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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de una autorización de residencia y trabajo de dos años (prorrogable a otros dos) a todos aquellos jóvenes migrantes entre 18 y 21 años que se incorporen de manera extraordinaria a las labores agrícolas. La medida beneficiará a decenas de jóvenes extranjeros que, llegados a España cuando aún eran menores de edad, han conseguido –en la mayoría de los casos– su primer contrato de trabajo gracias al real decreto del 7 de abril con el que se buscaba reclutar mano de obra en el campo ante las restricciones fronterizas impuestas por la covid-19. “Es necesario arbitrar una vía que permita a estos jóvenes mantener su derecho al trabajo, tras la finalización de la vigencia del real decreto-ley del sector agrario”, reseña el texto.

El real decreto del 7 de abril, impulsado por el Ministerio de Agricultura, permitía contratar para labores agrícolas a desempleados que cobran prestaciones, concedía prórrogas a los temporeros extranjeros a los que les finalizase su contrato y, por último, otorgaba permisos de trabajo a todos aquellos jóvenes inmigrantes en situación regular que, a pesar de contar con autorizaciones de residencia, no podían trabajar. La medida ha permitido incorporar a las cosechas de toda España a decenas de chavales –que podrían ser centenares a falta de datos oficiales– pero, hasta hoy, no se había concretado si esos permisos de trabajo serían prorrogados ni por cuánto tiempo.

La concesión de una autorización de trabajo de dos años, sin limitaciones de sector ni territorio, supone un impulso para la incorporación completa de los jóvenes al mercado laboral, una reivindicación de decenas de ONG que trabajan por su inclusión desde que llegan a España siendo menores de edad. “Estos jóvenes están contribuyendo, con su trabajo, al sostenimiento de un sector esencial durante la crisis. Además, con base en este real decreto-ley, muchos de ellos están teniendo una primera oportunidad laboral que contribuye, de forma clave, a la inclusión de estos jóvenes”, señala el texto del decreto aprobado este martes.

No se sabe aún con concreción cuántos de estos chicos han sido contratados en las campañas agrícolas. El único dato oficial ofrecido por la Secretaría de Migraciones revela que 450 extranjeros han firmado un contrato gracias al real decreto, pero este número incluye también a temporeros a los que prorrogaron sus autorizaciones de trabajo para que continuaran en las cosechas.

Media decena de jóvenes contratados en campos de Huelva y Tarragona han contado cómo su primer empleo en el campo suponía un primer paso para trabajar de forma legal y más permanente. “Es una oportunidad, es la primera vez que puedo ganarme un sueldo que no es en negro”, explicaba Emeka, un joven nigeriano de 19 años que recoge frutos rojos en Almonte (Huelva). “Este no es mi sitio, pero es lo que toca. España me ha ayudado mucho y si mi trabajo contribuye a levantar el país, me hace sentir bien”, afirmaba Mouad Lmadani, un marroquí de 18 años que espera, tras su paso por un campo de viñedos en Tarragona, poder trabajar como cocinero o mediador. “Aplaudimos que los chicos que han empezado con su primera inserción laboral en el campo puedan después trabajar en otros sectores que se ajusten más a sus perfiles y expectativas”, celebra Ilene Glasser, la responsable de inserción laboral en Cataluña de la Fundación Diagrama.

La medida aprobada ayer flexibiliza el importante escollo burocrático que enfrentan estos jóvenes para poder trabajar. A pesar de pasar años tutelados por las comunidades autónomas solo una minoría consigue regularizar su situación cuando llega a la mayoría de edad. Aquellos que logran un permiso de residencia suele tener carácter no lucrativo y no les permite trabajar. Las exigencias de la legislación acaban provocando la paradoja de cerrar el mercado de trabajo a cientos de jóvenes que durante su estancia en los centros de menores han recibido formación para, precisamente, darles una oportunidad laboral.

Esta es la segunda iniciativa de la Secretaría de Estado de Migraciones para flexibilizar el acceso al mercado de trabajo de los jóvenes inmigrantes. A principios de marzo, el departamento dio instrucciones para que los menores de edad extranjeros contasen automáticamente no solo con la autorización de residencia que les corresponde por ley, sino también con una autorización de trabajo a partir de los 16 años. La medida buscaba que los menores extranjeros tutelados por las comunidades autónomas contasen con los mismos derechos que cualquier joven de su edad sin necesidad de enfrentar las exigencias y las trabas burocráticas que obstaculizaban la concesión de sus permisos de trabajo.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado que las medidas extraordinarias del real decreto, cuyo objetivo era facilitar la contratación de hasta 80.000 nuevos trabajadores, se amplíen del 30 de junio hasta el 30 de septiembre. La ampliación supone dar tres meses más de plazo para seguir contratando desempleados e inmigrantes como temporeros para asegurar “la suficiencia de mano de obra adecuada para atender las labores agrícolas estivales, como parte esencial de la cadena alimentaria”.