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El Gobierno aprobará, en la reunión que mantendrá este viernes el Consejo de Ministros, el ingreso mínimo vital, una prestación que el Ejecutivo se comprometió a que fuera aprobada antes de junio y en la que ha trabajado a contrarreloj durante el último mes y medio.

El Gobierno ha aprovechado este martes el decreto ley de teletrabajo para ‘colar’ nuevas pautas para la tramitación del ingreso mínimo vital (IMV), que desde su puesta en marcha en mayo ha recibido numerosas críticas por la lentitud con la que se reconoce esta prestación.

En términos generales ha eliminado requisitos y modificado el procedimiento para acelerar la tramitación y, en su caso, reconocimiento de la prestación. Y también para ampliar la población que pueda acceder a él. Por ejemplo, a partir de ahora se elimina la obligación de los estudiantes a tiempo completo, personas que cuidan a dependientes o con alguna discapacidad tengan que estar registradas como demandantes de empleo como requisito previo para solicitar la prestación.

Por otra parte, solo las personas «menores de 30 años» deberán demostrar que los tres años previos a la solicitud han vivido de modo independiente, en su caso de sus progenitores. El Gobierno pretendía evitar con este requisito que el ingreso mínimo se convirtiera en una «renta de emancipación» pero ahora se limita a los más jóvenes, al entender que este riesgo no existe en personas más mayores.

Otra de las modificaciones amplía el plazo en el que el IMV se cobrará de forma retroactiva. Hasta ahora, las prestaciones que se reconocieran hasta el 15 de septiembre se cobrarían desde el 1 de junio de 2020. Con el cambio, todas las solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre de 2020 que sean resueltas favorablemente tendrán efectos retroactivos desde el 1 de junio de este año.

Agilizar la tramitación

Los cambios aprobados este miércoles buscan aligerar la tramitación del IMV, que desde su puesta en marcha ha recibido críticas por el retraso y el reducido número de prestaciones reconocidas.

Para acelerar el proceso, de ahora en adelante se establece un primer filtro de las solicitudes, para comprobar en primer lugar el requisito de renta y patrimonio. Si no se cumple, se inadmitirá la solicitud, liberando recursos para resolver las solicitudes que sí lo cumplen, informa el Gobierno.

Por otra parte, se automatiza la verificación de los datos de empadronamiento cuando sea posible y se facilita el acceso a datos de los que ya disponen las comunidades autónomas. Según ha indicado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el Gobierno «facilitará» que quienes ya cobren una renta autonómica puedan percibir el IMV, en un intento de no prologar el proceso.