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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Una norma sobre «transparencia retributiva» por la que las empresas con más de 50 trabajadores deberán publicar las tablas salariales de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos, en un máximo de seis meses desde su inmediata publicación en el BOE, con el objetivo de corregir las desigualdades de género en el mundo laboral.

El registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo.

Se acaba así con «una aberración democrática y jurídica que excluye, diferencia y vulnera los derechos de las mujeres», ha celebrado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al anunciar la nueva norma la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La brecha retributiva entre hombres y mujeres en España, según los datos del Gobierno, asciende al 22% en España y esta norma tendrá la función de garantizar la transparencia y hacer «aflorar la desigualdad» que existe en España, en palabras de la ministra portavoz, María Jesús Montero. De hecho, según el Gobierno, muchas veces estas desigualdades «no son tan evidentes como parecen» y es complicado detectarlos.

Según ha añadido Díaz, es ante estos «momentos de enorme incertidumbre» cuando el Gobierno pretende «reparar una enorme desigualdad, porque de esta crisis no podemos salir las mujeres más devaluadas de lo que hemos entrado».

«Se acabó que en las empresas las mujeres no podamos ejercer los derechos de ciudadanía»

«Se acabó que en las empresas las mujeres no podamos ejercer los derechos de ciudadanía», ha explicado la ministra Díaz, para quien esta norma servirá como herramienta para que los trabajadores puedan denunciar y las mujeres defiendan sus derechos. En el caso de las empresas infractoras en la Inspección de Trabajo, se estaría hablando de una infracción muy grave que podría acarrear la imposición de multas de hasta 187.000 euros.

El acuerdo alcanzado con los sindicatos establece la obligación de tener un registro de las tablas salariales para advertir si existen diferencias de género según el puesto de trabajo que desarrolle cada trabajador. Este registro deberá contener información retributiva desglosada y promediada tanto por clasificación profesional como por trabajos considerados de igual valor. Los trabajadores a tiempo parcial tendrán los mismos derechos, incluidos los retributivos, que las personas trabajadoras a tiempo completo.

El Consejo de Ministros ha aprobado también otro decreto por el que se regulan los planes de igualdad y su registro. En este caso, el objetivo pasa por garantizar «el principio de igualdad de trato y prohibición de discriminación entre mujeres y hombres mediante la adopción de medidas que supriman los obstáculos para una igualdad efectiva en las empresas».

En caso de infrarrepresentación de personas de un sexo determinado en determinados puestos o niveles jerárquicos, los planes de igualdad deberán incluir «medidas para corregirla, pudiendo establecer medidas de acción positiva con el fin de eliminar la segregación ocupacional de las mujeres tanto horizontal como vertical». Para ello se analizará la participación de mujeres y hombres en los distintos niveles jerárquicos, grupos y subgrupos profesionales y su evolución en los cuatro años anteriores a la elaboración del diagnóstico. Asimismo se analizará la distribución de la plantilla en la empresa, midiendo el grado de masculinización o feminización que caracteriza a cada departamento o área.

Los planes de igualdad de empleo en las empresas estarán vigentes según pacten las partes y por un máximo de cuatro años, pero una vez aprobados seguirán activos aunque la empresa reduzca su plantilla por debajo de los 50 trabajadores.

Medidas contra el fraude fiscal

María Jesús Montero ha anunciado en la rueda de prensa que el Gobierno también ha aprobado el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal con el que transpone la última directiva europea y, además, aumenta el control sobre los contribuyentes nacionales para evitar la elusión y el fraude fiscal.

Antes de final de año, el departamento que dirige Irene Montero desarrollará asimismo una ley orgánica para la reforma de la Ley del aborto y la igualdad de las personas LGTBI. Una medida con la que el Ejecutivo pretende frenar la discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

Se establecerán y regularán los principios, medidas y medios destinados a «garantizar plenamente el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, así como de sus descendientes, mediante la prevención, corrección y eliminación de toda discriminación por razones de orientación sexual, expresión e identidad de género y características sexuales, en los sectores público y privado, en cualquier etapa de la vida y en cualquier ámbito, en particular en las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica o cultural».