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El Gobierno ha incluido en el plan de reformas remitido a Bruselas dos medidas que afectarían a los conductores: la subida de los impuestos al diésel a partir del cuarto trimestre de 2022, y la posibilidad de introducir peajes en las autovías un año después, a finales de 2023 o principios de 2024.

Los detalles del documento se conocieron este miércoles, cinco días después de que el Ejecutivo remitiera a las autoridades comunitarias la hoja de ruta que seguirá en los próximos años, tanto en materia de inversiones como de reformas, a cambio de la llegada de los fondos europeos de reconstrucción.

Sobre el diésel, el texto subraya que actualmente disfruta de una fiscalidad ventajosa con respecto a la gasolina, a pesar de que no contamina menos. Por ello, considera necesario «internalizar» sus «costes ambientales» y revisar «las bonificaciones existentes en algunos carburantes».

El plan también precisa que esa «revisión de las bonificaciones», que equipararía de forma «progresiva» la fiscalidad del diésel a la de la gasolina, se producirá «en el cuarto trimestre de 2022». La posible subida del diésel ya se incluyó en el proyecto de presupuestos de 2021, aunque se retiró durante la tramitación.

En todo caso, el escrito que el Gobierno ha enviado a Bruselas subraya que las medidas en materia de impuestos, como la del diésel, deberán introducirse calibrando «adecuadamente el momento económico actual y esperando a medio y largo plazo», evitando que se «frene la recuperación económica».

Peajes en las autovías

La otra medida objeto de polémica es la posible introducción de peajes en las autovías. En este sentido, el plan de recuperación contempla «crear un pago por uso de la red viaria de carreteras» y argumenta que es necesario «analizar» esta posibilidad para lograr una «movilidad más sostenible».

El documento admite que esta medida podría contar con la «oposición» de «los agentes económicos afectados» y subraya la «necesidad de contar con los apoyos parlamentarios suficientes». Además, aplaza al cuarto trimestre de 2023 la «revisión» de la posible imposición de los peajes.

Fuentes gubernamentales insisten en que no hay ninguna propuesta definitiva sobre los peajes en las autovías, una medida que ya aplican 23 de los 27 países de la UE –15 de ellos cobran por el uso del 100% de su red de autovías–, y recalcan que se trata de «abrir un debate».

Además, añaden que no es una medida que vaya a adoptarse con la «actual coyuntura» y que, cuando llegue el momento, se buscará el «consenso» con la oposición en el Congreso y con los transportistas, que serían los profesionales más afectados por la medida.

La semana pasada, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pidió «tranquilidad» y recordó que su departamento sólo ha recalcado que «hay que financiar la conservación de la red vial», un gasto que no se cubre con la cantidad que cada año consignan los presupuestos generales para esta partida.

Ábalos agregó que en los últimos meses se eliminaron peajes en la AP-7 entre Alicante y Tarragona, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y la AP-! en Burgos, lo que incrementa el total de kilómetros cuyo mantenimiento asume el Estado. Este año se prevé suprimir, por ejemplo, el peaje en el tramo Zaragoza-Barcelona.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, se mostró por su parte favorable a los peajes este miércoles, con el argumento de que «el que lo usa, lo paga». En una comparecencia en el Senado, Navarro pidió «poner el cascabel al gato» porque la conservación de las carreteras no se puede pagar con cargo a los presupuestos.

Pensiones y reforma laboral

Sobre las restantes reformas pendientes, el plan no aporta grandes novedades a las líneas generales expuestas en reiteradas ocasiones por el presidente Sánchez y que este miércoles volvió a explicar la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

En materia de pensiones, el Gobierno se compromete a «garantizar» su «poder adquisitivo» y a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. dificultando las prejubilaciones e incentivando que se siga trabajando, de forma voluntaria, más allá de la edad legal de retiro.

En cuanto al mercado de trabajo, el Ejecutivo centrará sus esfuerzos en acabar con el «abuso de la temporalidad» y la «rotación excesiva», limitará la subcontratación, introducirá un mecanismo alternativo a los ERTE con el fin de evitar despidos y «modernizará» la negociación colectiva.

En palabras de la vicepresidenta Calviño, las reformas en materia laboral, que también simplificarán los modelos de contratación y revisarán las bonificaciones existentes, comenzarán a aprobarse en 2021 para que el «nuevo marco laboral» esté listo «a principios de 2022».