de los precios del combustible, que ha subido un 35% en el último año.
Rechazo frontal
Una de las principales patronales de los transportistas, Fenadismer, ya ha advertido de que «no admitirá que el Gobierno elimine la figura del gasóleo profesional para el transporte por carretera», una medida que el año pasado no entraba en los planes del Ejecutivo. De hecho, en julio del año pasado, y para evitar otra convocatoria de huelga, el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, se comprometió con el sector a estudiar el coste que tendría para la administración la devolución del gasóleo profesional de forma mensual y no trimestral como se hace ahora. Fenadismer exige que se defienda en Bruselas su continuidad, ya que cualquier revisión de las Directivas europeas en la materia requiere unanimidad de todos los Estados miembros.
A pesar de que uno de los ejes vertebrados de la política de transportes para los próximos años de la Comisión Europea es la descarbonización, el sector del transporte por carreta considera que, en su caso, a día de hoy y en los próximos años, es algo prácticamente irrealizable. La propia Comisión, en su nuevo Libro Blanco de Transporte, reconoce que aunque hay que buscar combustibles alternativos, este sector «seguirá dependiendo del petróleo en el 77% de sus necesidades energéticas de aquí a 2050».
