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El Gobierno ya se plantea una reactivación de la actividad y del empleo en dos tiempos, el segundo de los cuales se extendería hasta final de año y comprendería sectores tan importantes para la economía española como el turismo.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, expuso ayer que existirían dos fases para la recuperación laboral paulatina del país: una primera hasta verano, para el tejido productivo, y una segunda que se prolongaría hasta el término de 2020. Es decir, no se habla ya del verano como punto de inflexión para la vuelta a la normalidad de bares, restaurantes y hoteles, ya castigados por el coronavirus y el confinamiento, sino de casi un semestre más allá de la temporada alta. Desde el Ministerio de Trabajo, no obstante, apuntaban posteriormente a EL MUNDO que la decisión sobre la vuelta a la actividad corresponde en todo caso a Sanidad, no al departamento de Díaz.

Sectores como el turismo, así como los de la cultura y el ocio, afrontan «enormes dificultades» que postergarán su reanudación, por lo que ya se contemplan nuevas medidas que provean de «amortiguación social» a estas ramas. Aerolíneas, cruceros, restauración, hostelería o comercios se encuentran entre las áreas afectadas, según enumeró Díaz en una entrevista con TVE.

«El Ministerio de Trabajo y Economía Social está trabajando en dos fases para las medidas en los sectores más afectados: excepcionalidad atenuada, que durará hasta este verano, y normalidad atenuada, que se prolongará hasta final de año», comunicó a última hora este departamento.

LOS ERTE TRAS EL ESTADO DE ALARMA
En consecuencia, la ministra insta a que las empresas continúen sirviéndose de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para evitar los despidos en esos sectores para los que prevé una lenta recuperación: «Hemos de continuar con los ERTE de fuerza mayor, porque a día de hoy y hasta dentro de meses van a seguir sin actividad». Sin embargo, estos ERTE están enmarcados a la situación extraordinaria del estado de alarma. Tanto empresarios como representantes de los trabajadores han advertido al Ejecutivo de que necesitarían ciertas garantías si se recurre a una prolongación más allá del estado de alarma, a día de hoy decretado hasta el 26 de abril. En concreto, los empresarios buscan asegurarse que las cargas aliviadas por esta fórmula, como el pago de la cuotas de sus trabajadores a la Seguridad Social, no sean sorpresivamente reclamadas por el Ejecutivo más adelante.

Los ERTE logran evitar la destrucción de empleo, al consistir en una suspensión temporal -aun así en marzo se perdieron 833.979 puestos de trabajo-. De hecho, los modelos de ERTE, habilitados hace un mes, contemplan salvaguardas a prueba de ERE «durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación».

Con o sin ERTE, que la normalidad laboral se postergue hasta final de año tendrá un gran impacto en las cuentas, públicas o privadas. Díaz subrayó ayer que especialmente se deben «cuidar y proteger» tanto el sector turístico como sus actividades asociadas. Antes de la pandemia, el turismo abarcaba a cinco millones de asalariados, si se contabiliza la restauración, la hostelería y el comercio.

«HASTA QUE SEA EXTRAORDINARIAMENTE SEGURA»
Según Díaz, su homóloga de ese ramo ya busca soluciones complementarias. De hecho, Reyes Maroto manifestaba el jueves que la línea de financiación para el turismo, vigente tras la quiebra de Thomas Cook y ampliada en el estado de alarma hasta los 400 millones, «se ha agotado», muestra de que el sector «necesitaba esa liquidez». En la rueda de prensa de ayer, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ahondó en que «España no empezará con la actividad turística hasta que sea extraordinariamente segura», un planteamiento que también aleja del verano las expectativas.

El peso del sector turístico en España es especialmente importante, en torno al 12% del Producto Interior Bruto (PIB) y un 13% de la actividad laboral. Esta dependencia se considera un lastre de cara a la recuperación postcoronavirus, dado el repliegue global en los desplazamientos. De hecho, en las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) conocidas esta semana, las estimaciones eran especialmente negativas para países de ese mismo perfil, como por ejemplo Grecia o Croacia.