Gobierno y agentes sociales pactan prorrogar los ERTES
El Gobierno, la patronal y los sindicatos han cerrado un acuerdo para prorrogar los ERTES hasta el 30 de septiembre. Los empresarios han ratificado en junta directiva esta misma tarde el contenido del acuerdo y los sindicatos han hecho lo propio. El Ejecutivo ha salvado así, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, los escollos con los agentes sociales y este jueves el Consejo de Ministros extraordinario aprobará una nueva renovación que cubre toda la campaña de verano y da seguridad a los 600.000 trabajadores que actualmente están en un expediente de este tipo.
Finalmente el ministro José Luís Escrivá ha conseguido convencer a la patronal de incorporar incentivos para las empresas que reactiven a trabajadores en erte, a costa de mejorar ostensiblemente sus últimas ofertas. La cúpula de CEOE ha votado sí «por unanimidad la última propuesta remitida por el Gobierno sobre los ertes al entender que se adecúa a las necesidades de las empresas, especialmente para aquellas que peor situación y perspectivas para los próximos meses tienen», según trasladan fuentes de la patronal.
El quid de la negociación ha estado desde hace una semana en cuánto dinero los empresarios dejan de pagarle a la Seguridad Social por sus trabajadores en erte. Y para que acepten el sistema de incentivos que tanto rechazo les ha generado, Escrivá ha puesto encima de la mesa mayores exoneraciones sobre las cotizaciones sociales. Tanto para aquellas empresas que puedan sacar a trabajadores de su erte, como para los tengan que seguir en el mismo.
Pues el esquema que ha tenido el titular de Seguridad Social entre ceja y ceja y que ha defendido durante toda la negociación es que parte de las empresas necesitan un ‘empujoncito’ para sacar a sus plantillas de los ertes. El ministro considera que cuánto más tiempo permanezcan estas en suspensión más probabilidades tienen de no volver a salir y arrastrar la empresa a los despidos o al cierre por la falta de actividad. Es por ello que ha urdido dichos incentivos, que ya impuso en la prórroga de los ertes del pasado verano. Este razonamiento no ha gustado nunca a los agentes sociales, que consideran que las empresas no deciden si reactivan o no a sus trabajadores en función de las ayudas, sino de la demanda y que todos los recursos debían volcarse hacia los sectores más vulnerables.
¿Cómo quedan las exoneraciones?
Finalmente, según explican fuentes conocedoras de las conversaciones, las empresas de los sectores especialmente protegidos (CNAEs) que tengan menos de 50 empleados podrán dejar de pagar el 95% de las cotizaciones de los trabajadores que salgan del erte (de junio a septiembre) y el 85% para los que permanezcan en suspensión hasta agosto y el 70% en septiembre. Por otro lado, si la empresa tiene más de 50 trabajadores dejará de pagar el 85% de las cotizaciones (de junio a septiembre) de aquellos trabajadores que salgan del erte. Y para los que se quedan, dejará de pagar el 75% entre junio y agosto y en septiembre el 60%.
En el caso de los ertes por limitación, es decir, aquellos a los que recurre una empresa por tener parte de su actividad limitada (ejemplo: un bar con limitación de aforo), las exoneraciones no establecen distinciones y quedan de la siguiente manera: las empresas de menos de 50 empleados podrán descontarse el 85% durante junio y julio y el 75% durante agosto y septiembre. Mientras que las compañías de mayor tamaño, podrán descontarse el 75% durante junio y julio y el 65% durante agosto y septiembre.
Montaña rusa de negociaciones
Desde la fallida reunión del pasado lunes, que imposibilitó que la prórroga se aprobará en el Consejo de Ministros del martes, la semana ha sido de constante intercambio de papeles y telefonazos del más alto nivel. Finalmente el principio de acuerdo ha llegado y habrá ertes y consenso con el diálogo social hasta el 30 de septiembre.
El eje de actividad negociadora ha pivotado en estos últimos días entre Escrivá y los agentes sociales. La otra protagonista de la mesa, Yolanda Díaz, cerró con prontitud las cuestiones referentes a la protección social de los trabajadores. Estas quedan prorrogadas en prácticamente las mismas condiciones: prohibidos despidos durante los seis meses de finalizar el erte (bajo pena de devolver las ayudas), mantenimiento del 70% del importe de la prestación del SEPE, ‘contador a cero’ de la misma durante el 2021 y limitación a las horas extras o nuevas contrataciones; entre otros.
En mi opinión y fuera de «detalles» como las clausulas para no despedir después del ERTE, pienso que esta medida ha sido adecuada.
El punto ahora es que hacemos con la gente que sigue en ERTE, pertenecen a empresas que aun siguen a medio gas y es posible que muchas no sean viables (ERTE + moratoria para la obligación de declararte en concurso de acreedores).
En mi opinión en diciembre deberían acabar los ERTES, el estado no debe mantener empresas zombies, o al menos no mantener más de las que mantiene ya.